La Cámara de los Comunes británica aprobó el miércoles un proyecto de ley para deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda. Votaron a favor 320 diputados y 276 se pronunciaron en contra de esa legislación, que tiene el objetivo de declarar que Ruanda es un país seguro para los deportados. Intenta responder así a un fallo de 2023 de la Corte Suprema británica que declaró que ese no era un destino seguro y que por lo tanto el plan del gobierno de enviarlos allí era ilegal.
Después de ese fallo, el primer ministro, Rishi Sunak, firmó un nuevo acuerdo con el gobierno de Ruanda que impide que ese país deporte a esas personas a cualquier lugar que no sea Reino Unido, incluyendo sus países de origen, promete un comité de seguimiento para los solicitantes de asilo que deseen presentar denuncias y declara que Ruanda es un país seguro.
El martes dos vicepresidentes del Partido Conservador contrarios a esta iniciativa decidieron renunciar para apoyar enmiendas que harían el proyecto de ley más estricto en cuanto a las opciones de apelación que tienen los solicitantes de asilo, según informó Associated Press. Unos 60 conservadores más se unieron a la rebelión a favor de estas enmiendas, pero finalmente no fueron aprobadas. Sólo 11 legisladores oficialistas votaron en contra del proyecto de ley, que resultó aprobado.
La iniciativa se presentará ahora a la Cámara de los Lores, donde sólo 270 de 785 pares pertenecen al Partido Conservador. Si esta cámara la aprueba, sus miembros pueden proponer enmiendas que estarán sujetas a debates y votaciones. Según explicó Sky News, esto provocará el llamado “ping-pong parlamentario”, durante el cual el proyecto de ley rebotará entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y cada una de ellas votará para aprobar o rechazar las enmiendas de la otra cámara. Es poco probable que la Cámara de los Lores bloquee abiertamente el proyecto, ya que los laboristas han sugerido que seguirán la tradición de no rechazar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, podría retrasar su aprobación hasta las próximas elecciones, que tendrán lugar a más tardar en diciembre.
El miércoles, el presidente ruandés, Paul Kagame, declaró que su país podría devolver a Reino Unido el dinero que le pagó para este convenio si no se envían solicitantes de asilo. Hasta ahora, Reino Unido pagó a Ruanda 240 millones de libras (casi 305 millones de dólares) y se prevé otro pago de 50 millones de libras (casi 64 millones de dólares), según informó la BBC. Todavía ningún refugiado ha sido enviado a ese país y, según dijo Kagame, ese dinero “sólo se utilizará si estas personas vienen”.
No obstante, el gobierno ruandés afirmó más tarde que no hay “ninguna obligación” de devolverlo y una declaración oficial publicada después de los comentarios de Kagame dio a entender que, si Reino Unido pidiera un reembolso, las autoridades ruandesas lo “considerarán”. La declaración afirmó que los fondos pagados a Ruanda son para “prepararse para recibir y cuidar a los inmigrantes cuando lleguen”, así como para proporcionar financiación para el desarrollo económico, y que “hablar de cifras en este momento es prematuro, ya que todavía estamos esperando la conclusión del proceso legislativo de Reino Unido y seguimos comprometidos a hacer que la asociación funcione”.
El Ministerio del Interior británico comunicó ayer que había contratado un hangar para entrenar al personal de seguridad sobre cómo llevar a cabo deportaciones. Según informó The Guardian, esto es parte de una expansión de un plan de especialización, y una fuente gubernamental confirmó a ese periódico que esta formación se proporcionará al personal que se encargará de las deportaciones de solicitantes de asilo a Ruanda y a los agentes de seguridad que trabajan en los vuelos a ese país.