Casi 40 millones de colombianos están habilitados para votar y elegirán el domingo al sucesor de Iván Duque. Aunque en Colombia el voto no es obligatorio, se espera que al menos la mitad del electorado participe en la elección.
Son seis los candidatos que buscan la presidencia, pero sólo tres tienen posibilidades reales de triunfar. El candidato de izquierda de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, es el que encabeza los últimos sondeos, con una intención de voto cercana a 40%. Petro tiene un primer lugar casi asegurado, pero que no le alcanzaría para hacerse con la presidencia en primera vuelta. Para hacerlo debería obtener el difícil resultado de 50% más uno de los votos válidos.
Por otra parte, Federico Fico Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, lucharán voto a voto por el segundo lugar para poder acceder al balotaje.
Hasta hace un par de semanas todas las encuestas aseguraban que Gutiérrez, el candidato que recibió el apoyo de los partidos de gobierno, estaba firme en el segundo lugar. Sin embargo, en la última semana Hernández tuvo un crecimiento repentino y sostenido.
La baja aceptación del actual presidente Iván Duque, sumada a las protestas y movilizaciones durante 2019 y 2020, generó un marcado giro a la izquierda en el electorado colombiano. Toda una novedad, teniendo en cuenta que nunca en la historia de este país gobernó un presidente de izquierda.
Sobre los candidatos
Gustavo Petro se presenta por tercera vez como candidato a presidente. La primera fue en 2010, cuando finalizó en cuarto lugar. Luego, en 2018, perdió en segunda vuelta con el actual presidente. En esta tercera candidatura por primera vez aparece como el favorito.
Petro, exalcalde de la capital del país y exguerrillero del M19, propone un cambio de modelo económico rompiendo con la dependencia del país de la exportación de hidrocarburos y apostando por una transición energética hacia energías limpias. Hoy más de 50% de las exportaciones de Colombia son petróleo y derivados de este. Asimismo centra su discurso y sus principales propuestas en aumentar la producción en el campo colombiano, que ha sido golpeado desde la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa y Asia.
Por otro lado, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, es el representante de la derecha y la centroderecha colombiana. Se esfuerza por despegarse del actual gobierno, pero lo cierto es que los mismos partidos y clanes políticos que lo apoyan son los que llevaron a la presidencia a Duque en 2018. Gutiérrez centra su propuesta en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, banderas heredades del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por último está el candidato Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, que representa una opción de centroderecha y tiene una imagen que suele ser comparada con la del expresidente estadounidense Donald Trump y la del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Es el típico millonario que se lanza a la política como un outsider pero que se une a políticos tradicionales para llegar al poder. Sus principales propuestas giran alrededor de la lucha contra la corrupción y la austeridad del gasto público. Hasta hace sólo unos días, Hernández estaba en el tercer lugar, muy lejos del segundo puesto ocupado por Gutiérrez, pero luego de una fuerte inyección económica, los sondeos preelectorales lo muestran casi en un empate en el segundo lugar.
La violencia en los territorios atenta contra la elección
Las elecciones en Colombia no sólo se juegan en el tablero político. A pesar de que en 2016 la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmó un tratado de paz y gran parte de ella se desmovilizó, el conflicto armado y el narcotráfico siguen vigentes en gran parte del territorio nacional, especialmente en las zonas rurales donde la presencia del Estado es precaria.
El Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Clan Golfo son algunos de los grupos armados que se disputan el control territorial en las regiones del país. En lo que va del año en Colombia ha habido 33 masacres que dejaron 122 víctimas, 50 asesinatos selectivos a líderes sociales y, según la Defensoría del Pueblo, 290 municipios están en riesgo extremo y alta vulneración de los derechos de la población. Con esas cifras se calcula que 2022 será el año más violento desde la firma del tratado de paz, y uno de los dinamizadores del conflicto han sido las elecciones presidenciales.
Uno de los eventos más violentos y significativos ocurrió a principios de mayo. Un paro armado de cuatro días, decretado por el Clan Golfo en represalia con el gobierno nacional por la captura y extradición a Estados Unidos del narcotraficante que responde al alias Otoniel, máximo líder de la organización. El grupo armado confinó a 90 municipios de 12 departamentos del país. Sus integrantes asesinaron a seis personas, incineraron 180 vehículos y, a menos de 30 días de las elecciones, dejaron claro el mensaje de quién tiene el control de los territorios.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que el alto poder territorial de estas organizaciones es una fuerte amenaza para el desarrollo normal de la elección presidencial y no hay garantías de que los habitantes de esa zona puedan ejercer libremente su derecho al voto. Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa del país (FLIP) comunicó que en lo que va del año un reportero o reportera ha sido amenazada cada día y que tras el paro armado cerraron 15 medios digitales debido a amenazas directas. Para la prensa colombiana también es el año más peligroso de la última década.
La autoridad electoral en tela de juicio
El país de las regiones arde, y aunque los diferentes candidatos se han pronunciado en contra del paro armado, el país político enfrenta otro debate, pues desde diferentes esquinas se señala la falta de confianza en la Registraduría Nacional, la autoridad electoral.
El antecedente de este debate tuvo lugar en marzo de este año durante las elecciones legislativas. Las urnas se cerraron a las 16.00, a las 21.00 fueron publicados los datos del preconteo de votos, y a la mañana siguiente la coalición del Pacto Histórico denunció que le estaban dejando de contar un número importante de votos.
El sistema funciona así: una vez que se cierran las urnas en Colombia se hace un preconteo de los votos para dar la información a los medios de comunicación y para que el país tenga un panorama general de la jornada, pero este proceso no tiene ningún efecto jurídico, es decir, no es definitivo. El conteo real se hace durante los días siguientes, en un proceso llamado escrutinio, que demora varios días y es custodiado por los jueces, notarios y luego magistrados de todo el país. Ese es el conteo definitivo.
Durante el escrutinio el equipo de abogados del Pacto Histórico, basados en la información que les suministraron los testigos electorales, pudo comprobar que al menos 500.000 votos no le habían sido contabilizados. El Pacto Histórico denunció fraude. Durante los días siguientes logró la legalización de esos votos y, en consecuencia, consiguió 19 bancas en el Senado de la República, tres más que las que le habían sido asignadas en el preconteo. Un hecho sin antecedentes en Colombia.
Los partidos políticos tradicionales que hacen parte de la bancada de gobierno, como el Partido Liberal, el Conservador, el Centro Democrático, entre otros, antes y durante el escrutinio permanecieron en silencio, pero luego de la validación de los votos y de perder los escaños que ganó el Pacto Histórico, denunciaron fraude. A las denuncias se sumó el candidato presidencial Federico Gutiérrez, que en varios debates afirmó que de ser verdad que hubo fraude en las elecciones legislativas este fue para favorecer al Pacto Histórico.
Las denuncias de fraude surgieron de diferentes actores políticos de todas las orillas ideológicas. Sobre el tema, la MOE concluyó que no se cuenta con la información suficiente para determinar que hubo fraude, pero sí se pueden señalar errores garrafales en el preconteo de los votos.
Desde todas las orillas se señala como culpable de los errores, voluntarios o no, al registrador nacional, Alexander Vega, nombrado por el presidente Duque. El sector de derecha ha acusado al funcionario de favorecer al Pacto Histórico, pese a que fue nombrado por la bancada del gobierno, y pidió que se nombrara a un registrador encargado para las elecciones. Los otros partidos políticos y coaliciones se opusieron a esta propuesta por miedo a que un nombramiento a último momento produzca todavía más errores.
Intervención en política y de los entes de control
A los cuestionamientos a la Registraduría Nacional se suma la polémica causada por la Procuraduría luego de que suspendiera a dos alcaldes, un concejal y un personero (funcionario nombrado para defender los intereses de la comunidad ante el gobierno) por supuesta participación en política, que en Colombia está prohibida para los funcionarios públicos. La contraloría tomó la decisión justo un día después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicara un video donde encendía un auto y mirando a cámara decía “El cambio en Primera”, haciendo alusión al eslogan de la campaña de Gustavo Petro en el que invita a los votantes a que lo elijan en primera vuelta.
Las críticas a la contraloría vinieron desde diferentes sectores políticos, porque aunque nadie en Colombia duda de que los funcionarios sancionados violaron la ley, es a los únicos a los que se ha sancionado, pese a que muchos otros funcionarios han participado en política.
Es el caso del presidente Iván Duque, que ha hecho varias veces alusiones a las propuestas de Petro en discursos presidenciales tildándolo de populista y autoritario. Otro caso, quizás el más alarmante, es el del general Enrique Zapateiro, quien escribió un tuit cuestionando a Petro, en una participación prohibida por la Constitución debido a que se trata de un miembro activo del Ejército. Para ninguno de los dos hubo sanciones desde la contraloría.
Los anteriores no han sido los únicos casos de participación política de funcionarios públicos, pero sí las más relevantes teniendo en cuenta los altos cargos que ocupan.
A la contraloría le reclaman que ha aplicado las suspensiones con sesgos ideológicos sancionando principalmente a quienes apoyan a Petro, pero no ha reprobado a otros alcaldes que apoyan la candidatura de Gutiérrez. Es el caso de la reunión de Fedemunicipios a principio de año, un evento patrocinado por el gobierno nacional donde se reunieron todos los alcaldes del país y del que se filtró un video en el que varios de ellos, fácilmente reconocibles, prometían votos y apoyo económico para la campaña de Gutiérrez.
Otra razón por la que la suspensión de Daniel Quintero se convirtió en un tema nacional es porque Medellín no es una región cualquiera, sino un territorio clave simbólica y cuantitativamente en las elecciones presidenciales.
Medellín es la segunda ciudad más importante del país y es la cuna del uribismo, que está en el poder actualmente. También es el fortín político de Gutiérrez, quien fue alcalde de la ciudad entre 2015 y 2019. Pero Quintero, el alcalde suspendido, era una ficha del petrismo y estaba ganando espacio en la ciudad. Siete de sus secretarios habían renunciado para dedicarse de lleno a la campaña de Petro y la intención de voto, siempre inclinada hacia Gutiérrez, empezaba a ceder puntos.
La Colombia de Francia
En unas elecciones que parecen moverse entre clanes políticos, territorios estratégicos, el continuismo y poderes que no vemos, aparece una persona cuya figura rompe con cualquier receta posible y es el elemento más novedoso: Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico.
Francia es líder ambientalista en el país donde más líderes ambientales matan en el mundo, es madre cabeza de hogar, desplazada, negra y feminista. Una figura muy diferente en el escenario político, pero muy parecida a la gran mayoría de los colombianos. La figura de Francia ha traído nuevos debates a la contienda política y ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de la gran mayoría de colombianos de tener una representación real en el gobierno.
Francia también es abogada y, de resultar elegida, liderará la conformación del Ministerio de la Igualdad, una apuesta para que Colombia deje de ser el segundo país más desigual de América Latina. Pero su historia no es color de rosa. Así como ha logrado un gran apoyo popular, también tiene muchos contrincantes que la señalan como una persona poco preparada para asumir la vicepresidencia del país. La cuestionan por haber recibido subsidios del gobierno y recientemente fue amenazada por grupos paramilitares. Sus adversarios la tildan de populista y creen que promueve el discurso de odio entre razas y clases sociales. Estas visiones polarizadas sobre Francia son la radiografía de cómo vive hoy la sociedad colombiana casi cualquier evento político, con visiones completamente opuestas.
La segunda vuelta
Los resultados del domingo reconfigurarán muy rápidamente el ajedrez político. Sabremos si Colombia elige una segunda vuelta polarizada entre derecha e izquierda, entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, o si Rodolfo Hernández logra materializar su creciente apoyo. De cualquier manera, la pregunta central seguirá siendo cómo se reconfiguran las elecciones y las alianzas a la hora decisiva, la segunda vuelta.