Una foto tomada en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, registra el encuentro que mantuvieron seis diputados de La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, Javier Milei, con un grupo de represores que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos. Si bien la imagen se difundió el martes, la reunión, que tuvo lugar el 11 de julio, genera desde entonces expresiones de repudio, además de denuncias penales y pedidos en el Congreso argentino para actuar contra esos legisladores.
En la foto, en la que fueron identificados más de una decena de represores, entre ellos el uruguayo Juan Manuel Cordero, se puede ver a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo posando junto a ellos.
“Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, intentó aclarar Benedit en un mensaje dirigido a otros representantes de La Libertad Avanza.
En el partido de Milei la visita generó disputas internas, y dos de las diputadas que asistieron dijeron haber ido engañadas. Una de ellas fue Rocío Bonacci, que no aparece en la foto y que responsabilizó a sus colegas Benedit y Montenegro, que organizaron el encuentro. Lo mismo alegó otra legisladora, Arrieta. “Fue una reunión [a la] que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no”, dijo.
Arrieta dijo que conversó en la cárcel con Alfredo Astiz sin saber quién era. El represor está condenado a cadena perpetua por el secuestro, la tortura y la desaparición de dos monjas francesas y tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, organización en la que se infiltró durante la dictadura. “Tuve que googlearlo”, dijo la diputada. “Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época”, intentó defenderse.
Bonacci, a su vez, dijo que, según “unos chats”, la visita tenía la aprobación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que eso explicaría por qué no se aplicaron determinados protocolos de seguridad durante la visita a la cárcel. “Fue todo muy irregular. De hecho, ingresé al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos, y no pasó”, dijo a radio Mitre. “Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos”, agregó.
Según la legisladora, la visita contaba con la aprobación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la Casa Rosada. Por el contrario, el gobierno manifestó que fue una iniciativa de los diputados.
Cárcel y memoria
Bonacci manifestó también que uno de los represores, Raúl Guglielminetti, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, tenía consigo un proyecto de ley sobre “ideas de prisión domiciliaria”.
Esas ideas de excarcelar represores ancianos han sido defendidas por algunos integrantes del gobierno de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, militante por la “memoria completa”, que apunta a igualar la acción de grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado. Tanto Bullrich como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han defendido la excarcelación.
En medio de la indignación que causó en defensores de los derechos humanos la visita a los represores, cobró relevancia que el papa Francisco recibiera esta semana a la hija de una de las víctimas de Astiz. “No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no sólo de las ideas, sino de los testimonios, ese es el mensaje que les doy en este día”, dice en un video el papa a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, que fue secuestrada por represores cuando estaba embarazada de ella. La abuela de Fernández, Esther Balestrino de Careaga, con la que el papa trabajó antes de ser sacerdote, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, desaparecida después de que Astiz se infiltrara en la organización.
Según informó el diario Perfil, el Instituto Espacio para la Memoria manifestó en un comunicado que el papa le dijo a Fernández que “se había enterado de que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estuvieran presos y que eso era algo muy peligroso”.
Repercusiones judiciales y parlamentarias
La visita de los diputados a los represores llegó a la Justicia por dos vías distintas. Según publicó Página 12, el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, le pidió explicaciones sobre la visita a otro magistrado, Daniel Obligado, quien está a cargo de que Astiz cumpla su pena. A su vez, Obligado le pidió información a la ministra de Seguridad al respecto, pero Bullrich tardó en responder y, antes de hacerlo, justificó el encuentro.
“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad”, dijo la ministra a radio Rivadavia. “Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad, y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque [...] formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver”, sostuvo.
Además cuestionó al juez Slokar. “Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando [integrantes de] agrupaciones de derechos humanos entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”, agregó la ministra.
Finalmente, Obligado recibió un informe del Sistema Penal Federal que se limitaba a decir que un grupo de diputados visitó la cárcel el 11 de julio siguiendo las normativas, sin aclarar quiénes fueron ni con qué presos se entrevistaron. Por la falta de información, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Llonto pidió que se iniciara una investigación para determinar si se violaron normas que regulan las visitas a las cárceles.
A su vez, la diputada Arrieta, que esta semana se dejó ver con un ejemplar del informe Nunca más sobre la desaparición de personas en la dictadura, presentó una denuncia penal que involucra a los diputados Benedit y Montenegro, al secretario personal de Martín Menem, Sharif Menem, al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y al cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera y uno de los supuestos organizadores de la visita, según publicó Infobae.
Arrieta pide que se investiguen los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, conspiración y malversación de caudales públicos, porque los legisladores utilizaron una camioneta de la Cámara de Diputados para ir al penal.
En el Congreso, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez pidió que se cree una comisión especial que “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”.
“Hay que entender que diputados libertarios van a Ezeiza, son recibidos sin acreditar identidad y acompañados por el servicio penitenciario”, dijo el miércoles, cuando quedó sin cuórum una sesión para tratar este asunto.
A su vez, la diputada Gisela Marziotta, también de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución en el que pide la expulsión de los seis diputados, aludiendo al artículo 66 de la Constitución, que habilita a cada cámara a “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral”. Marziotta advirtió que esto ocurre en un contexto en que el gobierno argentino “parece no creer en la democracia”.