La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes al Estado argentino por “incumplir su responsabilidad de brindar verdad y justicia” en torno al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Este ataque con explosivos, cometido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y cientos de heridos.
En 1999, la organización Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recurrió a la Corte IDH y entonces se abrió este proceso.
En su fallo el tribunal concluyó que el Estado argentino conocía la existencia de una situación de riesgo “real e inmediato” sobre sitios identificados con la comunidad judía, pero aun así no tomó medidas para evitar el atentado. Luego de que fuera cometido, el Estado tampoco cumplió con su deber de investigar con diligencia y celeridad el ataque y su posterior encubrimiento. En ese punto, el tribunal señaló que el Estado tiene responsabilidad en las maniobras para ocultar la verdad sobre estos hechos.
La Corte IDH consideró que el Estado también es responsable de no haber permitido a los familiares de las víctimas acceder en forma debida a la documentación sobre lo ocurrido. Por eso dispuso que se abran los archivos y la información de inteligencia relacionada con el caso.
También ordenó que se remuevan los obstáculos que han impedido condenar a los culpables, que se lleve adelante una investigación que permita conocer la verdad y que se dispongan medidas de reparación a las víctimas, señaló Página 12.
El periódico recordó que en la investigación judicial se incluyeron pistas falsas, y que un juez y dos fiscales fueron destituidos y después condenados por maniobras de encubrimiento realizadas durante el proceso. También hubo funcionarios policiales y de inteligencia condenados por este tipo de acciones.
La Corte IDH considera que hubo deficiencias en el manejo de las pruebas y en el análisis de la escena del atentado, así como en la conducción de la investigación.
La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, manifestó que durante el proceso Argentina reconoció sus responsabilidades. En 2022, el Estado argentino admitió que jugó un papel para que existiera impunidad y encubrimiento en este caso. “El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE [servicios de inteligencia], el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, dijo Natalia D’Alessandro, que por entonces era la coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.
