Las reacciones autoritarias a las recientes condenas penales de antiguos jefes de Estado, como Jair Bolsonaro en Brasil y Nicolas Sarkozy en Francia, son reveladoras de la crisis política histórica en la que los hechos y su verdad compiten con la emoción, los argumentos de autoridad de tipo negacionista y las derivas complotistas. Declarado culpable el 25 de setiembre de 2025 por el delito penal de “conspiración criminal” (por el hecho de que el coronel libio Muamar Gadafi financió su campaña electoral presidencial de 2007) y condenado a cinco años de prisión con ejecución provisional por el tribunal de París, se notificó entonces a Nicolas Sarkozy, estupefacto, una orden de ingreso a prisión. Sin haber tenido evidentemente tiempo de leer y examinar el texto mismo de la sentencia, el antiguo jefe de Estado expresó entonces inmediatamente su indignación vehemente, tomando a la opinión pública como testigo a su salida de la sala de audiencias del tribunal, ante decenas de cámaras y micrófonos de periodistas, en el corazón del Palacio de Justicia de París. Expresaba entonces su voluntad de continuar su “combate judicial” por “el Estado de derecho”.
Pero ¿acaso este tipo de discurso reivindicativo no socava sin embargo los fundamentos mismos del Estado de derecho? Entre indignación y victimización, tal retórica con tintes trumpistas, especie de deriva complotista, resulta en efecto de extrema gravedad. La explicación en referencia al Estado de derecho, con fines de defensa política, mantiene la confusión en torno a esta noción cardinal en democracia. A la vez sacralizado y contestado, el Estado de derecho constituye ciertamente un orden jurídico protector de libertades y de derechos fundamentales cuya garantía está asegurada por jueces independientes e imparciales, especialmente en el sentido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De cierta manera, contrariamente a la retórica de antiguos altos responsables políticos condenados, el Estado de derecho sale bien fortalecido de este tipo de casos penales. En París, frente a lo político, la amenaza de ver triunfar la impunidad de líderes políticos ha sido conjurada. En el caso de Sarkozy, tras diez años de investigación judicial, se celebró entonces un juicio equitativo y respetuoso de los derechos de la defensa. Fundada en derecho, con más de 380 páginas, la sentencia dictada establece hechos difícilmente rebatibles y procede a una motivación particularmente detallada. Por otra parte, las condiciones del juicio han reforzado la independencia de una Justicia que a menudo es criticada por su laxitud respecto de la delincuencia en política. Este juicio ha desmentido la imagen de una Justicia de geometría variable y ha ilustrado, al contrario, el principio de igualdad ante la ley, que debe ser “la misma para todos, tanto si protege como si castiga” (artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789). El estatuto de antiguo jefe de Estado no es en efecto fuente de ningún privilegio en materia penal.
Algunos se interrogan así sobre el papel del derecho y de los jueces en una época en la que los hechos y la verdad judicial son cada vez más contestados por discursos políticos que juegan con la emoción instrumentalizada.
Si Sarkozy ha ejercido su derecho legítimo de apelar la sentencia y por tanto de cuestionarla por la vía legal, su estrategia de defensa extrajudicial intenta tomar a la opinión pública como testigo contra la Justicia, una institución de la cual, antaño presidente de la República, él era garante de su independencia, constitutiva de la garantía del Estado de derecho. Según el antiguo jefe de Estado, la pesada pena que le ha sido impuesta lo fue por “odio”, y “todos los límites del Estado de derecho han sido violados”. Una vehemencia redoblada por ciertos actores políticos, entre ellos la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que ha vilipendiado a su vez el carácter presuntamente liberticida de la ejecución provisional de las penas (cuya pronunciación no tiene nada de excepcional), dispositivo adoptado por el propio legislador.
Peor aún, en el caso de Sarkozy los tres magistrados del tribunal de París enfrentan actualmente el cuestionamiento a posteriori de su imparcialidad, ataques muy virulentos y amenazas de violencia. Si la crítica de una decisión judicial no está prohibida en sí, en Francia el Código Penal castiga, sin embargo, el ultraje a magistrados, pero también el atentado a la autoridad de la Justicia (artículo 434-25) constituido por “el hecho de intentar desacreditar, públicamente por actos, palabras, escritos o imágenes de cualquier naturaleza, un acto o una decisión jurisdiccional, en condiciones que puedan atentar contra la autoridad de la Justicia o su independencia”. Estos delitos permanecen, sin embargo, raramente castigados en Francia, lo cual no cesa de inquietar.
Algunos se interrogan así sobre el papel del derecho y de los jueces en una época en la que los hechos y la verdad judicial son cada vez más contestados por discursos políticos que juegan con la emoción instrumentalizada. Es así como el espectro de un “gobierno de los jueces” es invocado para rechazar la judicialización del campo político. La existencia misma de contrapoderes (periodistas y magistrados) es percibida de esa forma como un obstáculo a la democracia reducida a su más simple expresión electoral mayoritaria. Por consiguiente, el auge del iliberalismo se traduce en una contestación de las funciones del derecho y del juez, según la idea pregnante, tomada del profesor alemán Carl Schmitt, de prevalencia de lo político sobre el derecho, de la razón de Estado sobre el Estado de derecho. Como un eco de los poderes de los antiguos “reyes sagrados”, las reacciones de Sarkozy revelan sin ninguna duda arcaísmos persistentes del poder político y las angustias del “cuerpo monárquico”, tal como fue estudiado por Ernst Kantorowicz, medievalista alemán de Princeton y autor de la obra mayor Los dos cuerpos del rey.
Alain Garay es abogado del Colegio de París.