Este martes, uno de los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Valim, brindó una entrevista en Paren el mundo en la diaria Radio, en la que abordó la estrategia que busca la revisión de la sentencia que rige sobre la exmandataria en torno al denominado caso Vialidad.
El caso corresponde a una causa que investigaba una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales, por el que se condenó a Fernández a seis años de prisión domiciliaria y se la inhabilitó a ejercer cargos públicos en perpetuidad. Si bien entonces su equipo legal interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el intento fracasó y el órgano ratificó la sentencia el año pasado. Esto llevó a los abogados de la líder peronista a llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés), para lo que incorporó nuevos abogados a su equipo, entre ellos, el propio Valim, quien también representó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato.
El abogado brasileño, que resaltó la figura de la expresidenta como “una persona extraordinaria, muy fuerte y que está muy confiada en sus propósitos”, explicó que el recurso fue interpuesto ante el UNHRC, ya que es el “organismo encargado de garantizar la efectividad de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, y que contiene diferentes tipos de peticiones, entre los que destacó una serie de pedidos cautelares que “tienen que ser examinados de una manera pronta [e] inmediata”.
Es así que indicó que si bien “la decisión de fondo sobre el caso” probablemente se tome tras años de deliberaciones, es de esperar que las medidas cautelares solicitadas sean tramitadas más rápidamente, algo que en el mejor de los casos podría suceder en la próxima sesión del comité, en octubre, adelantó. Consultado sobre su contenido y las posibles derivaciones que podrían tener, dijo que si bien son “varios”, aquellos pedidos que “están generando más debate” son los que solicitan la suspensión de la inhabilitación perpetua para presentarse a ejercer cargos públicos que actualmente pesa sobre Fernández, mediante los cuales se busca que “pueda ejercer libremente sus derechos políticos”. También se refirió a un pedido de suspensión del régimen de prisión domiciliaria que la Justicia argentina impuso a la expresidenta, y que el equipo legal entiende que contiene restricciones que contravienen no solo la legislación argentina, sino también “la generalidad de otros encarcelados en la misma condición”.
“Ese pedido, que está vinculado a sus derechos políticos, obviamente es lo que está generando más esperanza de depender del campo político”, sostuvo Valim, quien recordó que de haber una decisión favorable, “el Estado argentino la tiene que cumplir”. Esto en tanto el pacto mencionado fue ratificado “libremente” y la Constitución del país vecino le confiere un rango constitucional, argumentó.
Para abogado, incumplimiento de una eventual decisión del Estado argentino “tendría un impacto muy fuerte”
Valim recordó que si bien la medida cautelar tendría un carácter vinculante, su aplicación no es inmediata, y la Justicia argentina será el órgano encargado de ponerla en marcha “en el plano interno”, en caso de aprobarse. Admitió que esto posibilita su no acatamiento, si bien matizó que, de todas maneras, “la presión es tan grande y el incumplimiento por un Estado de una decisión como esta es tan grave que tiene otras consecuencias que acaban por ayudar en la resolución del caso”, tal como sucedió en el caso de Lula.
El abogado identificó una similitud clara entre ambos procesos en “la instrumentalización de un proceso judicial para destruir a un líder político”, que se identificó como lawfare y que agrupó con “fenómenos que afectan y vacían nuestras democracias constitucionales”. “En el caso de Lula y en el caso de Cristina esto es muy claro: no hay, desde el punto de vista técnico-jurídico, ningún fundamento para condenar a Cristina, así como no había para condenar al presidente Lula”, sostuvo.
Con respecto a la movilización política en apoyo a ambos casos, Valim consideró que si bien hay “un movimiento muy fuerte” que tiene sus semejanzas con el del caso Lula, el llamado Movimiento Lula Libre, este no tiene por qué alcanzar los mismos niveles de organización. “Eso no es algo que yo coordine o de lo que esté encargado; pero hay una movilización muy fuerte en Argentina en favor de la libertad y también de la defensa, en modo general, de los derechos de la presidenta Cristina [Fernández de] Kirchner”, destacó.
Así, y en función de las diferentes circunstancias que rodean a ambos casos, con contextos geopolíticos y poblaciones diferentes, advirtió que no se trata de “emular la estrategia” utilizada en el pasado. También apuntó a la “postura agresiva y refractaria a los derechos humanos” del actual presidente, Javier Milei, como algo que “genera en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos una inclinación a mirar los casos con un cuidado especial”.
“Todo eso es muy complejo, y los factores que llevan a la ascendencia de líderes de extrema derecha también es algo muy complejo”, aseveró Valim, quien advirtió que “un eventual incumplimiento de una decisión tendría un impacto muy fuerte, a pesar de [estar] Javier Milei en el poder”.