Perú nuevamente se encuentra en una situación política de inestabilidad, luego de que la Fiscalía comenzara investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.
Las primeras acciones del Ministerio Público comenzaron el 18 de marzo, después de que una investigación llevada a cabo por el portal periodístico La Encerrona, con base en el análisis de miles de fotos, revelara que la mandataria posee una colección de relojes de lujo, entre ellos al menos dos Rolex, bienes que nunca fueron declarados en el patrimonio de la política, que preside el país desde diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso tras un fallido intento de autogolpe.
En la madrugada del sábado, la Policía allanó la residencia de Boluarte y también realizó búsquedas en el Palacio de Gobierno. Si bien desde la Fiscalía se expresó que en dichas instancias no se encontraron objetos de valor, se agregó que sí fueron obtenidos otros elementos de interés para la investigación, de acuerdo a lo que informaron medios peruanos.
El sábado la mandataria realizó una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones en su contra y denunció una persecución sistemática. “Lo que quiero decirle no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente”, respondió la presidenta refiriéndose puntualmente al reloj marca Rolex.
“Asumí el cargo con las manos limpias y, por tanto, me retiraré de la Presidencia en 2026”, dijo Boluarte, quien calificó el allanamiento a su casa, en el marco de las investigaciones por posible enriquecimiento ilícito, como una medida “desproporcionada” y “abusiva”.
La jefa de Estado evitó dar más detalles sobre el lujoso reloj y se limitó a pedir “que no entren en temas personales”. “Por recomendación de mi abogado no voy a declarar sobre el tema de los relojes hasta que declare ante la Fiscalía para aclarar los hechos”, agregó Boluarte.
Este domingo, el diario limeño La República informó que el Ministerio Público intimó formalmente a la mandataria para que muestre los relojes en cuestión y preste declaración el viernes.
Pero, casi de inmediato, Boluarte envió una nota a través de sus abogados al fiscal Juan Carlos Villena, en la que solicitó que la audiencia se adelante lo antes posible, con la finalidad de calmar las “turbulencias políticas que se vienen produciendo”.
Mientras prosiguen las investigaciones, la situación de Boluarte es compleja y parece encontrarse ante dos eventuales caminos. En caso de que el Ministerio Público realice efectivamente una denuncia contra ella por enriquecimiento ilícito, recién tendría que responder en un juicio después de julio de 2026, que es cuando está determinado que finalice su mandato.
Otra opción abierta es que el caso lleve a un pedido de vacancia por incapacidad moral, una controvertida norma jurídica que ya causó la destitución de varios mandatarios en el país.
De todas maneras, la posibilidad de un juicio político no parece cercana porque, para que eso suceda, las bancadas de los partidos de derecha que controlan el Parlamento y que son la base de apoyo de Boluarte deberían apoyar a los sectores de izquierda, que son minoría y el sábado ya presentaron una moción de vacancia.