La Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador aprobó en la noche del miércoles una iniciativa presentada por la Fiscalía para que pueda haber juicios colectivos contra las personas que fueron detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas.
En total fueron 67 congresistas, todos ellos pertenecientes al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y otras formaciones aliadas, quienes dieron el visto bueno a la norma, rechazada por la oposición, que es minoritaria en el órgano legislativo, conformado por 84 integrantes.
Desde que comenzó la denominada guerra contra las pandillas, oficialmente llamada Plan Control Territorial, en marzo del año pasado, fueron detenidas algo más de 71.000 personas.
Antes de ser aprobada, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para dar detalles sobre el alcance de la normativa, que es considerada, tal como explicaron sus autores, como un “decreto de disposiciones” con carácter transitorio.
El fiscal Delgado argumentó que con este instrumento legal “vamos a poder emplear los mismos elementos de prueba para las personas que están ligadas entre sí, por sus vínculos delictivos, por el área en la cual cometieron los delitos, por las víctimas a las cuales afectaban, y no vamos a tener que utilizar esos medios de prueba en diferentes procesos”.
De esta manera, la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal, ni tampoco tendrán que presentarse a declarar los acusadores de los presuntos delincuentes. El ministro Villatoro explicó que esta medida además garantizará la seguridad de la población, porque gracias a la nueva normativa, “vamos a garantizar que no se precise a ningún salvadoreño de bien para poder condenar a estos terroristas”.
“Vamos a presentar casos en contra de cada una de estas estructuras terroristas dependiendo del sector donde operaban: el Estado de El Salvador contra los Locos Salvatruchos, contra todos sus participantes. El Estado de El Salvador contra la tribu Tiny Locotes Sureños, a todos. Ya no vamos persona a persona”, agregó Villatoro, que dijo también que en un mismo proceso podrán ser juzgadas hasta 900 personas de manera simultánea.
“Lo que se busca es que grupos humanos que ya se encuentran en detención provisional y que pertenecen a diferentes células de diferentes pandillas se agrupen de acuerdo a la célula que pertenecen”, explicó el fiscal Delgado, de acuerdo a lo que informó el diario salvadoreño El Mundo.
Además, en un arrebato garantista, el fiscal advirtió que la ley ordena sobreseer definitivamente a los imputados luego de dos años o 24 meses si la Fiscalía no establece que están vinculados a una pandilla. Según Delgado, durante todo el proceso se respetarán “las garantías constitucionales y la presunción de inocencia” a los imputados del régimen, pero quieren presentar las “pruebas ordenadas al órgano judicial para obtener las sentencias adecuadas”.
La aprobación de la normativa fue criticada por legisladores de la oposición, quienes manifestaron que la única finalidad que tiene la implementación de estos juicios colectivos es resolver el colapso del sistema judicial por los miles de arrestos que se produjeron desde que rige el régimen de excepción, que desde su implementación viene siendo renovado por el Parlamento cada 45 días.
Sumamente activo en su cuenta de Twitter, el presidente Bukele no emitió ningún mensaje sobre la inédita medida adoptada por los asambleístas a instancias de su gobierno, pero pese a todo, su popularidad, según todas las encuestas, sigue en franco ascenso. Pese a que está expresamente prohibido por la Constitución salvadoreña, en las elecciones que se realizarán en febrero del año que viene Bukele se presentará en busca de la reelección, algo que se da por descontado que conseguirá, gracias a una interpretación emitida por la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes fueron designados por el propio mandatario.