En medio de un contexto político difícil y con su popularidad bajísima, con una aceptación que según las encuestas no llega al 4% de la ciudadanía, la presidenta peruana, Dina Boluarte, lanzó la semana pasada una controversial propuesta: debatir sobre la instauración de la pena de muerte para los violadores de menores de edad.
El detonante de la iniciativa planteada por Boluarte fue la violación y el asesinato de una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de diciembre en un asentamiento situado en Villa María del Triunfo, un barrio popular ubicado en la zona sur de Lima. El crimen habría sido perpetrado por un hombre de 26 años, que se encuentra en prisión preventiva.
La mandataria habló públicamente por primera vez sobre su idea de restablecer la pena de muerte durante un Congreso de Estado Regional celebrado en la ciudad de Piura, en el norte del país, cerca de la frontera con Ecuador.
“Queremos plantear nuestra propuesta para que se abra el debate sobre la pena de muerte contra los violadores de menores, una lacra que no debe tener ningún espacio en nuestra sociedad, ni en las calles ni en las cárceles. Nuestras niñas y nuestros niños son lo más sagrado, son intocables, por eso a nuestra clase política le decimos que poner el tema en discusión no debe causar temor”, expresó la presidenta.
La pena de muerte en Perú fue abolida en 1979 y durante muchos años se aplicó únicamente para delitos como la traición a la patria, el terrorismo y el homicidio agravado.
Medios locales recordaron que la última vez que se efectivizó fue el 20 de enero de 1979, cuando un pelotón del ejército fusiló en un cuartel de Lima a Julio Alfonso Vargas Garayar, un suboficial de la fuerza aérea, bajo la acusación de traición a la patria por labores de espionaje a favor de la dictadura chilena de Augusto Pinochet.
El planteo de Boluarte generó reacciones de parte de abogados constitucionalistas y analistas políticos que entienden, más allá de las profundas cuestiones éticas y morales que encierra el tema de fondo, que el proceso de restablecimiento de la pena de muerte sería extenso, ya que primero debe ser aprobado en el Congreso y posteriormente modificarse el Código del Proceso Penal peruano.
Por su parte, los críticos de Boluarte, que son numerosos y de muy variada extracción política y social, argumentan que la presidenta está usando esta sensible temática para distraer la atención y ganar tiempo, debido a que su mandato recién terminará en julio de 2026.
Pero dentro del fragmentado Congreso peruano la presidenta cuenta con algunos apoyos, sobre todo de sectores de derecha y de extrema derecha, como es el caso de la legisladora de Alianza para el Progreso, María Acuña, quien el viernes, siguiendo la línea de la mandataria, presentó un proyecto de ley para que se autorice el retiro de Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta iniciativa busca declarar de interés nacional el retiro de la República Peruana del llamado Pacto de San José de Costa Rica, que impide que se aplique la pena de muerte en el territorio nacional, de acuerdo a lo que informó Radio Programas del Perú.
Asimismo, de aprobarse esta propuesta, dejaría de tener competencia en el territorio peruano la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que no habría instancia supranacional que proteja los derechos fundamentales.
“Se declara de interés nacional el retiro de la República Peruana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, así como la denuncia de la competencia de la CIDH”, se expresa en la iniciativa legislativa presentada por la congresista Acuña, que recién podría comenzar a ser tratada el año que viene, cuando comience una nueva legislatura.
Entrevistado por el diario limeño Gestión, el abogado José Naupari manifestó que el trasfondo del debate sobre la pena de muerte es, tal como lo planteó Acuña, abandonar la competencia de la CIDH. “Al salirte de la competencia de la CIDH y controlando el Tribunal Constitucional, tienes políticamente el poder para consolidar todo lo que hagas desde el Estado sin ningún tipo de freno”, expresó Naupari.
El jurista agregó que la salida de la CIDH no sólo podría hacer posible la instauración de la pena de muerte, sino también las destituciones e inhabilitaciones políticas arbitrarias. “Es decir, persecución política y control del sistema electoral”, enfatizó.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó la propuesta de la congresista Acuña para sacar a Perú del Pacto de San José, y manifestó: “No podemos llegar al facilismo para subir un punto de popularidad”.