La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $Libra de la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el informe final sobre el caso y sus conclusiones incluyen cuestionamientos al presidente Javier Milei, a otros funcionarios de su gobierno, entre ellos la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y también a la actuación de la Justicia.
El informe, votado el martes, señala que el presidente -que promovió desde su cuenta de X la inversión en $Libra el 14 de febrero y afirmó que beneficiaría a su país-, brindó una “colaboración imprescindible” para que la “presunta estafa” fuera posible.
Por eso, la comisión recomendó al Congreso argentino que evalúe si Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, informaron Perfil y elDiarioAR. Según publicó este último medio, la oposición evitó pedir expresamente que se avance en un juicio político al presidente y en su lugar incluyó esa recomendación. El mal desempeño en sus funciones es uno de los motivos para iniciar un proceso de ese tipo.
Maximiliano Ferraro, el titular de la comisión investigadora, manifestó en ese ámbito que “el presidente habría promovido un emprendimiento privado” y que “usó su investidura para beneficios privados”.
Afirmó también que hubo una “falta total de cooperación” de parte de varios referentes del Poder Ejecutivo, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Las conclusiones también aluden al papel que jugó la hermana del presidente, Karina Milei, que “facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional” para llevar a cabo lo que aparenta ser una estafa internacional, señaló el diario Tiempo Argentino. El informe califica lo ocurrido como un hecho de “alta gravedad institucional”.
En cuanto a la Justicia, la comisión acusa al juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, y al fiscal Eduardo Taiano, de no haber colaborado con su tarea. Afirma que rechazaron todos los pedidos de los diputados de acceder al expediente y los de que condujera a funcionarios mediante la fuerza pública para que comparecieran ante ese ámbito.
Los diputados también aluden al impacto internacional que tuvo el caso $Libra, que es investigado en Estados Unidos por la jueza Jennifer Rochon, de Nueva York. Señalan que la jueza manifestó que se congelaron fondos por unos 57,5 millones de dólares que “podrían pertenecer” al presidente argentino, su hermana o a Hayden Davis, figura central en el caso, y consideran que esto afecta la imagen de Argentina.
El informe, que tiene 200 hojas, fue elaborado en conjunto por los diputados Ferraro, de la Coalición Cívica, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y Juan Marino y Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
De parte del gobierno, una respuesta al informe la dio el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, que criticó la falta de pericias y argumentó que la Justicia “les negó [a los diputados de la comisión] el uso de la fuerza pública porque no es su tarea”. Para Mayoraz, la investigación de la comisión es un “capricho de los diputados kirchneristas”.
Spagnuolo y Calvete
Otro escándalo que enfrenta el gobierno, el de las denuncias de corrupción en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), llevó al extitular de ese organismo Diego Spagnuolo a declarar ante la Justicia.
La investigación surgió a partir de audios en los que Spagnuolo da a entender que se cobraron sobreprecios y que Karina Milei se quedaba con una comisión ilegal de 3%.
Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo se negó a responder preguntas y dijo que desconocía los hechos que se investigan.
Su abogado, Mauricio D'Alessandro, dijo que Spagnuolo reconoció que es amigo de Miguel Ángel Calvete, lobista de la empresa farmacéutica y los laboratorios que están implicados en este caso. Existen imágenes que los muestran juntos en distintas ocasiones en la casa de Calvete.
Según informó elDiarioAR, D'Alessandro negó las acusaciones que se le hacen a su cliente y dijo que los audios divulgados fueron manipulados con inteligencia artificial. Incluso anunció que presentará un peritaje al respecto.
Sin embargo, para el fiscal, en la Andis “existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional”.
Por este caso, Ornella Calvete, hija del lobista que en la investigación es considerado como un “director paraestatal de la Andis”, renunció el martes a un cargo que ocupaba en el Ministerio de Economía, el de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del área de comercio.
Durante la investigación sobre corrupción en la Andis, fue allanada la casa de la funcionaria y allí se encontraron 700.000 dólares. Según la fiscalía, además, existen comunicaciones entre ella y su padre que aportan datos sobre cómo funcionaba la trama ilegal.