El edil frenteamplista Pablo Cicero manifestó su preocupación por la siniestralidad vial en el departamento, durante el plenario de la semana pasada en la Junta de Maldonado. Con base en el informe semestral sobre siniestralidad vial de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), dijo que si bien Maldonado registró un descenso respecto del mismo período de 2025, advirtió que fue menor al registrado a nivel nacional. Hubo 13 personas fallecidas en siniestros de tránsito (disminuyó un 7,1% respecto del 12,5%), 1.347 lesionadas de un total de 13.381 del país, “de cada diez personas, una se lesiona en Maldonado”, informó, y 1.104 siniestros viales, que representa una baja de 4,5%, superior a la caída de 3,4% a nivel nacional.
Cicero señaló que 62% de las muertes en Maldonado –ocho de las 13 personas fallecidas– ocurrieron bajo jurisdicción departamental, lo cual superó el 55% registrado a nivel nacional y, a su vez, la cifra de ocho fallecidos “se mantuvo respecto de 2025”. “La poca mejora que hubo fue la baja del 7,1% de mortalidad”, afirmó, en referencia al descenso de seis a cinco fallecidos en las rutas nacionales del departamento entre 2025 y 2026. Sin embargo, cuestionó que “en las calles y avenidas que traza, ilumina, señaliza y controla la Intendencia de Maldonado [IDM], no se movió nada”.
En esta línea, indicó que le corresponde al Departamento de Movilidad “aplicar la normativa y fiscalizar”, y expresó que según el informe de Unasev, se conoce que, a nivel nacional, “el 64% de las personas lesionadas circula en moto al momento del siniestro y este grupo concentra la mitad de las personas fallecidas”. En tanto, un 45% de las lesionadas tiene entre 15 y 29 años, “siendo el grupo de 20 a 24 años el más representado, con un 18%”.
Asimismo, se refirió a la advertencia del informe de Unasev sobre el aumento de víctimas en siniestros de tránsito en el segundo semestre del año. “En Maldonado coincide con la temporada, que es cuando se multiplica el tránsito, la población y el riesgo. Lo que no se planifique en octubre [para prevenir siniestros], se pagará en enero”, afirmó.
Reclamó más educación vial y cuestionó fin “recaudatorio” de radares
Para frenar el aumento de víctimas, Cicero solicitó redoblar las campañas de concientización y educación vial, y cuestionó que “un departamento con un índice de siniestralidad como el que se tiene no se puede dar el lujo de invisibilizar la 19ª Semana Nacional de la Seguridad Vial, [que se desarrolló del 5 al 9 de octubre]”.
A esta preocupación se suma la necesidad de evaluar la “efectividad” de la difusión semanal de videos de infracciones captadas por el sistema de fiscalización electrónica de la IDM, una medida implementada desde abril. Además, reclamó avances en los compromisos incluidos en el programa de gobierno departamental, entre ellos, la creación de espacios de educación y seguridad vial, la redistribución de los radares “priorizando entornos escolares, cruces peligrosos y áreas con alta circulación de peatones”, indica el programa del intendente Miguel Abella para el período 2025-2030, y la realización de cursos de seguridad vial para conductores de motos del servicio de delivery. “Este último apunta a la población más afectada, ¿cuántos cursos se dictaron?”, consultó.
Asimismo, Cicero puso en la mira la política económica de la IDM en materia de fiscalización y dijo que “llama la atención” la incorporación de 30 nuevos radares, prevista en la modificación presupuestal 2027-2030 de la IDM aprobada, según declaró a Cadena del Mar. Informó al medio que implica “incrementar más de un 50% la cantidad de radares”, dado que ya hay unos 55 instalados. Si bien reconoció que “han sido positivos para disminuir la siniestralidad”, sostuvo que sus efectos son “localizados” y que, en términos globales, “no se ha logrado reducir sustancialmente la cantidad de personas lesionados ni de siniestros”.
A su vez, advirtió que no se precisaron los fundamentos técnicos ni las ubicaciones concretas donde se instalarían los nuevos radares y, con base en las cifras mencionadas en el análisis presupuestal, se duplicó la recaudación de la IDM por infracciones de tránsito, “pasando de 1.300 millones de pesos anuales a 2.600”, y se prevé mantenerla. Por lo que, cuestionó si “efectivamente los radares son una herramienta para bajar la siniestralidad o si terminan transformándose en un elemento meramente recaudatorio”.
