La Junta Departamental de Maldonado aprobó, con el apoyo de las tres bancadas partidarias, una autorización para que el intendente Miguel Abella licite la explotación de diez paradores costeros de Punta del Este y La Barra por plazos que excederán este período de gobierno. La intención del Ejecutivo departamental es conceder la explotación de los servicios por un tiempo superior a los cinco años que se otorgaban tradicionalmente, para dar mayor rentabilidad a los concesionarios y favorecer la mejora de infraestructura y servicios.
Los paradores a licitar son el de Playa Honda en la isla Gorriti (una vez vencida en 2027), Manantiales (una vez vencida en 2026), Laguna Escondida, Montoya, paradas 1 (una vez vencida en 2026), 10 y 30 de la playa Brava de Punta del Este, más los que se encuentran en las paradas 3, 19 y 31 de la Mansa.
El tratamiento del expediente en el plenario, en la noche del martes 23, fue precedido por un acuerdo unánime a nivel de la Comisión de Presupuestos del legislativo y dos recorridas por los paradores en cuestión.
Según manifestaron ediles de las diferentes bancadas, los de la isla Gorriti, Laguna Escondida y la parada 1 de la Brava se encuentran en condiciones mucho peores que el resto, por lo cual seguramente serán demolidos parcialmente para ser reconstruidos. En estos casos, la licitación se adjudicará por cinco años, prorrogables por cinco años más; la explotación de los demás se concederá por un total de diez años.
Más servicios y mejores condiciones laborales
Durante el debate en el plenario, el Frente Amplio reclamó la injerencia de la Junta Departamental en la confección de los pliegos de condiciones, como una vía para que no sólo tengan en cuenta los servicios al público (como baños y ducheros externos, accesibilidad, servicios de internet y vigilancia), sino también para garantizar las buenas condiciones de trabajo en los paradores.
No obstante, primó la postura del Partido Nacional en cuanto a que el legislativo no puede intervenir en la confección de los pliegos, entendida como una prerrogativa del intendente, pero sí controlar el cumplimiento de los compromisos que exija la IDM a los adjudicatarios a través de sus comisiones o mediante denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según manifestó la administración en su solicitud de anuencia, un aspecto a considerar por los oferentes es que “se ponderará especialmente” a quienes contraten al menos a tres egresados de la escuela Pedro Figari de la UTU de Punta del Este. Además, “serán especialmente valoradas” las ofertas que contemplen “un espacio de vestuario/comedor para uso de su personal”, indica la resolución.
Por otra parte, el contrato de cada concesión tendrá una cláusula por la cual, si se constata una “diferencia en menos” entre las obras e inversiones realizadas y lo ofrecido, el adjudicatario deberá abonar esa diferencia en efectivo a la IDM. Asimismo, la intendencia deberá reglamentar “los sistemas de evaluación, calificación y demás aspectos de aplicación”.