Desde que Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay, en agosto de 2023, cayeron abruptamente las incautaciones de cargamentos de cigarrillos que cruzan de contrabando las fronteras paraguayas hacia los países limítrofes.
“Nuestra dirección se encarga más de los ingresos de productos que los de salida. Lo que ingresa es lo que perjudica al país”, dijo a la diaria Julio Martínez, jefe de operaciones de contrabando de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, justificando las casi nulas incautaciones de cigarrillos ilegales.
Al otro lado de la frontera paraguaya, en Brasil, Argentina y Bolivia, la historia es al revés. Son incesantes las incautaciones de grandes cargamentos de cigarrillos provenientes de Paraguay. Las marcas que más caen en los operativos en los países vecinos pertenecen a las tabacaleras Palermo, Tabacaleras del Este SA (Tabesa) y Veneto. Estas empresas pertenecían hasta hace poco al Grupo Cartes, pero luego de la sanción financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a Tabesa, únicamente es propiedad del expresidente Horacio Cartes Veneto, la tabacalera en la que hoy concentra toda su producción de cigarrillos.
Cartes, mandatario entre 2013 y 2018 y actual presidente del oficialista Partido Colorado, es el empresario más rico del país, propietario de un pulpo de 83 empresas que se mueve en todos los sectores de la economía paraguaya. Un pulpo que tiene como pulmón financiero los negocios de las tabacaleras. Como titular del Poder Ejecutivo, Peña –a quien Cartes aupó a la presidencia y por ello se convirtió en el “poder real” detrás del presidente– tiene el mando directo de todos los ministerios, las entidades y los organismos de control y represión del contrabando en el territorio paraguayo. Además, ambas cámaras del Congreso paraguayo están controladas por el Partido Colorado, lo que se traduce en un respaldo político a los intereses de Cartes.
Aun cuando cargan sobre sus espaldas tres sanciones del gobierno de Estados Unidos –una política y dos financieras– aplicadas en los últimos tres años, Cartes, junto con sus aliados tabacaleros en Paraguay, es señalado por la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) como responsable de la producción del 67% de los cigarrillos ilegales que inundan los mercados de los países de América Latina, un negocio ilícito que provoca una sangría tributaria anual a los estados de la región de aproximadamente 4.825 millones de dólares.
De acuerdo a un informe elaborado por expertos de ALAC –que es una iniciativa de sectores empresariales y entidades de la sociedad civil de América Latina creada en 2016–, actualmente “el consumo de cigarrillos ilegales (3,5 de cada diez) en Latinoamérica representa un volumen anual de 79.000 millones de unidades. Brasil consume aproximadamente la mitad de esa cifra, proveniente principalmente de Paraguay”.
Esta estimación encuentra su explicación en un estudio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya sobre la industria tabacalera paraguaya. En el informe se concluye que, entre 2008 y 2019, Paraguay produjo en promedio anualmente 2.500 millones de cajas de cigarrillos (20 unidades por caja) y consumió en promedio anual unos 200 millones de cajillas. También estimó que se exportaban legalmente otros 200 millones de cajas.
Sumando las cantidades de consumo local y exportación y restándolas de la producción, arroja una diferencia de 42.000 millones de unidades de cigarrillos que se destinan al contrabando hacia los mercados de países de la región.
Además, informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Comisión Bicameral de Investigación de Contrabando y Lavado de Activos del Congreso Nacional de Paraguay, elaborados y difundidos en 2022, contienen indicios sólidos y contundentes de que Cartes comercia cigarrillos de manera ilegal y lava dinero proveniente de esta actividad.
Gracias a la protección del Partido Colorado y las instituciones estatales que controla, Cartes reestructuró la propiedad de sus empresas para, al mismo tiempo, burlar las sanciones estadounidenses, mantener el control real de su holding de empresas y seguir produciendo cigarrillos.
Desde hace diez años no paran las incautaciones de cigarrillos de las diversas marcas producidas por sus tabacaleras en los países del continente, ejecutadas por los organismos estatales responsables. Además de Brasil, Argentina y Bolivia, se realizaron numerosos procedimientos de incautación de cigarrillos en Chile, Colombia, Perú, México, Ecuador, Venezuela y Uruguay.
Políticas de Estado para el contrabando de cigarrillos
La frontera fluvial y terrestre que Paraguay tiene con Brasil es de 1.370 kilómetros; la que comparte con Argentina es de 2.530 de límite fronterizo y la que tiene con Bolivia es de aproximadamente 750 kilómetros.
En todos los casos se trata de fronteras porosas, con escasísimo control, por las que cruzan innumerables productos y mercancías ilegales. De estos, el más voluminoso y cotidiano es el contrabando de los cigarrillos que se producen en Paraguay.
De acuerdo a un recuento que contiene el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, las incautaciones eran frecuentes antes del actual gobierno de Peña. El informe indica que “entre 2018 y 2022 fueron incautadas 33 millones de cajetillas de cigarrillos de diez y 20 unidades” cuando iban a cruzar las fronteras por tierra o agua mayoritariamente a Brasil, pero también hacia Argentina y Bolivia.
El informe da cuenta de que las marcas más incautadas en los operativos contra el contrabando en las fronteras con Brasil y Argentina fueron Eight, Palermo y TE, mientras que en la frontera con Bolivia fueron Rumba, Ibiza y Marine. Todas ellas son marcas de cigarrillos entonces producidas por las tabacaleras Tabesa, Palermo y Veneto, del Grupo Cartes.
El lapso de tiempo de las incautaciones señalado coincide exactamente con el período de gobierno de Mario Abdo Benítez, el expresidente colorado que fue y sigue siendo un acérrimo adversario político de Cartes.
Desde su administración, Abdo Benítez impulsó a los organismos y las entidades de control y represión del Poder Ejecutivo a incautar los cigarrillos ilegales de Cartes que intentaban cruzar la frontera. Pero también el exmandatario logró alianzas con partidos de oposición y promovió la conformación de la citada Comisión Bicameral que emitió el demoledor informe sobre contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. Con este mismo objetivo, ordenó a la Seprelad elaborar varios informes de inteligencia financiera, los que en 2022 fueron filtrados a los medios de comunicación de Paraguay.
Finalizado el mandato presidencial de Abdo Benítez e inmediatamente comenzado el de Peña, terminó la “persecución política” que Cartes denunciaba en los actos de su sector político en el Partido Colorado, Honor Patriótico.
Pero la historia de la producción tabacalera en Paraguay y el contrabando a los demás países de la región, principalmente a Brasil, no comenzaron con Cartes. Ya durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió de 1954 a 1989, se establecieron las bases legales e impositivas para favorecer la producción de tabaco y no reprimir su tráfico hacia los países vecinos, la llamada política de “reexportación” stronista.
Paraguay es actualmente el segundo país que aplica el impuesto más bajo al tabaco por caja de cigarrillos en todo el continente americano (20%), sólo por debajo de Antigua y Barbuda (15,5%), según la escala elaborada por la Organización Mundial de la Salud.
Los bajos impuestos al tabaco en Paraguay contrastan con, por ejemplo, los altos tributos al cigarrillo que existen en Chile (89%), Argentina (80%), Brasil (68%), Ecuador (73%), Venezuela (73%) y México (67%).
El chileno Guillermo Holzmann, analista político y consultor en inteligencia estratégica, opina que el contrabando de cigarrillos es muy lucrativo para el crimen organizado debido a los altos impuestos en Chile y en otros países. “Los cigarrillos no sólo evaden impuestos, sino que también están ligados al lavado de dinero y al crimen organizado”, señala Holzmann.
La Cámara de Diputados paraguaya, en la que hay una amplia mayoría de legisladores colorados, rechazó y archivó en junio de este año el proyecto de ley por el cual se pretendía elevar del 20 al 22% el impuesto selectivo al consumo de tabaco. Varios de los diputados del partido de gobierno argumentaron que el rechazo se debía a que el proyecto, de convertirse en ley, perjudicaría a la industria tabacalera del país y que, además, la legislación está hecha a la medida de una sola persona: Horacio Cartes.
La diputada Johana Ortega, integrante del opositor Partido País Solidario, afirmó que los hechos políticos y judiciales que ocurren en el país “revelan que las instituciones controladas por el Partido Colorado, como el Poder Ejecutivo, cuando menos tienen una complicidad con los intereses corporativos, tabacaleros, del Horacio Cartes y su grupo económico”. Ortega apuntó además que “hay decenas de estudios e investigaciones, dentro y fuera del país, que demuestran que las tabacaleras de Cartes son las mayores productoras de cigarrillos ilegales” en la región.
Sanciones y reestructuración del emporio de Cartes
La fortuna de Cartes se disparó en los últimos diez años. Según el informe final de la Comisión Bicameral del Congreso que lo investigó, en su Declaración Jurada de Bienes reveló que durante su período de gobierno incrementó su fortuna personal a 360 millones de dólares, mientras que el capital de su grupo empresarial ascendió, en total, a alrededor de 1.000 millones de dólares.
Mucho antes de este informe, las agencias federales de Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Administración de Control de Drogas ya investigaban al expresidente por contrabando de cigarrillos, narcotráfico y lavado de dinero.
Estas pesquisas, que se iniciaron alrededor de 2006, terminaron en 2022 en la declaración del Departamento de Estado norteamericano que designó a Cartes como “significativamente corrupto”; al año siguiente, la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó financieramente a Cartes bloqueando sus cuentas bancarias en Estados Unidos. En agosto de este año, la OFAC también sancionó financieramente a Tabesa, el pulmón del emporio económico cartista.
En ese momento, el sector del Partido Colorado liderado por Cartes emitió un comunicado en el que rechazó la sanción de la OFAC a Tabesa, a la que calificó como una “intervención” de Estados Unidos en la política interna de Paraguay. Además, el gobierno de Peña, a través de la cancillería, pidió a Washington “acelerar la salida” del actual embajador norteamericano en Asunción, Marc Ostfield, por haber mediatizado la sanción a la tabacalera.
Las sanciones políticas y financieras forzaron al actual presidente del Partido Colorado a reorganizar la propiedad de las 83 empresas que poseía hasta 2023. Transfirió a sus tres hijos la propiedad de 31 empresas bajo la figura de herencia anticipada. Además, le cedió las acciones de 26 empresas a su hermana, Sarah Cartes, quien es esposa de Juan Martín Bordaberry, uno de los hijos del exdictador uruguayo, Juan María Bordaberry.
Cartes también negoció cinco empresas con el grupo del magnate chileno Andrónico Luksic y vendió sus acciones de Tabesa y Palermo a los demás accionistas. Mantiene la propiedad de 17 empresas, mientras que tres que tienen su sede en Estados Unidos fueron bloqueadas por la OFAC. Estas movidas evitaron que las empresas de Cartes sean afectadas por las sanciones, por lo que continúan funcionando sin problema financiero alguno. La reorganización también revela que, en los últimos dos años, su Tabacalera Veneto SA creció enormemente en cantidad de empleados y aportes fiscales.
Jorge Querey, exsenador y expresidente de la Comisión Bicameral del Congreso que en 2022 investigó a Cartes, opinó que, tras las sanciones estadounidenses, “la nueva operatividad de la producción y el contrabando de cigarrillos” del presidente del Partido Colorado “se concentraría en Tabacalera Veneto SA”, la única que hoy es de su propiedad. Querey interpreta que Cartes “habría transferido los recursos económicos y las marcas de cigarrillos que poseía en Tabesa a Veneto”, lo que está sustentado en documentos públicos ya difundidos por los medios, añadió.
El colombiano Juan Carlos Buitrago, experto en criminalidad trasnacional y director de la consultora Strategos BIP, describió las rutas que siguen los cigarrillos ilegales de Cartes en algunos países sudamericanos
“Desde Paraguay, los envíos se dirigen hacia las fronteras de Bolivia y Perú, luego van a Lima y finalmente a Quito, Ecuador”, relató Buitrago. En Bolivia, las rutas van desde el Oruro, ciudad andina situada en el centro del país hasta Pisagua, en la frontera con Chile. Desde la frontera de Bolivia con Perú, se dirigen a Lima y luego a Tumbes, ciudad peruana situada en el extremo noroeste del país, pegada a la frontera con Ecuador.
Buitrago afirmó que todos los estudios e investigaciones concuerdan que “los grandes productores de cigarrillos ilegales en Latinoamérica son las tabacaleras de Cartes, principalmente Tabacalera del Este”, recientemente sancionada por la OFAC estadounidense.