Voceros del Ministerio de Defensa de Rusia reconocieron este jueves que sus Fuerzas Armadas bombardearon el miércoles la estación de trenes de la localidad de Chaplyne, ubicada en el óblast (provincia) de Dnipropetrovsk, situada al norte de la región del Donbás, pero argumentaron que el objetivo del ataque era un tren que transportaba a militares y descartaron que hayan habido bajas civiles.
Las autoridades ucranianas estimaron que como consecuencia de la incursión rusa murieron 25 personas, entre ellas dos niños, mientras que más de 30 personas habrían resultado heridas. En cambio, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que, en el ataque, murieron más de 200 militares ucranianos que se habían embarcado para unirse a los combates en la región del Donbás, informó la agencia Europa Press con base en información de la agencia alemana DPA.
La falta de verificación independiente imposibilita cualquier tipo de aclaración externa sobre lo que realmente sucedió, aunque en línea con el gobierno ucraniano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) da por hecho que en el ataque sobre Chaplyne murieron víctimas civiles.
Otra cuestión que sigue generando inquietud en el marco de la guerra, que empezó hace ya seis meses con la invasión rusa a territorio ucraniano, es la que se está dando en la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el óblast homónimo, en el sureste de Ucrania, que está bajo control de Moscú casi desde el comienzo del conflicto bélico.
Este jueves, por primera vez en más de 40 años, la central, que es la más grande de Europa, quedó desconectada temporalmente de la red nacional ucraniana, según informaron autoridades. La línea eléctrica que conecta la planta con la red fue cortada dos veces por incendios en los pozos de cenizas de una central eléctrica, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad dependiente de la ONU, comunicó más tarde que la línea eléctrica se restableció y que “estaba funcionando nuevamente”. Según informó el diario británico The Guardian, el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grassi, dijo que estaban muy adelantadas las gestiones para que una comisión de esa entidad visite las instalaciones de la central en los próximos días.
También el jueves se refirió a la guerra en general, y a la situación que se vive en torno a Zaporiyia en particular, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien exhortó al presidente ruso, Vladimir Putin, a que ponga fin “al ataque armado contra Ucrania”, y pidió la desmilitarización de la central nuclear.
“Ayer hizo seis meses que Rusia invadió Ucrania. Seis meses increíblemente terroríficos para el pueblo ucraniano, en los que 6,8 millones de personas tuvieron que huir de su país. Millones más se han visto desplazados dentro del país”, declaró Bachelet, según informó AFP. “Seis meses después continúan los combates, con riesgos inconcebibles para los civiles y el medioambiente, a causa de las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporiyia”, de las que Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente, lamentó Bachelet, quien dejará su cargo en la ONU a fines de este mes.
Pero más allá de la declaración de Bachelet, en Rusia el gobierno apunta a que el conflicto bélico seguirá, y en ese sentido el Kremlin comunicó el jueves que Putin firmó un decreto para aumentar el número de funcionarios militares, que pasarán a ser, a partir del 1º de enero del próximo año, 2.039.758, incluyendo a 1.150.628 que son efectivamente militares y no personas que se desempeñan en otras áreas. Un decreto de 2018 había fijado las cifras en 1.902.758 y 1.013.628 respectivamente, informó la agencia estatal rusa TASS.
Según la cadena Al Jazeera, el Kremlin asegura que únicamente los soldados voluntarios contratados participan en lo que Rusia denomina eufemísticamente “operación militar especial” en Ucrania. Varias fuentes aseguran que las autoridades rusas están tratando de aumentar la cantidad de tropas involucradas en la acción militar en Ucrania atrayendo más voluntarios, contratando a militares e incluso ofreciendo amnistía a algunos presos a cambio de un período de servicio militar. Las autoridades regionales también intentaron reforzar las filas del Ejército formando batallones de voluntarios que se desplegarán en Ucrania en los próximos meses. De acuerdo a la legislación rusa, todos los hombres de 18 a 27 años deben estar un año en el Ejército, pero una gran parte logra evitar el servicio militar obligatorio por razones de salud o por aplazamientos otorgados a los estudiantes universitarios. En los últimos años, el gobierno ruso demostró su voluntad de aumentar la proporción de soldados voluntarios contratados en un intento de modernizar el Ejército y mejorar su preparación.