Por segunda vez en una semana, los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Maldonado salieron al cruce de los dichos de un edil. Días atrás, el legislativo emitió una declaración por las declaraciones del nacionalista y exmilitar Garpar Barrabino, quien desde el plenario defendió las violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar; esta semana, las bancadas reaccionaron a las consideraciones del edil Andrés Rodríguez, también del Partido Nacional (PN), sobre el plan de educación sexual integral (ESI) que se implementará en la franja de 3 a 5 años de edad en 2026.
Las tres bancadas expresaron, mediante un comunicado institucional, su “preocupación” por las manifestaciones de Rodríguez (a quien no mencionaron) porque “pueden afectar la dignidad, los derechos fundamentales y la convivencia democrática en nuestra sociedad”.
“El Uruguay ha construido, a lo largo de décadas, un camino basado en el respeto, la igualdad ante la ley y la protección de todas las personas sin distinción alguna”, como resultado del trabajo de instituciones y organizaciones sociales, remarca el documento. Sobre esa base, afirma que “la protección de la diversidad, la no discriminación y la defensa de los derechos humanos son principios que comprometen a todas las fuerzas políticas y al Estado en su conjunto”.
Más adelante, el texto recuerda que la ESI es un derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes reconocido en múltiples normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por Uruguay. “Constituye un componente esencial para el desarrollo integral, el bienestar físico, emocional y social, así como un factor protector frente a situaciones de vulneración”, agrega.
Por último, las bancadas consideran que la ESI es “un derecho consagrado” en el sistema educativo uruguayo y que su implementación “debe realizarse con rigor técnico, enfoque pedagógico adecuado a cada etapa evolutiva y pleno respeto a las familias y a la comunidad educativa”.
Reivindicación de la ESI y rechazo a los discursos de violencia
Señalado esto, la junta emitió una declaración que consta de cinco puntos. En primer lugar, ratifica “el compromiso con la convivencia pacífica, el diálogo democrático y el respeto a la dignidad de todas las personas”. Luego rechaza “cualquier forma de violencia, discriminación o discurso que vulnere la identidad, orientación, creencias o procedencia de cada persona”.
El tercer punto reafirma las políticas públicas orientadas a “la igualdad, la inclusión y la protección de poblaciones vulnerables en el marco del orden jurídico vigente y los consensos democráticos del país”. En cuarto lugar, los partidos reconocen “la relevancia” de la ESI como política educativa “basada en evidencia, adecuada a cada edad y alineada con los compromisos” del Estado uruguayo.
Por último, convoca a todos los partidos y a la ciudadanía a “sostener un diálogo constructivo” basado en “información seria, responsabilidad institucional y respeto mutuo”. Al cierre, los ediles firmantes manifiestan su compromiso con los valores republicanos y “con un departamento de Maldonado donde todas las personas sean respetadas en su dignidad y derechos”.
Rodríguez había afirmado que el plan para aplicar la ESI en las infancias busca “naturalizar que el padre use pollera o que la madre se afeite frente al espejo después de la hormonización”, y opinó que eso generaría “un mambo en la cabeza de esos niños que no tiene precedente alguno”. También recalcó que “la verdadera educación radica en la familia” y expresó que, como padre, no quiere que “un aparato burocrático imponga una ideología”, entre otras consideraciones ahora rechazadas por la junta.
La edila pastora y la laicidad en la junta
Por otra parte, en la media hora previa, el edil frenteamplista Pablo Cicero llamó a la responsabilidad del legislativo departamental frente a discursos que, en su opinión, buscan vulnerar la laicidad del Estado, relativizar los crímenes del terrorismo de Estado y cuestionar derechos adquiridos. Señaló que “estos retrocesos discursivos requieren una respuesta firme desde los valores democráticos y el respeto a las conquistas colectivas”.
Es que, antes de los discursos de Barrabino y Rodríguez, que merecieron el rechazo de toda la corporación, hubo otros de la edila nacionalista Carolina Batista, quien además es pastora de la iglesia Misión Vida para las Naciones y referente de 15 hogares Beraca.
Electa por la agrupación Vamos por Más (lista 340), el 22 de julio Batista destinó su primer discurso en la junta a exponer sobre el consumo problemático de drogas y a reivindicar las políticas del intendente Miguel Abella. “Que Dios bendiga nuestro accionar y nos libre de mirar hacia otro lado”, concluyó.
La exposición no recibió reproches, pero a principios de setiembre Batista volvió a hablar en el plenario, esa vez sobre “la importancia histórica y cultural” de la Biblia por su “influencia en la educación y la moral”. A instancias de la edila frenteamplista Adriana Costa, se votó el pase de la versión taquigráfica del discurso a la Comisión de Asuntos Internos para analizar “si violó la laicidad”.
No hubo noticia de la conclusión, pero Batista, que votó la iniciativa de Costa convencida de que estaba amparada por la ley, volvió a la carga en octubre con otra controvertida exposición. Habló sobre “el aporte de la Iglesia Protestante a la sociedad uruguaya”.
“Que Dios bendiga a Maldonado y a Uruguay. Quizás no todos los presentes comparten, pero habemos una gran parte del pueblo ‒que incluso me acompaña en las barras y desde su casa‒ que sí creemos en esta historia, que es algo que ha pasado”, concluyó. La presidenta de la junta tuvo que pedir silencio a quienes, desde lo alto, celebraron con aplausos.