En las últimas semanas la lucha entre bandas armadas en Haití disparó sus números de muertos, heridos y desplazados. Francia ordenó retirar a los familiares de su personal diplomático de la embajada en Haití, escuelas de la capital cerraron y la organización Médicos sin Fronteras denunció que su hospital en el barrio de Tabarre de Puerto Príncipe está saturado por los heridos de bala que recibe. La situación afecta a una amplia zona del norte de la ciudad, donde las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan se disputan el control territorial.
La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó el martes su preocupación por la “violencia extrema” que alcanzó el fenómeno. Según sus números, en tres semanas habían muerto 188 personas –92 civiles y 96 integrantes de las bandas–, 12 estaban desaparecidas, 113 sufrieron heridas y 49 fueron secuestradas. Pero el número real de muertos “puede ser mucho mayor”, advirtió.
“La violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en Haití”, dijo Bachelet en un comunicado, y pidió medidas urgentes para restablecer el estado de derecho. Destacó que se reportaron quema de cadáveres, decapitaciones, asesinatos de niños y violaciones. “Pido a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para impedir que la situación se vuelva aún más incontrolable”, agregó.
Unas 9.000 personas debieron dejar sus hogares por la guerra entre 400 Mawozo y Chen Mechan, que se desató con mayor fuerza el 24 de abril por el control de los barrios del área de Cul-de-Sac, en Puerto Príncipe, que se divide en dos grandes zonas: Tabarre y Croix-des-Bouquets.
Según informó Bachelet, las dos carreteras que conectan la capital con el norte y el este del país están afectadas por el conflicto, algo que “podría tener impactos devastadores a largo plazo en la ya difícil situación económica en Haití”. Señaló además que la violencia extrema llevó al cierre de escuelas, centros médicos y comercios, lo cual ha causado desabastecimiento y privación de derechos básicos.
Médicos sin Fronteras manifestó la semana pasada en un comunicado: “Estamos alarmados por la última ola de violencia en Puerto Príncipe, en Haití, ya que hemos recibido a 96 personas con heridas de bala en nuestras instalaciones médicas desde el 24 de abril”. El coordinador general de la organización, Mumuza Muhindo, señaló en el documento que “el número de ingresos por trauma recibidos por semana se triplicó en comparación con mediados de abril, y la mayoría de ellos son heridas de bala muy graves que requieren cuidados intensivos”.
El responsable del hospital de Médicos sin Fronteras, Serge Wilfrid Ikoto, señala que están organizando turnos de 24 horas para que los médicos transiten menos por las calles. “Algunos miembros de nuestro personal médico local no pueden volver a casa. Corren un riesgo enorme cada vez que viajan”, dijo.
Familias conviven en un albergue improvisado para desplazados por la guerra de pandillas, en Tabarré.
Foto: Johnson Sabin, EFE
En su comunicado la organización recoge el testimonio de una mujer herida en una pierna que llegó al hospital en la zona de Tabarre después de pasar por otros dos centros de salud. Uno estaba cerrado y otro no tenía medios para atenderla. No sólo los hospitales están saturados. También las cárceles, que tienen espacio para 3.000 personas, albergan más de 11.000, de los cuales 80% no tienen condena, informó Radio France International. También la Justicia vio retrasada su tarea por la violencia interna, por el miedo de los funcionarios a ir a trabajar, señaló. El mes pasado hubo una protesta de abogados que pedían el traslado de un tribunal civil a un barrio más seguro.
Escuelas como refugios
“Hombres armados de la banda 400 Mawozo incendiaron mi casa y mataron a varios de mis vecinos antes de quemar también sus casas”, dijo a la agencia AFP Lucien, habitante de uno de los barrios afectados por la violencia. Lucien y su madre dejaron su casa y buscaron refugio. Muchos más hicieron lo mismo en una escuela de la zona de Tabarre, donde personas de todas las edades viven desde que recrudeció el enfrentamiento.
“Desde que ocurrió el desastre en Butte Boyer [uno de los barrios de Cul-de-Sac], hemos estado acostados aquí. Mi casa se quemó. Mi tienda fue saqueada”, dijo a la agencia Efe Tamoumoune, una mujer de 38 años que se refugió en la escuela con sus tres hijos y unas pocas cosas. En ese edificio, informó la agencia, no hay electricidad ni agua.
Según datos de la ONU del 5 de mayo, 48 escuelas, cinco centros médicos y ocho mercados fueron cerrados por la situación de violencia. De acuerdo con Unicef, desde finales de abril unos 500.000 escolares están impedidos de ir a clases. La representación de la ONU en Puerto Príncipe manifestó también su preocupación por la situación de los niños en Haití, en particular por su reclutamiento por parte de las pandillas que operan en el país, que son más de un centenar.
La Oficina de Protección al ciudadano (OPC), una institución haitiana dedicada a los derechos humanos, cuestionó en un comunicado que “no hay ningún mensaje ni acción ni del gobierno ni del Consejo Superior de la Policía Nacional. Estos gestos demuestran la incapacidad de las autoridades para reaccionar, dejando que las bandas armadas decidan sobre la vida y la muerte de los ciudadanos”.
El 6 de mayo, decenas de haitianos de los barrios afectados marcharon por las calles de Cul-de-Sac para reclamar al gobierno que tome medidas. “Las autoridades deben asumir sus responsabilidades. Señor primer ministro, asuma sus responsabilidades. Quiero que todos vuelvan a sus casas para que puedan vivir cómodamente. La llanura de Cul-de-Sac no se va a transformar en Martissant”, dijo uno de los manifestantes. Martissant es una zona que ya se encuentra bajo completo control de las bandas.
Un guardia de seguridad en la Escuela Nacional de la Cruz de las Misiones, cerrada por la guerra de pandillas, en la comuna de Tabarré, distrito de Puerto Príncipe.
Foto: Johnson Sabin, EFE
Secuestros en la frontera
Caribe Tours, una de las dos empresas de transporte de pasajeros que unen República Dominicana y Haití, anunció que dejará de llegar a ese país debido a la falta de seguridad. Tomó la decisión después de que la Policía haitiana impidiera el secuestro de un ómnibus de la compañía.
La otra empresa que brinda ese servicio, Metro, sufrió a comienzos de mayo el secuestro de uno de sus vehículos, en el que viajaban ocho ciudadanos turcos, ocho haitianos y un chofer dominicano. Según la Policía, los secuestradores eran integrantes de la banda 400 Mawozo. Hasta el viernes sólo habían sido liberados el chofer y una mujer haitiana que trabajaba como azafata en el ómnibus.
El año pasado, en la misma zona, en Croix-des-Bouquets, esa banda secuestró a 17 religiosos –16 estadounidenses y un canadiense– que permanecieron retenidos durante dos meses. Más cerca en el tiempo, el 28 de abril, fue secuestrado un diplomático dominicano, Carlos Guillén Tatis, a quien retuvieron durante cuatro días y luego fue liberado. El gobierno de República Dominicana manifestó públicamente esta semana que “de ninguna manera” va a pagar por el rescate de ciudadanos secuestrados en Haití.
“La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país ni resolver el resto de sus problemas”, decía el presidente dominicano, Luis Abinader, en un acto oficial, el 20 de febrero, cuando inauguró en la frontera la construcción de una “verja perimetral inteligente” de 164 kilómetros, que separe a su país de Haití.
El jueves, en Puerto Príncipe, cientos de personas se manifestaron contra la violencia que afecta a la capital, y contra los secuestros en particular. En respuesta, de acuerdo con Efe, la Policía dispersó a los manifestantes utilizando munición real.
Después del magnicidio
Las bandas armadas operan en Haití desde hace años, pero la violencia aumentó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. Ese crimen sigue sin resolución, aunque hay varios detenidos. Uno de ellos es el exsenador haitiano John Joel Joseph, que fue extraditado de Jamaica a Estados Unidos y compareció el lunes 9 ante un tribunal del estado de Florida para ser juzgado por conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos, informó Efe. También se lo acusa de “brindar apoyo material que resultó en la muerte [de Moïse], sabiendo o con la intención de que dicho apoyo material se usaría para preparar o llevar a cabo la conspiración para matar o secuestrar”.
Según la Fiscalía estadounidense, Joseph es responsable de haber alquilado cuatro vehículos utilizados en el atentado contra Moïse, que fue asesinado en su casa. Agrega que “el complot se centró inicialmente en llevar a cabo un secuestro del presidente haitiano”, pero “finalmente resultó en un complot para matar al presidente”.
Además de Joseph, la Justicia estadounidense investiga a un haitiano nacionalizado chileno, Rodolphe Jaar, y al exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios. Otras decenas de personas están en prisión por ese crimen en Haití, entre ellas un supuesto autor intelectual, el médico Emmanuel Sanon.