Un informe entregado al gobierno colombiano por la oficina local del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas denuncia que 46 personas murieron durante la represión al Paro Nacional en ese país, al tiempo que sigue investigando otros cuatro casos. Del total, al menos 28 de estos fallecimientos fueron causados por la Policía, y unos diez de ellos por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 76% del total de muertos tenían heridas de bala, según el informe, que fue elaborado con documentación analizada entre el 28 de abril y el 31 de julio.
El informe del organismo también indica que entre las víctimas hay indígenas, afrodescendientes, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El informe no cayó bien a las autoridades colombianas. El director general de la Policía, Jorge Luis Vargas, dijo en una rueda de prensa el miércoles que las cifras “no concuerdan” con las que maneja su servicio, y que la investigación sobre estas muertes debería estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
“No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La Policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga. A nadie”, remarcó el militar que está al frente de la Policía.
A su vez, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo a Blu Radio que el informe de las Naciones Unidas es una “descalificación de la institucionalidad y el Estado de derecho” y que el organismo debería asegurarse de que “no haya personas que hagan activismo político, ni en Colombia ni en ninguna parte”, entre sus representantes.
Sin embargo, horas más tarde, la cancillería colombiana bajó el tono y emitió un comunicado más diplomático, en el que señala que “duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación”, así como manifiesta el “respaldo” del gobierno al “derecho a la reunión pacífica” y condena “cualquier violación de los Derechos Humanos que se haya presentado en casos individuales”.
El comunicado también menciona que “el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población” y que lo que “desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional” debe ser rechazado por el Ejecutivo.
Tras la represión al paro, el gobierno presidido por Iván Duque anunció que habría “tolerancia cero” hacia los abusos policiales y que se llevarían a cabo investigaciones para comprobar los crímenes que hayan podido cometer los agentes.
Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dijo en declaraciones recogidas por la CNN que para el informe se llevaron a cabo “más de 600 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos”, al tiempo que se sostuvieron “más de 500 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales”.