Este lunes, la diaria Radio dialogó con Ignacio Cano, criminólogo, doctor en Sociología y Psicología Social y docente de la Universidad de Río de Janeiro, y el catedrático analizó la masacre producida por el megaoperativo del gobierno estatal de Río de Janeiro en los complejos de Penha y Alemão, con el objetivo de llegar a los cabecillas del Comando Vermelho, que dejó como saldo 121 muertos.
Cano definió la Operación Contención, planificada por el Ejecutivo estadual de Río de Janeiro a cargo del gobernador Cláudio Castro, como la “más brutal posible”, que tuvo como consecuencia una “altísima letalidad”, y que en “la forma cómo fue diseñada va a marcar un antes y después de la seguridad en Río, y tal vez más allá de Río, en otros lugares del país”.
Además, expresó un hecho distintivo de la ejecución en la operación, ya que por primera vez las fuerzas de seguridad cortaron las rutas de fuga, con la intención de que las personas fueran hacia los bosques adyacentes y las fusilaran.
Al respecto, Cano expresó: “Normalmente estas operaciones empezaban en la parte baja de la favela, había enfrentamientos armados, algunos muertos y otros, parte de los contingentes de los grupos criminales, terminaban escapando al bosque”.
El criminólogo manifestó que un “dato escalofriante” de la operación fue que de “117 sospechosos muertos, no hay ningún sospechoso herido”.
Respecto de esto, desde un análisis de la fuerza letal que desarrollaron en un proyecto académico del que Cano es parte, “uno de los indicadores que usamos es entre número de muertos y número de heridos”, y concluyen que “en cualquier enfrentamiento armado legítimo, incluso en uno militar y bélico, siempre hay más heridos que muertos; aparte de que las guerras tienen cuatro veces más heridos que muertos”.
En este caso, la operación resultó con más muertos que heridos, por lo que “es un indicador claro de que la intención de la operación no fue cumplir mandatos de búsqueda, aprehensión y captura. Fue realmente eliminar a los supuestos integrantes del grupo criminal”.
Consultado por la posibilidad de que haya consecuencias judiciales por las muertes, reconoció que “es muy difícil que un policía en Río de Janeiro sea condenado por una ejecución sumaria, a no ser que la víctima sea ostensiblemente inocente”, y ejemplificó que puede ocurrir en casos en que se trate de persona mayor, un niño menor de 13 años o que exista un video que evidencie claramente la ejecución.
“En esos casos hay alguna probabilidad de condena, pero en la gran mayoría de los casos, aunque haya evidencia forense de disparos a quemarropa o por la espalda, la probabilidad de condena a policías es mínima”, explicó Cano.
Esta baja de probabilidad de procesamiento de policías se da por “una confluencia de intereses” entre la Policía civil, “que tendría que investigar y muchas veces no investiga; la fiscalía, que tendría que investigar y pedir cuentas, supervisar la actuación policial, que tampoco lo hace, y luego los jueces, que indirectamente han aplaudido este tipo de operaciones”, señaló.
Otro componente que marcó Cano en la operación tiene que ver con la perspectiva política del gobernador Castro, que durante su mandato “desarrolla operaciones de exterminio, con un propósito político”, sostuvo.
Castro, integrante del derechista Partido Liberal, “estaba muy debilitado, y el área de seguridad va a ser el área fundamental de la campaña electoral del año que viene para el gobierno del estado”, dijo.
En este sentido, la operación dejó un “saldo político positivo”, declaró Cano, explicitado en encuestas de opinión, “algunas fiables y otras menos, pero todas las que han sido publicadas hasta ahora muestran un apoyo mayoritario de la población a la intervención”, reveló.
Por otro lado, Cano se refirió al Comando Vermelho, una organización delictiva surgida en la década de 1970, “cuando confluyen los presos políticos de la dictadura con presos comunes”, explicó.
Los presos políticos, que eran de izquierda, les enseñaron a los presos comunes a organizarse “para defender sus derechos y responder a las torturas”, dijo. Más tarde, la organización “se convirtió en una estructura criminal con ramificaciones muy superiores fuera de la prisión”.
Durante los últimos diez años, el Comando aumentó su presencia y ahora “tienen presencia en la gran mayoría de los estados donde cuentan con alianzas con grupos locales, lo que facilita el tráfico de armas y drogas”, explicó Cano.