Este martes y miércoles los integrantes de la Corte Suprema de Reino Unido escucharon y escucharán los argumentos de los representantes legales de Escocia y del gobierno de Londres, para luego determinar si el Parlamento escocés tiene la potestad o no de convocar un referéndum de independencia.
Tanto la actual primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, como su predecesor, Boris Johnson, negaron en forma enfática la posibilidad de que se realice una nueva consulta a los ciudadanos escoceses, algo que pide desde hace algunos años el sector político más importante de Escocia, el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), liderado por la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.
El gobierno británico, que es el que podría autorizar en forma directa la realización de otra consulta popular, se opone a dar vía libre a un nuevo referéndum porque considera que el resultado del celebrado en setiembre de 2014, cuando 55% de los ciudadanos escoceses votaron a favor de permanecer en Reino Unido, tiene validez en la actualidad y sólo podría haber otra consulta cuando sea otra “generación” la que tenga que decidir sobre el tema. La posición de Londres es rechazada por el SNP y por la mayor parte de la sociedad escocesa, porque entienden que la consulta de 2014, en la que el gobierno central de Reino Unido durante la campaña amenazó a los ciudadanos con una espantosa crisis económica si dejaban de integrar la unión, caducó luego del brexit. En esa votación celebrada en junio de 2016, si bien la opción de dejar la Unión Europea ganó en la totalidad de Reino Unido ajustadamente, –51,9% contra 48,1%–, en Escocia la opción de permanecer en el bloque comunitario ganó en forma aplastante, 62% contra 38%.
Los de arriba y los de abajo
En la puja legal que comenzó este martes, Londres alega que la autorización de darle al Parlamento escocés el poder de convocar a un referéndum es un asunto constitucional que excede los poderes del legislativo regional, mientras que los independentistas esgrimen, no sin picardía, que únicamente pretenden hacer una consulta que, en caso de llevarse adelante, no afectaría la unidad del reino de forma inmediata, porque las dos partes luego deberían legislar sobre el tema.
El lunes, durante el cierre del congreso de otoño del SNP, Sturgeon reiteró su compromiso de convertir a Escocia en un país independiente, tras argumentar que a los escoceses les irá mejor fuera de la órbita de Londres.
El martes, durante el primer día de audiencias en Londres, Dorothy Bain, principal oficial de la ley del gobierno escocés, dijo que era “de interés público” que el tribunal supremo de Reino Unido decidiera el asunto, informó el diario escocés The Scotsman. Por su parte, James Eadie, abogado general para Escocia del gobierno de Reino Unido, citado por el mismo medio de prensa con sede en Edimburgo, dijo que la Corte Suprema debería desestimar el caso porque el Parlamento escocés aún tiene que aprobar la legislación para un segundo referéndum.
Eadie expresó ante los miembros de la Corte Suprema que “no es apropiado que los tribunales en general se ocupen de cuestiones abstractas de derecho hasta que se conozcan los hechos”. Por su parte, la jurista escocesa Bain dijo ante los magistrados que hay un “problema genuino” que no está resuelto, y agregó: “El problema es de una importancia excepcional para la gente de Escocia y Reino Unido”. Sostuvo que, sin un fallo previo de la corte, el Parlamento no podría “aprobar” el proyecto de ley de convocatoria a un nuevo referéndum, debido a que no tiene el “grado necesario de confianza” para saber si está dentro del poder del legislativo escocés.
Bain afirmó que existe “el riesgo” de que un miembro del Parlamento escocés presente por su cuenta un proyecto de ley sobre una nueva consulta, lo que refuerza “la importancia de obtener un fallo judicial autorizado de este tribunal en esta etapa”.
Luego de escuchar las argumentaciones, los 12 integrantes de la Corte Suprema británica se tomarán varias semanas y quizá meses para dar una respuesta sobre el tema. La primera ministra Sturgeon aclaró que respetará la decisión de la Corte, pero esbozó una idea en caso de que la respuesta, como es previsible, sea negativa. La jerarca escocesa dijo que, si esto efectivamente ocurre, en las próximas elecciones generales británicas previstas para 2024 el SNP haría su campaña con la independencia como único punto de su programa. Sturgeon dijo que, de esa manera, según su visión, las elecciones serían una forma de referéndum, y en caso de una rotunda victoria en las urnas darían al Parlamento escocés que emerja de dichos comicios la legitimidad para continuar con el reclamo de independencia.