Javier Milei comenzó su gobierno con una sucesión de medidas drásticas que apuntan a un retiro casi absoluto del Estado de la economía, hasta un extremo que excede el alcance de otros períodos neoliberales, como los de Mauricio Macri (2015-2019), Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y la última dictadura militar (1976-1983).
“El plan macrista fue fallido, se podrá analizar si por ‘gradualista’, como sostienen sus autores, o por haber tomado 188.000 millones de dólares de deuda en 20 meses y agotado la cuenta capital. El menemista tiene puntos en común con el de Milei, pero se tomó entre tres y cuatro años para implementar un set de reformas en la línea que este gobierno impulsa con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y una ley ómnibus en 18 días de gestión”, dice a la diaria Leandro Mora Alfonsín, docente de la Universidad de Buenos Aires y ex director nacional de Política Industrial (2019-2022).
No bien asumió, Milei dispuso una devaluación de 54,3%, entre las más altas de la historia, lo que de inmediato aceleró la inflación. En diciembre y enero, las proyecciones indican un alza de precios del orden de 30%, es decir, más de tres veces el promedio mensual del último año de gobierno del peronista de centroizquierda Alberto Fernández, que a su vez marcó un récord en tres décadas. La estimación para 2024 excede el 300%, que en parte será atribuible a las decisiones de Milei, y en otra a los desequilibrios legados por Fernández que tornaban inevitable una depreciación del peso.
En paralelo, el presidente ultraderechista instrumentó un ajuste “fuertísimo, clásico neoliberal, con congelamiento del gasto público, recorte de jubilaciones en términos reales, discrecionalidad de la administración de precios indexados que representan 40% del presupuesto. Todo ello, con aumento de impuestos y de retenciones a la exportación, que no serían medidas de corte liberal”, dice Mora Alfonsín.
Milei también ataca problemas que economistas heterodoxos admiten como reales, como el peso de los juicios laborales en la estructura de pequeñas y medianas empresas. Lo hace en modo extremo, al reducir los derechos de los trabajadores –entre ellos, a la huelga– a la mínima expresión y al fomentar una flexibilización draconiana en la contratación y los aportes patronales.
Impacto social
La contracara de estas medidas es que la contención social es prácticamente inexistente, salvo la duplicación de la asignación universal por hijo, que se otorga a todos los menores de 18 años, y el Programa Alimentar (un bono alimentario), que subió 50%. El jueves, el gobierno anunció un bono especial de 55.000 pesos para jubilados en diciembre y enero (70 dólares). Esos alicientes están por debajo del salto del dólar de diciembre (118%), que va camino a verse reflejado en precios en un trimestre.
El resto de la vasta red de programas de ayuda desarrollados por los últimos cuatro gobiernos peronistas –para terminar la secundaria, a trabajadores con baja calificación, a los 1.000 días del recién nacido, a madres solteras y a cooperativas de trabajo– o bien fueron discontinuados o sus estipendios fueron licuados al no anunciar aumentos por la inflación.
“La decisión política de establecer que el ancla de los precios sea una depresión del consumo en un país con 40% de pobreza (el índice no debe compararse con otros países latinoamericanos porque en Argentina la vara para medirla es mayor) y alta desigualdad tendrá consecuencias graves”, sostiene Mora Alfonsín.
El ministro de Economía, Luis Caputo, que fuera titular de Finanzas con Macri, parece repetir el esquema que colapsó en 2018. Aquel plan generó el denominado carry trade, mediante el cual inversores extranjeros apostaban por instrumentos en pesos con altas tasas mientras el dólar se mantenía planchado. Cuando el mercado percibió que el gobierno de Macri tendría problema de pago, los inversores vendieron sus posiciones en pesos e intentaron volver al dólar.
Ahora, tras la devaluación anunciada el 13 de diciembre, se informó que el dólar se apreciaría sólo 2% mensual contra una inflación de 30%. Nuevamente, los inversores están yendo a posiciones en pesos, con fecha de salida en el corto plazo. “¿En qué tipo de ciclo estaríamos si en marzo próximo hay presiones para una nueva devaluación?”, se pregunta Mora Alfonsín.
El método del DNU
Para reformatear la economía, Milei se valió de un DNU que ya comenzó a regir hasta su eventual desaprobación en ambas cámaras del Congreso, que podría no ocurrir, y de una ley ómnibus denominada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que contiene 664 artículos.
En el pasado, presidentes de todos los colores firmaron decenas de DNU, creados supuestamente para situaciones excepcionales, pero el mandatario ultra, con un único instrumento, pretende modificar más leyes que la suma de los últimos cuatro períodos presidenciales.
Cuando los sindicatos comenzaban a activar protestas y constitucionalistas de diversa procedencia acumulaban opiniones sobre la nulidad absoluta del DNU, Milei envió al Congreso la ley ómnibus en la que reclama la delegación casi absoluta de las facultades legislativas hasta el fin de su mandato, en 2027. En los hechos, la Cámara de Diputados y el Senado se quedarían sin actividad durante todo el gobierno de Milei.
“Habrá que activar denuncias ante organismos internacionales, porque no habrá mucho más que hacer acá adentro si esto se aprueba”, resumió Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
El paquete incluye medidas de tinte netamente autoritario, como la virtual extinción del derecho a la protesta si no se cuenta con permiso del Ministerio de Seguridad.
La liberalización absoluta que se propone llevar adelante Milei alcanza los grandes ejes de la economía, como los hidrocarburos, la agricultura y la banca, pero también nichos específicos y estratégicos.
El plan de privatizaciones incluye a la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Aguas y Saneamientos, la empresa nacional de satélites, los medios públicos, puertos y centrales nucleares. A su vez, elimina organismos de control, legislaciones antimonopólicas, todo resguardo para prevenir conflictos de intereses y dispone el cierre de instituciones estatales con décadas de funcionamiento, algunas virtuosas.
Para Mora Alfonsín, “el retiro del Estado sin ninguna estrategia de desarrollo, desde una mirada muy ideologizada y dogmática”, sintoniza también con el plan de la última dictadura militar (1976-1983), que quebró un rumbo de desarrollo y sentó daños estructurales de los que Argentina nunca se recuperó.
Los ganadores
Un simple repaso de las medidas propuestas ilumina el beneficio para el gigante Techint. Ejecutivos de esta empresa siderúrgica, productora de hidrocarburos y constructora desembarcaron en la conducción de YPF, la firma con mayoría estatal de gas y petróleo líder del mercado y con un enorme potencial.
Como todas las petroleras, Tecpetrol, segunda productora de gas, maximizará sus beneficios ante la liberalización del mercado hidrocarburífero que propone la ley ómnibus.
A su vez, son varios los ejecutivos de la empresa en la que Milei trabajó 13 años, Corporación América (aeropuertos, petróleo, obras públicas), que pasaron a ocupar altos cargos en el gobierno. Otros gigantes, como el Grupo Werthein (televisión paga, agro, obras públicas) e IRSA (agro, centros comerciales, construcción, hoteles), también tejieron una relación íntima con la presidencia de Milei.
La desarticulación de todo control de precios encuentra entre los privilegiados a grandes empresas de alimentos, como Arcor, Blaquier y Molinos, y a supermercados, como Carrefour, Jumbo y Disco.
Milei se propone liquidar el estatal Banco Nación, el de mayores depósitos del país, lo que abre un apetitoso negocio a sus competidores privados. Además, los bancos podrán cobrar los intereses punitorios a deudores y las comisiones a sus clientes que deseen.
La misma lógica beneficiará a los laboratorios, ya que el gobierno anulará la producción estatal de medicamentos, que llega a reducir en 90% el costo de algunos remedios.
En materia de medios y telecomunicaciones, el Grupo Clarín aparece como destinatario del levantamiento de todo límite a su posición dominante, pero a su vez, podría sentirse afectado por mayores oportunidades a extranjeros que ya operan en Argentina, como Claro (del mexicano Carlos Slim), y Telefónica y DirectTV, de los Werthein.
Asimismo, la media docena de empresas de medicina prepaga que dominan el mercado podrán aumentar a discreción.
La Libertad Avanza es un partido exiguo creado por Milei, liderado por su hermana Karina e integrado por unos pocos colaboradores provenientes de empresas, militantes de la derecha más conservadora, las redes sociales y el periodismo. El estudio Bruchou & Funes de Rioja, uno de los más grandes entre los de derecho empresarial, trabajó en la redacción de diferentes normas, según constató la diaria de varias fuentes.
Mora Alfonsín estima que la apertura de una economía con un gran potencial de integración en el ciclo económico mundial que se abre es necesaria, pero “debe ser inteligente, con un reordenamiento económico que no pudieron llevar a cabo ni Juntos por el Cambio ni el peronismo, sometido a sus luchas internas”.
Entre tantos ganadores, ¿quiénes pierden? “Las pequeñas y medianas empresas y los sectores informales”, señala. “Las medidas avasallan a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, se suspende la doble indemnización por mala registración laboral, que era una de las pocas medidas de defensa que tenían las empleadas en casas particulares, el sector con mayor tasa de empleo en negro que tiene a las mujeres como principales perjudicadas”, concluye el economista.