El presidente argentino, Alberto Fernández, hizo este miércoles el primer movimiento legal para plantear un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Se reunió en la quinta de Olivos con el titular del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara Baja, Germán Martínez, y la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, y les entregó la solicitud formal de juicio político con el pedido de que “inicien su pronto tratamiento legislativo”.
El presidente no está solo en esta solicitud, ya que logró acompañar el pedido de juicio político con la firma de 11 de los 18 gobernadores que el martes rechazaron públicamente el fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de recursos que definió el gobierno nacional en 2020.
“Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”, dice el documento que cuenta con el apoyo de los gobernadores.
El texto apunta también a los otros miembros del tribunal: “asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”.
Para que la iniciativa del Ejecutivo avance, el Congreso debe recibir un llamado a sesiones extraordinarias, que debe realizar el presidente, algo que se espera ocurra en los próximos días. Cuando esté la convocatoria a sesiones extraordinarias, se va a llamar a la Comisión de Juicio Político para que empiece a sesionar sobre el tema.
El primer paso en la Comisión de Juicio Político es realizar un informe en el que se analiza la “verosimilitud de la denuncia”; si hay acuerdo en que corresponde, se inicia el sumario del proceso de investigación.
Durante la investigación se recolectarán pruebas sobre la denuncia y se llamará a los acusados para tomar declaración; todos los ministros de la Suprema Corte tendrán la posibilidad de concurrir o no, porque no es obligatorio. En caso de que quieran acudir, podrán ejercer el derecho de defensa y se les mostrará todas las pruebas que se hayan reunido.
Finalmente, la Comisión de Juicio Político emitirá el dictamen que avala o no la denuncia. En esa comisión el Frente de Todos tiene 16 de los 31 legisladores que la integran, y para avalar el dictamen se requiere mayoría simple. En caso de que cuente con el aval, se pasa al pleno de la Cámara, donde se necesitan dos tercios de los presentes para aprobar la acusación.
¿Por qué Alberto Fernández inicia el juicio político contra la Corte Suprema?
El 1º de enero por la mañana se conoció que Alberto Fernández avanzaría con un juicio político contra la Corte Suprema. El presidente informó a través de su Twitter que iba a proceder para que se investigue la conducta en el desempeño de sus funciones del presidente de la Corte.
El 21 de diciembre se supo que la Corte Suprema de Justicia había fallado a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado al gobierno de esa ciudad a través de un decreto de 2022, firmado por Alberto Fernández.
En su fallo, la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro de 2,95% de los fondos coparticipables a la ciudad, que el gobierno nacional había recortado para transferirlos a la provincia de Buenos Aires, con el fin de otorgar un aumento a la Policía Bonaerense, en medio de protestas.
En ese entonces, el gobierno de Buenos Aires presentó un amparo a la Corte reclamando la ilegitimidad del recorte de fondos de sus recursos para pasarlos a la provincia. Con el fallo de la Corte, el gobierno nacional debe acatar la orden judicial que indica que se le “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,95% de la masa de fondos” coparticipables.
La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, argumentó que la Corte actúa contra la división de poderes republicana. “En 40 años de democracia, no podemos dejar pasar que la Corte Suprema ha avasallado la división de poderes”, dijo en una rueda de prensa en la que justificó el pedido de juicio político: “se trata de una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando”.
Según la vocera, con ese fallo la Corte avanzó sobre el Poder Ejecutivo “para tomar una decisión que involucra al reparto de los fondos, sobre la base de lo que establece la Constitución”.
En los últimos días del 2022 también se divulgaron una serie de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, con el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, en los que intercambian sobre el fallo por coparticipación, entre otros temas.
Si bien la vocera aseguró que “el Presidente nunca avaló los chats”, Fernández había mencionado el punto cuando manifestó su intención de impulsar el juicio político. El 1º de enero había dicho que se vivía “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina” y aseguró “diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”. “Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, agregó Fernández.