Los aranceles de 25% que el gobierno de Donald Trump impuso a Brasil, con excepciones que incluyen la carne, el café, la energía o las tierras raras, se colocaron en el centro de la campaña para las elecciones del 4 de octubre. Para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, los aranceles tienen motivaciones políticas y no justificaciones comerciales.
La medida había sido reclamada por el candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien después pidió que se postergara por temor a que favoreciera al actual presidente, Lula, que se postula a la reelección.
Si los pedidos de Bolsonaro no bastaban para que Washington dejara claro quién es su candidato, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, responsabilizó a Lula por este resultado negativo en las negociaciones entre los dos países y lo acusó de no negociar “de buena fe”.
La investigación sobre prácticas comerciales desleales que había lanzado el gobierno de Estados Unidos derivó en un informe oficial que acusa a Brasil de perjudicar a empresas estadounidenses. El presidente brasileño negó en un comunicado publicado en sus redes sociales que esto ocurra, pero Washington anunció que los aranceles se aplicarán a partir del miércoles.
El viernes, Lula llamó públicamente a Trump a explicar por qué impuso esas tasas a los productos brasileños. “Le dije al presidente Trump en tres ocasiones que Brasil no tiene interés en librar una guerra; somos un pueblo pacífico. Ahora bien, la guerra que quiero librar con él es una guerra de narrativa, una guerra de la verdad. Quiero demostrarle al mundo quién dice la verdad en esta guerra arancelaria entre Brasil y Estados Unidos. Por lo tanto, él tendrá que aprender a librar la guerra con un arma diferente: el arma de las palabras”, dijo Lula durante una visita al Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia, en Río de Janeiro.
Momentos antes, había manifestado que va “a esperar para hablar del tarifazo” y que lo hará “cuando Trump lo haga”. Afirmó que va a quedar demostrado “que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo”, y dijo que Washington no va a engañar al pueblo brasileño.
Varios integrantes de su gobierno, entre ellos el canciller, Mauro Vieira, habían manifestado que en el diálogo que mantuvieron con las autoridades de Estados Unidos, lo que Washington pedía eran condiciones inaceptables, que implicaban que el país se doblegara ante sus intereses sin recibir ningún beneficio a cambio.
“Este país necesita estar de cabeza erguida porque no acepta que ningún otro país del mundo le falte el respeto. Nosotros queremos respeto, de la misma forma que respetamos a todo el mundo”, dijo ayer Lula, según citó el portal Metrópoles.
Trump ya había aplicado aranceles a Brasil, promovidos en Washington por el entonces diputado Eduardo Bolsonaro, para presionar contra la posibilidad de que su padre, Jair Bolsonaro fuera juzgado por intento de golpe de Estado. Las gestiones no funcionaron y la Justicia condenó al expresidente a 27 años de prisión domiciliaria por ese delito.
Brasil saca cuentas
Después de que las medidas de Washington fueran anunciadas el jueves, Flávio Bolsonaro dijo en sus redes sociales que “Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. El [Joe] Biden brasileño está malhumorado, es irresponsable y se ha convertido en un peligro para nuestra nación”.
A las reacciones del gobierno y la oposición se sumó una carta del presidente de la poderosa Federación de la Industria del Estado de San Pablo, Paulo Skaf, en la que dijo que los aranceles se podrían haber evitado con “una conducción técnica y pragmática” de las negociaciones. El coordinador de campaña de Lula, Marco Aurélio de Carvalho, calificó esa carta de “vergonzosa y pésima”.
A su vez, el gobierno de Brasil se enfoca en lograr que esta medida afecte lo menos posible la economía del país. Estima que los aranceles pueden impactar en 18% de las exportaciones a Estados Unidos, que equivalen a 7.400 millones de dólares. Si bien más de 2.000 productos quedan excluidos, hay otros que resultan afectados, como el etanol, el azúcar, el papel, el calzado y varios productos químicos.
En este escenario, el gobierno analiza cómo aplicar la Ley de Reciprocidad (que permitiría limitar las importaciones o suspender concesiones comerciales) sin causar perjuicios al país, y se propone fortalecer el llamado Plan Brasil Soberano para apoyar a los sectores afectados por las nuevas tasas.
En el informe comercial oficial que elaboró Estados Unidos se menciona como ejemplo de competencia desleal la deforestación ilegal que utiliza el agronegocio de Brasil para obtener terrenos cultivables. Lula argumentó que su gobierno combate esa práctica y la ha reducido.
También rebatió otros de los argumentos de Washington al decir que 76% de los productos estadounidenses que importa Brasil no pagan tasas, y al defender el derecho de su país de regular las plataformas digitales, aunque eso afecte “la codicia de un puñado de tecnoligarcas”.
Otro punto que aparece en el informe estadounidense es el PIX, un método de pago para los brasileños que se enmarca en la política de Lula de quitarle centralidad al dólar y que en los hechos compite con las grandes tarjetas de crédito internacionales, que son de origen estadounidense. Según señaló el diario Globo, este sistema redujo costos y facilitó el pago para millones de pequeñas empresas brasileñas, de las cuales 59% tiene al PIX como principal medio de pago. Lula manifestó que el PIX es “un patrimonio” del pueblo de Brasil “y una referencia internacional de infraestructura pública digital” y ayer volvió a defender el derecho de su país a utilizarlo.