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Exguerrilleras colombianos de las FARC e integrantes del partido Comunes, participan en una manifestación exigiendo garantías al gobierno para las próximas elecciones, el viernes, en Bogotá.

Foto: Raúl Arboleda, AFP

La violencia marca los últimos días de campaña para las elecciones legislativas colombianas

2 minutos de lectura
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En los comicios del domingo 13 de marzo se implementarán por primera vez las bancas destinadas a las víctimas del conflicto armado y se celebrarán primarias en dos coaliciones.

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Leído por Abril Mederos.
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Organizaciones sociales, dirigentes políticos y académicos pidieron un “cese del fuego” en Colombia, donde la violencia está aumentando a medida que se acercan las elecciones legislativas del 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo. En un comunicado dirigen su mensaje a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la banda criminal llamada Clan del Golfo y el Ejército Popular de Liberación, y les piden que frenen la violencia.

También llaman al gobierno de Iván Duque a “responder positivamente” a los reclamos de paz que surgen desde dentro y fuera de Colombia. De acuerdo con la agencia Efe, los firmantes señalan que “el Estado y el gobierno central tienen el deber de liderar procesos efectivos para reducir la violencia y desescalar el conflicto”. Piden al Parlamento y a la presidencia que “se pronuncien por un cese al fuego inmediato y así contribuyan a generar un ambiente democrático, humano y tranquilo en estas jornadas electorales del 2022”, en momentos en que “los titulares más frecuentes en los medios de información” hablan de desplazamiento forzado, masacres y asesinatos de defensores de los derechos humanos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va del año fueron asesinados en Colombia 31 líderes o defensores de derechos humanos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegada en Colombia manifestó el viernes su preocupación por la violencia y su impacto electoral. “Una de las cuestiones que la Misión de Observación Electoral analizará serán las condiciones de seguridad en un país plural y diverso donde existen realidades territoriales muy diferentes. Pero la violencia es un desafío estructural para el país, somos plenamente conscientes de ello”, dijo a Efe el jefe de esa misión, el español Javi López, diputado socialista en el Parlamento Europeo.

Violencia y votos

El 13 de marzo, además de elegir a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, se celebrarán primarias para determinar quién será el candidato a la presidencia de la alianza centrista Centro Esperanza, y el de la coalición Pacto Histórico, de izquierda, que tiene a Gustavo Petro como favorito.

También se vota ese día lo que se conoce en Colombia como “curules [bancas] de paz”, escaños reservados en la Cámara de Representantes para víctimas del conflicto armado. Esa representación legislativa será transitoria y es parte de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, ahora desmovilizada. Hasta este año, ese punto del acuerdo no se había implementado.

Según señaló el diario colombiano El Espectador, esas 16 bancas fueron creadas para darle participación política a un sector de la población que ha estado históricamente marginado de ese ámbito y que ha sufrido en forma directa el conflicto armado. Por eso, las circunscripciones Especiales de Paz que votarán a esos candidatos son zonas rurales de 167 municipios afectados por la violencia de las últimas décadas.

Para llegar a este punto, se atravesaron cinco años en los que hubo resistencia por parte del Congreso a reservar estas bancas, y fue necesaria la intervención de la Corte Constitucional para dirimir la cuestión. Sin embargo, los candidatos siguen enfrentando dificultades para llegar a la población, en particular por la propia violencia que todavía sufren sus territorios. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va del año fueron asesinados en Colombia 31 líderes o defensores de derechos humanos.

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