Tras el aumento de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana por encima del índice de precios al consumo en la emisión 2026, el edil del Frente Amplio Pablo Cicero presentó un pedido de informes para conocer a los integrantes y la formación profesional del equipo técnico “encargado de realizar la actualización del aforo de los padrones afectados”. También para saber si contó con asesoramiento de profesionales del área social, para “evaluar el impacto económico de los aumentos y la capacidad de pago de los contribuyentes más vulnerables y de los propietarios de vivienda única”. Además, se solicita la explicación del criterio técnico utilizado para la actualización de los aforos, en particular, “cuáles fueron ‘las normas generalmente aceptadas’, descriptas en el artículo 58 del Decreto 4036/2021”.
Cicero dijo a la diaria que en el marco de la discusión en la Junta Departamental sobre el expediente 291, que modifica el impuesto general municipal por el impuesto general ambiental, “ya se advertía que iba haber un aumento importante sobre la contribución inmobiliaria”. A su vez, informó que la Intendencia de Maldonado (IDM) en su momento dijo que “iba a recaudar diez millones de dólares más al año con el cambio de este impuesto porque tenía que cubrir la pérdida del cobro de la tasa de videovigilancia, que tenía su vencimiento el 31 de diciembre de 2025, y un déficit de la recolección de residuos [sólidos urbanos] de casi seis millones de dólares [anuales] de gasto [que produjo la nueva gestión integral de residuos]”.
Sobre la recolección de residuos, dijo que la IDM “gasta unos 50 millones de dólares al año, aproximadamente un millón de dólares por semana”. En este sentido, cuestionó: “¿Hasta cuándo se va a tener que seguir poniendo plata para mantener un sistema que pueda estar obsoleto? ¿No hay que buscar otras alternativas?”.
A su vez, mencionó que un vecino del barrio La Sonrisa le envió este viernes el recibo de contribución actual respecto del anterior, “con un 25% de aumento”, sin embargo, resaltó que “la inflación mínima histórica de Uruguay es menos de un 4%”.
Estudio técnico-económico que “justifique la aplicación de las alícuotas”
Otro de los puntos mencionados en el pedido de informes es la solicitud de que sea remitido el cuadro comparativo de la emisión inicial 2025 versus 2026 de la contribución urbana y suburbana y los tributos que se cobran en conjunto, con el detalle del monto total emitido por concepto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, para tasas y adicionales (alumbrado, pavimento, forestal, etcétera), por el anterior adicional impuesto general municipal (2025) y el actual adicional impuesto general ambiental (2026), cantidad total de padrones objeto de emisión para cada ejercicio.
Sobre esto, el edil frenteamplista dijo que varios comerciantes le están haciendo llegar la “diferencia de contribución respecto del impuesto general ambiental” y argumentaron que “son costos para nuestro negocio, que obligatoriamente se van a trasladar a precios”. Cicero opinó que “quién va a terminar pagando los aumentos del cambio de impuesto va a ser el ciudadano común cuando vaya a comprar al supermercado y se encuentre con ajustes de precios”.
Asimismo, en el pedido de informes se solicita el estudio técnico-económico que “justifique la aplicación de las alícuotas [porcentaje que se le aplica a cada padrón en función de lo que haya construido] previstas en el nuevo adicional impuesto general ambiental”. En caso de que no haya, se pide conocer “cuál fue el criterio político o financiero utilizado para establecer dichas alícuotas y cómo se vinculan estas con el costo real del servicio de gestión ambiental que se pretende financiar”.
Con relación a esto, dijo que “quizá se debería reducir la alícuota a las casas comunes porque generan menos residuos que en un restaurante o una gran superficie, que seguramente sea 100 veces más” y que “se debe rever el criterio aplicado”.