Uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luís Roberto Barroso, ordenó que la Procuraduría General de la República investigue si autoridades del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro cometieron el delito de genocidio contra el pueblo yanomami. Por la condición de reservada que tiene la investigación, Barroso no dio a conocer los nombres de las personas investigadas.
También se intentará determinar si se cometieron delitos de desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales vinculados con este caso. El magistrado mencionó que se pudo haber desobedecido la sentencia del Supremo Tribunal Federal que había ordenado al gobierno retirar a cerca de 20.000 mineros ilegales que actúan en la reserva yanomami, la mayor del país. Esa resolución buscaba en su momento evitar que los mineros contagiaran de covid a la población que vive en ese lugar, señaló la agencia Efe. Además, según Barroso, hay sospechas de que se filtraron las fechas en las que se realizarían operativos contra la minería, lo que habría permitido a los mineros evadirlos.
El magistrado tomó la decisión en base a datos que presentaron ante el tribunal el gobierno y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Según se divulgó en los últimos días, miles de indígenas yanomamis enfrentan la desnutrición, la contaminación de sus aguas y diversas enfermedades, que han causado la muerte de 570 niños en los últimos cuatro años. La crisis llevó a que el gobierno declarara la “emergencia sanitaria” en la reserva de unos diez millones de hectáreas, en la que viven unas 27.000 personas.
Según informó la revista Carta Capital, Barroso dio al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva un plazo de 30 días para que presente un diagnóstico sobre la situación en esas tierras indígenas, así como un plan y un cronograma de acciones para actuar contra la minería ilegal. Esa actividad, en particular la explotación de oro, es responsable de la contaminación con mercurio de los ríos en la reserva. Para Barroso, los datos recibidos muestran un “cuadro gravísimo y preocupante, sugestivo de absoluta anomia en el trato de la materia, así como la práctica de múltiples ilícitos”.
El ministro de Defensa, José Múcio, anunció que la próxima semana visitará el estado de Roraima junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas para auxiliar al equipo al que el gobierno encargó combatir la minería ilegal en la reserva. Agregó que cada fuerza tendrá una acción específica en el territorio: el ejército identificará a quienes están cometiendo delitos, la marina vigilará los ríos y la fuerza aérea monitoreará el espacio aéreo. “Tenemos que tener un esfuerzo concentrado de todas las instituciones para que podamos subsanar el problema. Es una tristeza. Antes de encontrar [a los responsables] precisamos salvar a esta población”, dijo Barroso a BandNews TV.
Este martes los operativos contra la minería ilegal dieron como resultado la incautación de 24 avionetas utilizadas por buscadores de oro. Según informó Efe, la Policía manifestó que otras aeronaves fueron destruidas en los operativos.
Bolsonaro pidió a Estados Unidos una visa de turista
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pretende quedarse por más tiempo en Estados Unidos, donde se encuentra desde fines del año pasado. Así lo informó el lunes su abogado, Felipe Alexandre, quien aclaró que el exmandatario solicitó el viernes una vista de turista que le permitiría permanecer en ese país por seis meses más. “A él le gustaría tomarse un tiempo libre, despejar su cabeza y disfrutar de ser un turista en Estados Unidos durante unos meses antes de decidir cuál será su próximo paso”, dijo el abogado a la agencia Reuters. El tiempo que pase en ese país “dependerá de él y de la estrategia que acordemos emprender en función de sus planes”, agregó.