La violencia con la que el gobierno de Javier Milei reprimió el jueves la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, con gases, balas de goma y carros hidrantes, recibió el viernes el repudio de distintos sectores políticos y también de referentes universitarios.
Uno de ellos, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, consideró que las fuerzas de seguridad cuentan con elementos suficientes para identificar a personas responsables de hechos violentos y que debieron recorrer ese camino en lugar de iniciar una represión masiva.
Según distintos testimonios e imágenes, algunas personas con la cara tapada, que según los manifestantes eran infiltrados, lanzaron piedras a policías, lo que dio paso a la violencia policial indiscriminada.
“Soy el primero en repudiar cualquier hecho de violencia, pero la Policía fue ineficiente porque lo que tenía que hacer era identificar a los violentos”, dijo Yacobitti. Consideró que esos hechos violentos iniciales son funcionales a que se pierda de vista el motivo de la protesta y la propia movilización masiva que el jueves se desplegó ante el Congreso.
“Pensá que somos miles de personas que estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía?”, dijo el vicerrector al canal TN. “Con toda la infraestructura que hay, mañana la Policía tendría que decir: ‘Estas fueron las personas responsables de lo que pasó’”, agregó.
Yacobitti dijo que “si uno quiere ser funcional a una minoría de violentos, se la pasa hablando de esto. Si no, la noticia fue el más de un millón de personas que se movilizaron en todo el país para que el presidente cumpla las leyes que vota el Congreso”.
En este caso, la ley cuyo cumplimiento reclamaron los manifestantes es la de financiamiento de la educación universitaria, la 27.795. Esa norma, de 2025, fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso levantó el veto con las mayorías necesarias en las dos cámaras.
El gobierno argumenta que con un decreto, el 759/2025, condicionó la ejecución de esta ley a contar con determinadas fuentes de financiamiento y partidas presupuestales en un contexto de restricción del gasto.
A su vez, la Justicia declaró inconstitucional ese decreto, ante lo cual el Poder Ejecutivo interpuso un recurso. Según informó el diario Ámbito, la disputa legal continúa y días atrás un juez hizo lugar a un amparo presentado, entre otros, por el Consejo Interuniversitario Nacional, que integran distintas instituciones.
La ley de finamiento apunta a que se actualicen distintas partidas que requieren las universidades públicas para seguir funcionando, como la actualización de salarios y becas. Los manifestantes advierten que, si la ley no se cumple, las universidades corren peligro de dejar de funcionar en 2027.
Con un frente de esa amplitud abierto, la reacción del Poder Ejecutivo que se conoció el viernes fue la decisión del Ministerio de Seguridad de presentar una denuncia penal contra los manifestantes que participaron en incidentes en la marcha del jueves. Según informó el diario Perfil, la denuncia pide que se investiguen delitos de resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional. Sin embargo, de acuerdo con el periódico, en el expediente en el que aparecen imputadas algunas personas detenidas los delitos por los que se las investiga son los de resistencia o desobediencia a la autoridad. No hay acusaciones vinculadas con un peligro para la institucionalidad del país.
“Que el presidente cumpla la ley”, dijo Yacobitti a TN. “El mensaje que se está mandando es que el presidente de la Nación, que es el que más poder tiene, no cumple la ley. Entonces: ¿qué es lo que se puede esperar del resto?”, agregó.