Desmarcándose del gobierno español que encabeza Pedro Sánchez, que en todo momento evitó culpar a Marruecos de la situación, este lunes la ministra de Defensa Margarita Robles señaló directamente al reino norafricano al pedirle que investigue “hasta el final” la llegada de miles de personas a nado y cruzando la frontera de manera irregular a la ciudad de Ceuta, episodio que, de acuerdo con las últimas actualizaciones, les costó la vida a casi 100 personas.
Desde una base aérea en Zaragoza, además de reclamarle explicaciones al reino con capital en Rabat, la ministra Robles también apuntó contra las “mafias” que hayan podido provocar esta situación. “Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido, tendrá que asumir responsabilidades”, dijo la secretaria de Estado, de acuerdo con lo que consignó Radio Televisión Española.
“No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano”, enfatizó Robles, que volvió a defender la soberanía de Ceuta y también de Melilla: “Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca”.
Un número creciente de voces viene acusado a Marruecos de contribuir a avivar la crisis, entre ellos el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular (PP), quien calificó los cruces fronterizos de la semana como un ataque a la integridad territorial de España, percibido como algo que, “si no fue orquestado, al menos fue alentado o permitido por Marruecos”.
Las autoridades españolas informaron el lunes que unas 69.500 personas habían retornado a Marruecos en los últimos días. Se estima que unas 2.500 personas de las que realizaron el cruce permanecían aún en Ceuta, entre ellas, cerca de 900 menores de edad.
Esta afluencia extraordinaria desbordó por completo la ciudad, de 84.000 habitantes, y desencadenó una crisis política en toda la Unión Europea (UE), ya que numerosos estados miembros responsabilizaron a España de la situación. En Ceuta, los dirigentes señalaron el contexto como algo más amplio de lo sucedido. “Es una atrocidad”, declaró el presidente regional Vivas. “Hay 88 cuerpos en la morgue y hay más al otro lado de la frontera”, apuntó.
Temiendo tensar la situación con el país vecino, el gobierno casi en su totalidad evitó en estos últimos días culpar a Marruecos de la situación. Este lunes ha ido un paso más allá al tener buenas palabras sobre la “colaboración” del país vecino en el retorno de “la inmensa mayoría” de las personas que cruzaron la frontera, de acuerdo con lo que informó el diario La Vanguardia de Barcelona.
Por ahora, más que mirar hacia el país africano, las críticas se dirigen tanto a los partidos de la oposición –PP y Vox– como a otros estados del bloque comunitario, sobre todo Italia, que pusieron en duda el papel de España en todo este asunto, que será abordado este martes en una reunión extraordinaria de los ministros de Interior comunitarios. Desde el gobierno de Pedro Sánchez también se apuntó contra la “internacional reaccionaria” que, según el Ejecutivo, difundió “mentiras y falsas noticias”.
Paralelamente, este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos dijo que alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitó la cooperación migratoria, y agregó que la gestión migratoria es “una responsabilidad compartida”.
Según informó El País de Madrid, la cancillería marroquí alude en sus declaraciones a la reciente sentencia del Supremo que señala que no se puede aplicar el “rechazo en frontera” o “devolución en caliente” a los migrantes interceptados en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla. En respuesta a estas declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que encabeza José Manuel Albares, afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones “no abre ninguna vía de entrada a España”.
La cancillería española argumentó que “entrar irregularmente a España a través de Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en el país, ni a viajar a la península ni a circular por Europa”.