A fines de noviembre, la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) se declaró en conflicto por diferencias con la Dirección General de Casinos (DGC). En ese marco, el pasado domingo 28, se manifestaron trabajadores de los casinos de Punta Shopping, Atlántico Shopping y Casino Nogaró, de Punta del Este, y días atrás también lo hicieron los de Piriápolis. Christian Romero, vocero de Anfuce de Piriápolis y funcionario del casino del balneario, dijo a la diaria que se trata de “un hecho inédito que el 100% de las salas y casinos del Estado estén cerrados y adheridos al paro convocado”.
Informó que el 10 de diciembre se aprobó el presupuesto 2025-2026 “sin negociación colectiva”, el cual implica modificaciones como la eliminación de grados en los escalafones y de cargos de jerarquía (gerente, subgerente, encargado de personal), que pasarán a ser de designación directa. Esto significa que “quedan a criterio de la dirección y, por ende, son cargos de confianza”, lo que habilita que puedan ser ocupados por personas que “no están preparadas o no han concursado”. En este sentido, dijo que se “acorta la carrera administrativa de los funcionarios”.
Pese a las solicitudes de acceso a la información enviadas por Anfuce para que el presupuesto fuera considerado por los funcionarios, aseguró que “no fueron contestadas o fueron respondidas con información parcial”. El presupuesto completo fue recibido vía correo electrónico el pasado 8 de octubre, previo a la reunión con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), solicitada por Anfuce por mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque “había sido elevado hace dos meses”.
Romero sostuvo que se “vulneraron” artículos de la Ley de Negociación Colectiva (18.566), que obligan a negociar de buena fe y garantizan el derecho a la información, el cual afirmó que “fue violado por el director [nacional de Casinos, Fernando Estévez Perrone]”. Por este motivo, Anfuce resolvió presentar un recurso de amparo para “congelar” las modificaciones del presupuesto operativo.
Además, indicó que hasta el momento no hubo comunicación del director, del Poder Ejecutivo y “tampoco de la oposición, que tiene un rol de contralor”, y anunció que este martes habrá una asamblea general de delegados y socios para definir si continúa el paro a nivel nacional, que al momento es “indefinido”, y aseguró que por cada día de paro “el Estado deja de recaudar cerca de 1.000.000 de dólares”. En este sentido, dijo que esperan que se trate a los trabajadores “con buenos modales”, “se brinde información y haya una instancia de diálogo para destrabar el conflicto”.
Modalidad de contratación y salarios con retribución variable
La Ley 20.075, en su artículo 30, asigna al Poder Ejecutivo la tarea de “designar en cargos presupuestados a quienes se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público, en régimen de dependencia”. En su literal B, además, refiere a contratos zafrales de la DGC. Sin embargo, señaló que hay un trabajador zafral del casino de Piriápolis, con 12 años de antigüedad, que “aún su situación no ha sido regularizada”. Agregó que estos trabajadores zafrales, además de tener “vulnerado su derecho a la carrera administrativa, no pueden pasar de un escalafón a otro”.
En cuanto a la modalidad de contratación, explicó que suelen renovarse anualmente o de forma periódica: en algunos casos “se renuevan por algunos meses y luego se discontinúan por el resto del año”, hasta que, en temporada alta, “se renuevan”. El funcionario anteriormente mencionado cuenta con un contrato anual hace tres años; antes de su vencimiento, “el encargado eleva un informe y, si es positivo, se le renueva”, aunque “queda a criterio de la dirección y del encargado de turno”.
Sobre el salario, detalló que el 20% corresponde a una remuneración fija “apenas” superior al salario mínimo nacional, mientras que el 80% restante es una retribución variable que depende de “la recaudación de la sala o del casino en el que se trabaje”. Por ende, “cuando hay mayor concurrencia de público, hay posibilidad de generar más ingresos, pero cuando disminuye, baja la recaudación y el salario”. Informó que lo recaudado es dirigido a las rentas generales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y es destinada a políticas públicas.
Incertidumbre ante proyecto de regularización de juegos online
El senador del Frente Amplio Felipe Carballo presentó un proyecto de ley para regularizar los juegos en línea, que prevé crear una Plataforma Estatal de Juego Online, administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, para regular y controlar los juegos de azar en internet, y una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, para emitir licencias, auditar plataformas y algoritmos, sancionar incumplimientos, entre otras funciones. Sin embargo, Romero dijo que podría “disminuir la afluencia de público en salas y afectar el salario de los trabajadores”.
En este sentido, cuestionó: “¿A dónde irá la ganancia bruta del juego online?, ¿a los bolsillos de los privados?”, y “¿qué intereses mueven a la dirección?”, “¿qué participación va a tener el Estado?”, y agregó que si el dinero no se destina a políticas públicas, “puede afectar el tejido social, sobre todo a los más vulnerables”. Por lo que, se pretende que la DGC “sea la reguladora y la garante del juego online”.