Sin discusión parlamentaria, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa salvadoreña votó una ley que habilita la creación de nuevas cárceles para alojar a las miles de personas que fueron detenidas en las últimas semanas bajo el estado de excepción que rige en el país. Desde el 27 de marzo, cuando se dispuso ese régimen a raíz de una ola de asesinatos atribuidos a las pandillas, los detenidos fueron 15.055, según informó la Policía.
La Ley especial para la construcción de centros penitenciarios recibió 64 de los 84 votos en la Asamblea Legislativa. Según se explicó en ese ámbito, la norma busca “establecer el marco regulatorio para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad”. Dispone que la construcción de cárceles no se regirá por la ley que regula las compras y contrataciones de la administración pública, que establece límites y controles. Esa norma, por ejemplo, prohíbe que los integrantes del Consejo de Ministros, funcionarios y empleados públicos y municipales sean contratistas del Estado.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, suele celebrar en Twitter el número de detenciones: “Más de 15.000 terroristas capturados en sólo 27 días”, publicó el jueves. Sin embargo, no se ha informado qué delitos cometieron esas personas detenidas bajo el estado de excepción.
Ese régimen implica una suspensión de derechos. Permite la detención de cualquier persona por hasta 15 días sin llevarla ante el juez, habilita la intervención de comunicaciones sin orden judicial y suspende la inviolabilidad de la correspondencia. Además, la Asamblea Legislativa aprobó un endurecimiento de penas para integrantes de las pandillas y dispuso que los adolescentes sean juzgados como adultos.
Denuncian detenciones arbitrarias y muertes en cárceles
La nueva situación generó denuncias de detenciones arbitrarias, a las que Bukele respondió que sólo uno de cada cien detenidos es inocente. Sin embargo, un sindicato policial, el Movimiento de Trabajadores de la Policía, denunció que los oficiales les exigen que cumplan con cuotas diarias de detenciones en el marco de esta política, y que los amenazaron con trasladarlos si no acatan las órdenes.
Días atrás, el diario La Prensa Gráfica publicó que cuatro personas detenidas bajo este régimen de excepción murieron dentro del Centro Penal de Izalco. Uno de los detenidos murió por no recibir la medicación que necesitaba y otros tenían traumas en el tórax y sufrieron complicaciones después de haber recibido golpes. De acuerdo con el periódico, sus familias aseguran que no pertenecían a las pandillas ni tenían ningún vínculo con ellas, sino que ejercían distintos oficios.
Uno era un joven músico de 22 años, Elvis Sánchez, que llegó muerto al hospital Jorge Mazzini. Según el diagnóstico que recibió la familia, murió súbitamente de hipertensión. Sin embargo, sus familiares aseguran que tenía un hematoma en la espalda. Cuando lo detuvieron se dirigía a jugar un partido de fútbol.
Otro de los fallecidos, José Deleón, de 39 años, salió a comprar un repuesto para un vehículo cuando fue detenido. Murió de una sepsis que tuvo como origen un golpe o varios en la pared torácica. Su familia niega que hubiera cometido algún delito, y lo mismo dicen las de Walter Sandoval, de 32 años, muerto el 3 de abril, después de haber sido detenido a pocos metros de su casa, y Mauricio Flores, de 37. Sandoval tenía diversas lesiones cuando murió, y Flores necesitaba medicamentos para la hipertensión y la ansiedad, pero no los recibió.
Según varios testimonios de expandilleros que publicó BBC Mundo, la política de seguridad de Bukele los deja en una situación de especial vulnerabilidad, sobre todo porque muchos de ellos llevan tatuado en su cuerpo el nombre de la mara a la que pertenecían, una práctica que es habitual y que ahora basta para ser detenido. El propio presidente presentó en Twitter imágenes de detenidos con el cuerpo tatuado con las iniciales de la mara Salvatrucha como prueba de su culpabilidad.
Acceso a la información
Las nuevas normas también dispusieron que se castigue con penas de hasta 15 años de prisión “cualquier manifestación” que aluda al “control territorial” de las pandillas, y prohibieron “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la organización militante por los derechos humanos Cristosal pidieron el martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional este paquete de normas. Ruth López, jefa del área Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dijo en una conferencia de prensa que la demanda se debe a motivos formales, como que las normas empezaron a regir antes de lo que prevé la Constitución para estos casos, y a “motivos de fondo”. Entre estos mencionó, según citó la agencia de noticias Efe, que “están promoviendo una limitación absoluta del ejercicio periodístico” y el derecho de las personas a estar informadas.
López señaló que estas normas, que utilizan “términos jurídicos indeterminados”, funcionan como una censura previa para los medios periodísticos. “De ninguna manera venimos a proteger a grupos delincuenciales, sino el derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado y que el ejercicio periodístico sea realizado de una manera libre”, dijo.
La gente tiene derecho a conocer lo que está pasando”, dijo el presidente de la APES, César Castro, y agregó que con esta reforma “se está restringiendo la libertad de prensa”.
En este marco, una encuesta de la empresa CID Gallup, publicada en Twitter por Bukele, mostró un apoyo arrasador a las medidas dispuestas por su gobierno. Concluyó que 78% de los salvadoreños está “muy de acuerdo” con esta política y 13% está “algo de acuerdo”. Sólo 5% dijo estar “poco de acuerdo” y 4% “nada de acuerdo”.