El número de muertes causadas por la Policía en Río de Janeiro durante los últimos 28 años representa el 15% de todas las muertes violentas intencionales ocurridas en el estado durante ese período.
Esto equivale a 25.283 muertes, de un total de 170.338 personas, de acuerdo con un estudio publicado por Folha de Sao Paulo en base a datos del Instituto de Seguridad Pública, que abarca el período que va desde enero de 1998 hasta setiembre de este año.
Los datos de este año no incluyen las 117 muertes ocurridas durante la megaoperación contra el Comando Vermelho (CV), la más mortífera de la historia de Río de Janeiro, contando a los cuatro policías involucrados; en total, hubo 121 fallecidos.
Los últimos diez años fueron los más mortíferos en Río, con 11.550 muertes causadas por policías entre 2015 y 2024, lo que equivale a 1.155 por año.
En términos de magnitud, la cifra supera todas las muertes causadas por la Policía en Estados Unidos durante el mismo período, que ascendieron a 10.424, según un trabajo publicado por el Washington Post basado en fuentes oficiales y su propia investigación. Un dato no menor es que la población estadounidense es 20 veces mayor que la del estado de Río de Janeiro.
“Estados Unidos es un país muy grande. Así que, incluso comparado con ese país, que ya ha tenido muchos escándalos de violencia policial, nuestra cifra es mayor. En Brasil hemos aprendido a normalizar este número, pero cada vez que se lo cuento a un extranjero que trabaja en seguridad, todos se sorprenden”, afirma la economista Joana Monteiro, profesora de la Fundación Getúlio Vargas e investigadora en seguridad pública.
En el mismo período de diez años, 615 policías murieron en Río de Janeiro en situaciones de conflicto, según un informe del Ministerio de Justicia. Esta es la cifra más alta del país, a pesar de que Río tiene la tercera población más grande entre los estados. San Pablo tiene más del doble de población que Río y registró 463 muertes de agentes en el mismo período.
El récord de 1.814 muertes a manos de la Policía de Río en 2019 convirtió a la corporación en la más violenta del país en cifras absolutas, según la encuesta anual realizada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
La escalada de conflictos en ese momento motivó la creación en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental, más conocida como ADPF de las Favelas, que instrumentó cambios en las normas y procedimientos para el uso de la fuerza policial en las comunidades de Río.
En los años siguientes, el número total de muertes causadas por la Policía en el estado disminuyó, una tendencia que se justifica en parte por la ADPF, según diversas organizaciones. La actual administración del estado, a cargo del gobernador derechista Cláudio Castro, fue responsable de tres de las cuatro operaciones más sangrientas en la región metropolitana de la capital desde enero de 2007.
Además del reciente operativo contra el CV en los complejos Penha y Alemão, Castro estuvo al frente del gobierno durante las masacres de Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). Estas operaciones dejaron 28 y 23 muertos, respectivamente.
Si bien las organizaciones de derechos humanos califican la última operación como una masacre, el gobierno estatal niega que se hayan producido ejecuciones y afirma que la operación fue fundamental para debilitar al CV en su principal bastión.
En respuesta al ministro del STF Alexandre de Moraes, relator de la ADPF de las Favelas, Castro afirmó que la operación respetó las normas establecidas en la sentencia del caso y que no fue ordinaria, “sino un enfrentamiento con una organización altamente estructurada, fuertemente armada y con un historial de resistencia violenta”, destacando que las disputas entre el CV y las facciones rivales desencadenaron una carrera armamentística que llevó a que algunas tengan arsenales de armas de guerra.
Para quienes trabajan en las favelas de la región metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro, epicentro de los peores episodios de violencia, el temor es que las últimas incursiones, con un número de policías muertos superior al habitual, sólo agraven la letalidad de las acciones de las fuerzas de seguridad.
“Con los cuatro policías muertos y el que perdió una pierna, ¿qué sigue?”, se preguntó la defensora pública Cristiane Xavier. “Porque sabemos que, cada vez que matan a un policía, la venganza es aún mayor, es exponencial”, agregó.
Para Xavier, la fórmula utilizada durante décadas tiene defectos en su origen. “Si no se crean alternativas en las comunidades, si no se reconstruye, es evidente que este proyecto de seguridad, con el mismo modus operandi durante 30 años, es ineficaz. Si no cambio los ingredientes, el resultado siempre será el mismo”, afirmó.