El gobierno mexicano anunció este lunes la presentación de una segunda demanda judicial contra empresas fabricantes de armamento de origen estadounidense.
El canciller Marcelo Ebrard anunció que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador el Ejecutivo decidió interponer el recurso legal dirigido específicamente contra cinco empresas que tienen su sede en la ciudad de Tucson, Arizona, estado que tiene una extensa frontera con México.
El funcionario explicó que el reclamo mexicano apunta a empresas que “en los últimos años” vendieron armas que terminaron vinculadas a “delitos muy graves” cometidos en el país. “Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, dijo Ebrard en un video difundido en sus redes sociales, consignado por AFP.
“La gran mayoría del armamento que cruza la frontera son rifles de alto poder, las cuales se encuentran prohibidas en nuestro país, por lo que el gobierno de México pide a la Corte de Arizona que imponga sanciones adecuadas a las armerías”, agregó Ebrard.
La semana pasada, el jefe de la diplomacia mexicana había dicho en el Senado que la demanda se fundará en legislación estadounidense que penaliza a testaferros que adquieran armas para un tercero, modalidad que, según dijo, se estaría utilizando para venderlas a compradores mexicanos.
Ebrard dijo además ante los legisladores que aproximadamente 60% de las armas decomisadas en México fueron adquiridas en una decena de condados estadounidenses, la mayoría a lo largo de la frontera entre ambos países.
Esta nueva denuncia se presentó tres días antes de que se realice en la Casa Blanca un encuentro de alto nivel entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para tratar temas de seguridad, informó el diario mexicano Milenio.
“Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño”, argumentó el ministro mexicano.
El mes pasado, un juez del estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, desestimó la primera demanda del gobierno mexicano contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de llevar adelante un comercio “negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en México.
El gobierno de López Obrador, que presentó esta primera demanda en agosto del año pasado, pretendía conseguir una compensación de unos 10.000 millones de dólares por parte de las empresas armamentísticas estadounidenses. Pese al revés en esta primera instancia, la cancillería mexicana comunicó que apelará esta sentencia, que entre sus argumentos señaló que la ley estadounidense prohíbe fallar a favor de un gobierno extranjero.
Según datos oficiales del gobierno de López Obrador, anualmente se trafica a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas. Desde que en 2006 el Estado mexicano lanzó una ofensiva militar contra las numerosas organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en el país, se registraron más de 340.000 asesinatos, la gran mayoría de ellos atribuidos a estas entidades delictivas, que en muchos casos actúan amparadas por funcionarios de varios estados del país, además de tener estrechos lazos con las fuerzas de seguridad.