La organización abocada a que Piriápolis sea reconocido como sitio patrimonial por la Unesco (CoPaU), una de las punteras en la defensa de la Plaza de la Madre del balneario, manifestó su “preocupación” y “disconformidad” con la decisión de la Intendencia de Maldonado (IDM) de enajenar el predio público para financiar obras de recuperación patrimonial.
En un extenso comunicado dirigido a la opinión pública, CoPaU comenzó por remarcar que se trata “del último espacio público sobre la Rambla de los Argentinos” y que su posible venta no debería resolverse “sin una instancia adecuada de participación ciudadana”.
“Nos preocupa que bajo la premisa de generar ingresos para subsidiar obras de recuperación edilicia histórica-cultural se puedan comprometer valores fundamentales del patrimonio común”, indicó la organización, antes de “invitar” a las autoridades “a la reflexión” para que “puedan considerar de forma racional los atributos socioculturales -entendidos como el conjunto de valores, normas y prácticas de una comunidad-, así como los valores patrimoniales en su contexto territorial”.
A juicio de CoPaU, es “indispensable” incorporar el principio de sostenibilidad en todas las decisiones y planes de acción destinados a la recuperación edilicia de los símbolos arquitectónicos. “Nos interpela críticamente la posibilidad de perder un espacio público, el último de este tipo sobre nuestro principal paseo costero, con el objetivo de obtener recursos para la recuperación del mismo patrimonio material que desde nuestro grupo de trabajo procuramos y alentamos a proteger”, enfatiza.
Los espacios públicos de Piriápolis también forman parte del patrimonio que la organización aspira a conservar y revalorizar. En este sentido, la Plaza de la Madre “debe destacarse como una manifestación cultural viva, un acervo que promueve relaciones más equilibradas entre los territorios”, destacan.
A su vez, remarcan que el espacio permite establecer “un nuevo diálogo estratégico entre los espacios verdes y la ciudad, y evidencia la deuda ambiental que arrastra la visión urbanista frente a lo natural”. Por eso, entienden que la situación “exige” la implementación de mecanismos de compensación que permitan alcanzar “una convivencia armónica entre lo urbano y lo no urbanizado”.
En defensa de los espacios públicos “subvalorados”
La CoPaU señala que los íconos patrimoniales, entre ellos los espacios públicos, son “frecuentemente subvalorados” y deben considerarse “más que meros recursos económicos”: son factores de “identidad, cohesión social y territorial, fundamentales para avanzar con decisión hacia la sostenibilidad”.
Frente a su preocupación, la organización propuso algunos puntos a considerar con el objetivo de “proteger nuestro patrimonio sin perder los valores comunitarios”. En primer lugar, planteó que es “esencial” abordar una estrategia de sostenibilidad territorial con perspectiva de futuro, “conservando el capital cultural y natural de nuestros espacios públicos como base para el desarrollo del conocimiento y el progreso local”.
También sostiene que, en el marco de una visión contemporánea del patrimonio y su uso sostenible, “resulta clave dar voz a todos los actores (políticos, institucionales, sociales y económicos) que habitan, valoran, gestionan y moldean nuestro territorio”.
Otra cuestión es que, ante “los riesgos de una ‘descapitalización’ permanente del patrimonio, se requieren mecanismos compensatorios que aseguren la continuidad de estos capitales críticos”. A modo de ejemplo, señalan que los ingresos generados por el uso de espacios públicos por parte de actores privados podrían ser considerados “pagos por servicios ambientales”, lo cual permitiría compensar a quienes protegen el patrimonio natural y el capital cultural -en este caso, el municipio- y, al mismo tiempo, establecer puentes de colaboración entre el ámbito público y el privado para un uso sostenible de los bienes comunes.
Crear una plataforma de comunicación
Otra de sus propuestas es la creación de una “Plataforma de Comunicación”, en el marco de decisiones tan relevantes como la posible venta de lugares públicos o de bienes patrimoniales. “Este espacio de participación debe actuar como punto de encuentro entre las partes interesadas: agentes económicos, sociales, autoridades y sociedad civil, promoviendo un enfoque colectivo y creativo”, acota el comunicado.
Además de su dimensión informativa, esa plataforma “debe reunir buenas prácticas, experiencias positivas de gestión, planificación y participación, y fomentar un efecto demostrativo que sume valor, experiencia y conocimiento aplicado”.
Bajo el entendido de que los sitios patrimoniales “son el legado que recibimos del pasado, con el que convivimos hoy y que dejaremos a las generaciones futuras”, consideran que la sostenibilidad territorial es “una herramienta avanzada para gestionar con racionalidad nuestra riqueza patrimonial, el capital natural y el acervo cultural local”.
“Hablar de patrimonio -sea natural, cultural o paisajístico- implica desarrollar una nueva visión capaz de promover procesos más sostenibles y territorios más cohesionados”, indica otro tramo del documento. Agrega que la organización no se opone al desarrollo de Piriápolis. “Por el contrario, invitamos a que dicho desarrollo sea respetuoso con la sociedad, con nuestra cultura y con el modelo económico que nos distingue y nos da identidad, tanto a nivel nacional como regional”, concluye.