El Senado de Brasil, en el que la derecha es mayoría, aprobó un proyecto de ley que busca restringir los derechos territoriales que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas. La mayoría de los legisladores está a favor de restablecer el denominado “marco temporal”, por el cual los pueblos originarios sólo pueden reivindicar como propias las tierras que habitaban en 1988, cuando se aprobó la actual Constitución. Contra esa limitación se había pronunciado la semana pasada el Supremo Tribunal Federal, en una decisión que fue celebrada por las organizaciones indígenas brasileñas.
El senador del Partido de los Trabajadores (PT), Randolfe Rodrigues, adelantó que le pedirá al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete la nueva ley. Dijo también que en caso de que el veto sea anulado por el Congreso, se recurrirá una vez más a la Justicia para impugnar la norma, porque el Supremo Tribunal Federal “existe para eso, para ser accionado cuando” la Constitución “es incumplida”.
Para el jurista y profesor de Derecho Constitucional Pedro Serrano, el proyecto de ley aprobado en el Senado es inconstitucional y le corresponderá al Supremo Tribunal Federal declarar esa condición, según dijo a la revista Carta Capital. “No es que el Supremo Tribunal Federal haya creado ese derecho fundamental [a las tierras ancestrales]. Lo reconoció, pero fue la Constitución la que lo creó”, dijo, y consideró “profundamente autoritario” querer “colocar al poder político como un poder superior a la Constitución”.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del derechista Partido Social Democrático, argumentó que la decisión de esa cámara se apoya en la separación de poderes.
“No es revanchismo, pero no podemos omitir nuestro deber, que es legislar”, dijo, según citó O Globo. “No hay ningún tipo de adversidad o de enfrentamiento con el Supremo. Es sólo una posición del Congreso, considerando que temas de esta naturaleza deben ser debatidos en el Congreso Nacional”, agregó.
A su vez, el senador relator para este proyecto, Marcos Rogério, integrante del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, dijo que la iniciativa intenta evitar un “fraude de proliferación de aldeas”. La propuesta, además de restablecer el marco temporal, permite la instalación de bases y puestos militares en esos territorios, independientemente de la consulta con las comunidades.
Varios de los partidos que tienen ministros en el gobierno de Lula votaron a favor de esta iniciativa, que fue impulsada por la bancada ruralista, integrada por legisladores de diversas organizaciones políticas y defensora de los intereses del agronegocio. Según un relevamiento de Carta Capital, el Movimiento Democrático Brasileño, que tiene tres ministros en el gabinete, dio tres votos a la aprobación de este proyecto de ley. En el caso de Unión Brasil, que también tiene tres carteras a su cargo, sus ocho senadores votaron a favor de la propuesta. También aportaron votos el Partido Socialista Brasileño y el Partido Social Democrático, ambos integrantes del gabinete de Lula.
El proyecto fue tramitado con rapidez. En menos de seis horas lo aprobó la Comisión de Constitución y Justicia, fue enviado con carácter de urgente al Senado y votado por el plenario, donde 43 senadores votaron a favor y 21 en contra.
Para el presidente de la bancada ruralista, Pedro Lupion, “lo que el Supremo Tribunal Federal hizo es una interpretación de la Constitución”, distinta de la suya. Consideró que hasta que esta iniciativa se convierta en ley y alguien la lleve a esa corte para que se pronuncie al respecto, “pueden suceder muchas cosas”.
Además de este proyecto, la derecha en el Parlamento impulsa otros que marcan un enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal. Uno es el que busca terminar con el matrimonio igualitario, sobre el cual no hay una ley, y que fue avalado en 2011 por esa corte.
Por otra parte, mientras el máximo tribunal de Brasil evalúa desde el viernes un recurso por el cual podría despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la derecha presentó el martes en el Congreso una iniciativa de consulta popular sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y prepara además una movilización en apoyo a esta propuesta. Sus impulsores quieren que el votante responda Sí o No a la pregunta “¿Usted está a favor de la legalización del delito de aborto?”.
Para el senador Rogério Marinho, del Partido Liberal, si el Congreso no debatiera este asunto, le estaría “dando poder” al Supremo Tribunal Federal.