Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tenía previsto viajar este viernes a la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Esas instalaciones militares, que décadas atrás se convirtieron en un campo de detención ilegal y tortura, y un símbolo de la llamada “guerra contra el terrorismo” de George W Bush, ahora son reactivadas por el gobierno de Donald Trump.
El nuevo presidente estadounidense lanzó su propia guerra, en este caso, contra los migrantes sin papeles, y eligió Guantánamo para encarcelar a quienes definió como “los peores”. “Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, así que los enviaremos a Guantánamo”, dijo Trump días atrás. “Es un lugar duro. Es un lugar del que es difícil salir”, agregó.
Durante el gobierno de Bush llegaron a esa base militar los primeros detenidos, el 11 de enero de 2002. Poco después, ya eran 780. La promesa del presidente Barack Obama de cerrar esa cárcel se encontró con trabas legales y oposición del Congreso, y apenas logró bajar de algo más de 200 a 40 el número de detenidos. También Joe Biden prometió cerrarla, pero cuando terminó su mandato todavía permanecían 15 personas recluidas allí.
A ellas se agregaron los diez primeros presos de Guantánamo de la presidencia de Trump, que partieron el martes en un vuelo desde la base militar de Fort Bliss, en Texas, según anunció el Pentágono. El Departamento de Seguridad Nacional publicó imágenes de esas personas, a las que calificó de “extranjeros criminales”, e informó que pertenecían al Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano que se extendió por Perú y Chile. “Ya no permitiremos que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”, dijo Trump ese día a la cadena Fox News.
El jueves el secretario de Defensa Pete Hegseth publicó en su cuenta de X un video en el que se pueden ver imágenes del traslado de los detenidos custodiados por policías y militares. “El primer vuelo de extranjeros ilegales criminales de alto riesgo llegó a la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Estos criminales pisotearon nuestra frontera que antes estaba absolutamente abierta para traer violencia y caos a nuestras comunidades”, posteó Hegseth. Celebró que Trump “tomó medidas rápidas para expulsarlos inmediatamente”, y agregó: “Los mejores de nuestra nación están ayudando a liderar el camino en esta misión crítica”.
El Pentágono aclaró que los migrantes trasladados a Guantánamo permanecerán allí temporalmente “para garantizar la detención segura de estas personas hasta que puedan ser transportadas a su país de origen u otro destino apropiado”. Sin embargo, Trump ha pedido que se acondicione el lugar para recluir allí a unos 30.000 migrantes.
La campaña del presidente contra los extranjeros que viven en su país sin la documentación que los habilita ya derivó en la detención de 8.000 personas, informó la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt. Pero se estima que en el país hay 11 millones de migrantes en esa situación. De esos 8.000 detenidos, más de 400 fueron liberados porque no se contaba con espacio para retenerlos o porque sufrían “condiciones médicas graves”, dijo Leavitt.
La organización Amnistía Internacional manifestó que “la Bahía de Guantánamo ha sido escenario de torturas, detenciones indefinidas sin cargos ni juicio y otras prácticas ilegales por parte del gobierno de Estados Unidos”. Agregó que Trump “debería usar su autoridad para finalmente cerrar la prisión que se encuentra allí”, en lugar de “reutilizar la instalación para la detención de inmigrantes en el extranjero”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó esta política de Trump. “No estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos”, dijo ante el anuncio del gobierno estadounidense de enviar personas a Guantánamo.
Sin embargo, aclaró que no dialogó sobre la situación de los derechos humanos con el gobierno de Trump porque de las 6.244 personas que ya fueron deportadas de Estados Unidos a México sólo se reportaron dos casos de supuestas violaciones a esos derechos.
A su vez, en un comunicado, el gobierno cubano rechazó la política de persecución a los migrantes impulsada por Washington y manifestó que “muchas de las personas que Estados Unidos está expulsando o se propone expulsar son víctimas de las propias políticas expoliadoras de ese gobierno y cubren necesidades de mano de obra que históricamente ha tenido la agricultura, construcción, industria, los servicios y diversos sectores de la economía estadounidense”.
Agregó que “el territorio donde se propone encerrarlos no pertenece a Estados Unidos. Es una porción del territorio de Cuba en la oriental provincia de Guantánamo, que permanece militarmente ocupada de modo ilegal y contra la voluntad de la nación cubana”. Recordó que “esa instalación militar se identifica a nivel internacional, entre otros motivos, por albergar allí un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de las cortes estadounidenses, donde han permanecido hasta 20 años personas nunca procesadas judicialmente ni condenadas de ningún delito”.
En el caso de los 11 millones de migrantes indocumentados que se estima que residen en Estados Unidos, y que el gobierno califica como criminales, la ley establece que están cometiendo una falta civil. Sin embargo, sí se considera un delito penal leve cruzar la frontera sin pasar por una inspección y un delito penal grave reincidir en ese intento después de haber sido expulsado del país.
Otros centros de detención
Dentro de Estados Unidos el gobierno dispuso que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional, utilice la base militar Buckley en Colorado para detener a los inmigrantes y procesar su situación. Un comunicado oficial anunció que será “un centro de operaciones temporal, un área de preparación y un lugar de detención temporal para recibir, retener y procesar a inmigrantes ilegales”.
Fuera del país, el gobierno de Trump recibió el ofrecimiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de recibir en la megacárcel que construyó en su primer mandato a migrantes indocumentados que hayan sido detenidos por delitos graves y también estadounidenses que los hayan cometido. “Ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de reunirse con Bukele y recibir la propuesta. Consideró que este sería un “acuerdo migratorio sin precedentes y el más extraordinario de cualquier parte del mundo”.
Bukele aclaró que a cambio se le cobraría a Estados Unidos una tarifa para mantener el sistema carcelario y que sólo se aceptaría a criminales convictos. A su vez, Rubio señaló que es necesario evaluar la legalidad de un acuerdo de este tipo: “Tenemos que estudiar si algo así se puede aplicar. Hay obviamente aspectos legales involucrados. Tenemos una Constitución”.