El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revocó este lunes dos medidas de la presidencia de Jair Bolsonaro. Una de ellas permitía la tala de madera en las reservas indígenas de Brasil; la decisión de dejarla sin efecto fue anunciada por la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara.
“Revocada la instrucción normativa 12 de 2022 de la Funai [Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas] y del Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente] que facilitaba la explotación de recursos madereros en las tierras indígenas”, anunció Guajajara en sus redes sociales. “Este fue uno de los últimos actos firmados en la gestión de Bolsonaro. Nuestro compromiso es con la protección de las tierras indígenas. ¡No permitiremos más retrocesos!”, tuiteó la ministra.
La norma revocada permitía que los propietarios de tierras en las que se encuentran las reservas indígenas y organizaciones con participación de indígena explotaran comercialmente la madera extraída de las reservas. Hacía posible así que empresas legalizaran la madera que habían extraído de manera ilegal de esos territorios, informó la agencia Efe.
El decreto, que había sido firmado por Bolsonaro pocos días antes de dejar el país y que entraba en vigencia este lunes, había sido muy criticado porque autorizaba la explotación de territorios protegidos por la Constitución. La mayoría de esas reservas se encuentra en la Amazonia, y son amenazadas, entre otros factores, justamente, por la tala ilegal.
Por otra parte, el Ministerio de Salud del gobierno de Lula, encabezado por Nísia Trindade, revocó este lunes una norma que dificultaba el acceso al aborto incluso en caso de violación, una de las pocas situaciones en que es legal practicarlo. La norma, vigente desde setiembre de 2020 y aprobada por el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, obligaba a médicos y hospitales a notificar a la Policía cuando se iba a realizar un aborto a una posible víctima de violación. La medida tenía el efecto de desestimular a las mujeres, sumar burocracia y demorar la interrupción legal del embarazo.
En Brasil sólo se permite practicar un aborto en casos de violación, peligro de la vida de la madre o cuando el feto presenta anencefalia. La limitante que sumó Pazuello fue repudiada en ese momento por organizaciones sociales y dirigentes políticos. Se le criticó que no respetaba la situación de la víctima ni el secreto de la relación entre médico y paciente. Además, la medida determinaba que, antes de practicar el aborto, se debía ofrecer a la gestante la posibilidad de ver al embrión mediante una ecografía.
Piden prisión preventiva para 39 involucrados en actos golpistas
La Procuraduría General de la República de Brasil presentó ayer al Supremo Tribunal Federal denuncias contra 39 personas que participaron en los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado el domingo 8. Según informó la revista Carta Capital, el subprocurador general, Carlos Frederico Santos, dijo que “el objetivo final de los actos golpistas sería la instalación de un régimen de gobierno alternativo, producto de la abolición del Estado democrático de derecho”.
La procuraduría pidió prisión preventiva para esas personas por los delitos de asociación delictiva, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daños a los edificios públicos, y además solicitó el bloqueo de sus bienes por un valor de 40 millones de reales, unos siete millones y medio de dólares.