Una fuerte reacción popular y la respuesta del ámbito político evitó que se habilitara la venta ilimitada de tierras argentinas a extranjeros, promovida por el gobierno de Javier Milei. Ese era uno de los artículos más resistidos de la llamada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Se manifestaron en contra de este proyecto numerosas figuras públicas, entre ellas, artistas tan distintas como Lucrecia Martel y Tini Stoessel, y muchas otras se sumaron a la marcha del jueves en la que organizaciones sociales se desplazaron hasta el Congreso pese a la lluvia. Allí, la Cámara de Senadores debatía la propuesta.
Esta iniciativa, que incluyó una variedad de medidas y que impactaba en la soberanía argentina sobre la tierra, se trató a pocas semanas de que la selección argentina de fútbol desplegara en el Mundial una tela pintada a mano con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y de que escuchara la consigna: “El que no salta es un inglés”. En alusión a este proyecto de ley, se instaló en redes sociales otra frase: “Sin suelo dónde saltar, todos somos ingleses”.
El proyecto original eliminaba el límite de tierras que podían pasar a manos extranjeras. No importaba si se encontraban en zonas con recursos naturales, estratégicos o incluso vitales para el país, o si comprendían fronteras, que deben ser controladas por el Estado.
Actualmente, a partir de una ley aprobada en 2011, se establece como tope un porcentaje: hasta el 15% de las tierras argentinas puede estar en manos extranjeras. El límite se aplica al país, a cada provincia y a cada municipio. Si bien la totalidad de territorio que efectivamente está en poder de extranjeros se acerca más al 5%, en algunas zonas se concentra la extranjerización y se supera ese límite.
La ley de 2011, además, establece que un mismo propietario extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en las tierras agrícolas de mayor productividad y no permite extranjerizar las tierras que limiten con cuerpos de agua permanentes ni inmuebles ubicados en zonas de frontera. Todas estas restricciones se eliminaban en ese capítulo del proyecto de ley.
Rechazo extendido
Varios sectores que suelen votar con el partido de Milei, La Libertad Avanza, se negaron a aprobar esta desregularización, que, según el oficialismo, iba a atraer grandes inversiones.
El gobierno ofreció entonces mantener un tope en el total de tierras que se puede vender a extranjeros: el 25% en lugar del 15%. Pero este cambio no fue suficiente para conseguir los votos necesarios y la ley se encaminaba a una derrota en el Congreso. Por ese motivo, el oficialismo optó por retirar por completo este capítulo, aunque aclaró que lo volverá a presentar en otras condiciones.
La senadora Patricia Bullrich anunció que se discutirá este punto para “alcanzar un mayor nivel de consenso” y agregó en un comunicado: “La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.
Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo tuvo que hacer otra concesión y retirar parte del proyecto que modificaba la Ley de manejo del fuego. Esa norma, aprobada en 2020, prohíbe que una zona de bosques nativos o humedales afectada por un incendio cambie su uso en los siguientes 60 años y establece ese plazo en 30 años en el caso de tierras agropecuarias. Esto impide que un incendio, intencional o no, sea utilizado por intereses económicos para cambiar la categorización de la tierra y acceder a un tipo de explotación que antes del impacto del fuego estaba prohibida.
El proyecto del gobierno de Milei mantenía la protección para bosques nativos y reservas forestales, pero no para otras áreas protegidas, humedales o bosques que no fueran naturales. Los gobernadores y los congresistas que responden a ellos, que con frecuencia votan con el oficialismo, en este caso decidieron no hacerlo.
Más para los propietarios
Después de sufrir esas dos derrotas, el oficialismo retiró también ese punto y logró aprobar en el Senado la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra. Si bien quedaron por el camino estos artículos, otros siguieron en pie, en un proyecto que comprende normas muy distintas entre sí.
El texto aprobado habilita el desalojo acelerado para inquilinos que mantienen una deuda con el dueño de su vivienda. Deberán dejar su casa en diez días desde la intimación judicial, que se procesará en forma muy rápida, o en 20 días si hay una persona con discapacidad en ese hogar.
Si el proyecto se convierte en ley, estos cambios se aplicarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en aquellos predios que sean de jurisdicción nacional. También se aplicará esta norma a quienes ocupen viviendas.
“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago, en un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda”, cuestionó el senador kirchnerista Mariano Recalde, según citó el diario La Nación.
Otro punto que quedó en pie es la modificación de las normas que regulan las expropiaciones estatales de bienes privados. Si se termina de aprobar el proyecto oficialista, el Estado deberá presentar más argumentos y pruebas que justifiquen el motivo de interés común para la expropiación. Además, al pago de una indemnización por el bien expropiado, se suma un pago al propietario por concepto de lucro cesante, salvo algunas excepciones.
Según el diario argentino, el senador Martín Soria, también kirchnerista, cuestionó que quienes están en el gobierno “quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino”, al disponer que, “además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras” del propietario.
Todo esto se debate en un momento en que el impacto económico de las medidas del gobierno en la sociedad afectan su popularidad. Una encuesta de Management & Fit, publicada por el diario Perfil, concluye que la desaprobación del gobierno alcanza el 58,6%, y que al indagar en los motivos, más del 70% de las respuestas espontáneas apuntan a problemas económicos. En primer lugar, aparece la dificultad para llegar a fin de mes y, en segundo, los bajos ingresos.