El vocero presidencial, Manuel Adorni, informaba en una conferencia de prensa el 8 de agosto que más de 110.000 pensiones por discapacidad fueron eliminadas. El presidente Javier Milei, por su parte, había vetado el lunes 4 de agosto un proyecto denominado Ley de Emergencia en Discapacidad, que promovía la regularización de pagos atrasados a prestadores y el cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4% en el sector público, entre otros puntos claves.
“Ha colapsado el sistema porque el Estado directamente se retiró, se desacomodó por completo el nomenclador de pagos y el sistema de prestaciones. El Estado ha decidido maltratar y lastimar a las personas con discapacidad”, dijo a la diaria Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria que presentó el proyecto de ley vetado. Se trata de una norma que había logrado un amplio consenso político en ambas cámaras y que ahora, tras el veto, debe ser defendida nuevamente en el Congreso.
El recorte masivo de pensiones y la falta de actualización de aranceles ya ha generado graves consecuencias y ha dejado a miles de personas sin acceso a prestaciones esenciales. El oficialismo sostiene que la medida busca un “ahorro fiscal” para el país y, a su vez, ordenar pensiones supuestamente otorgadas de forma irregular. Desde La Libertad Avanza (bloque oficialista) denuncian una supuesta corrupción en la entrega de pensiones, por eso el gobierno envió en abril de este año 400.000 cartas documento para auditar a quienes recibían el beneficio. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que cerca del 40% de los telegramas ni siquiera llegó correctamente a destino, porque no se actualizaron domicilios ni se cruzaron datos con el Registro Civil. A su vez, fueron enviadas cartas documento sin braille a personas no videntes, e incluso se pidieron estudios médicos a quienes tienen discapacidad de nacimiento o discapacidad motriz permanente. En algunos casos se dieron de baja beneficios sin haber establecido un contacto previo con la persona afectada.
Valentina Bassi, renombrada actriz y madre de un niño con autismo, expresó, en conversación con la diaria: “Si las personas con discapacidad no pueden acceder a sus apoyos, eso arruina su calidad de vida y la posibilidad de un futuro. Las terapias y medicaciones no pueden esperar. Si un niño con parálisis cerebral necesita una rehabilitación, debe recibirla ahora. Mañana ya es tarde. Lo mismo ocurre con los cuidadores: si la escuela cierra y los padres trabajan, ¿quién cuida? Todo el sistema se altera”. Son numerosos los centros e instituciones en todo el país que debido a las deudas económicas debieron cerrar sus puertas. En zonas rurales, si cierra un solo centro, toda la población con discapacidad queda sin atención.
Lo que ocurre es que desde diciembre de 2023, fecha de asunción del gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada ha excedido el 120%, sin que los salarios y aranceles hayan registrado incrementos proporcionales.
Los terapeutas migran al ámbito privado o abandonan la profesión, y hay faltantes. El pago por hora está muy por debajo de los valores mínimos, ya que no se actualizaron los nomencladores (el Nomenclador de Prestaciones por Discapacidad establece los valores y alcances de las prestaciones que se brindan a personas con discapacidad, y es utilizado por obras sociales y prepagas), y a su vez se cobra con una demora de 180 días. Muchas madres pagan adicionales para que los acompañantes no se vayan, pero la gran mayoría no está en condiciones de hacerlo. En cuanto a los viáticos, al transportista se le reconocen 541 pesos por litro de nafta, cuando la nafta aumentó a más de 1.500 pesos al día de hoy. Entonces, pacientes que requieren usar el transporte cinco veces por semana pueden usarlo dos. Las obras sociales y prepagas de salud han suspendido las prestaciones por falta de pago por parte del Estado. Las escuelas especiales están cerrando, los hogares también, y los que sobreviven están endeudados y se sostienen con la contribución de las familias.
Se está desmoronando todo el sistema de prestaciones básicas. “El desafío más grande ahora es pelear por los derechos ya adquiridos. Lamentablemente, tuvimos que retroceder a pelear por lo básico, a que no dependa del bolsillo de las personas, sino que esté protegido por el Estado”, dice Bassi. “Mi hijo Lisandro no sabe ni quién es Milei. Él anda brincando, contento de la vida, sin saber que su escuela especial está en peligro. Por suerte, está ajeno a todo esto. Es un refugio para mí”, asegura.
Una política de la crueldad
Así definen diversos sectores de la oposición las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei. El martes 5 de agosto, tras conocerse el veto del lunes, familiares y organizaciones se concentraron pacíficamente frente al Congreso para reclamar sus derechos. Sin mediar palabra, la Gendarmería Nacional intentó desalojar a cientos de personas con discapacidad y niños que participaban en la manifestación.
Desde comienzos de la gestión, el gobierno avanzó en detrimento del sector. En mayo de 2024, durante el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo despidió a 353 trabajadores, entre ellos, delegados con fueros sindicales, personas con discapacidad y personas transgénero que habían ingresado por la ley de cupo, entre otras. En setiembre de 2024, el gobierno cerró por decreto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), un organismo clave tanto en la formación y realización de campañas como en la recepción, mediación y seguimiento de denuncias por discriminación, lo que debilitó la protección efectiva de esos derechos.
A comienzos de 2025, una resolución administrativa de la Andis causó controversia por recuperar terminología obsoleta y estigmatizante al calificar a personas con diversas discapacidades con términos como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles”. En junio de este año, una familia presentó una demanda judicial contra el presidente Milei por dos publicaciones en la red social X que consideraron injuriosas hacia su hijo Ian Moche, un menor de 12 años con diagnóstico de autismo. Ian cuenta con 460.000 seguidores en Instagram, donde comparte información sobre el autismo y otras discapacidades y sobre cómo la sociedad puede ayudar a las personas neurodivergentes. Él y su familia fueron parte de las voces que expresaron preocupación por la crisis que atraviesa el sector de la discapacidad. El presidente difundió en su cuenta de X la imagen de un periodista junto a Ian, acusándolo de “operar en contra del gobierno” y provocando el posterior ataque de trolls libertarios contra el niño. Se llegó a hacer pública incluso la dirección de su casa, lo que motivó que la familia denunciara el hostigamiento ante la Justicia. “Vengo a promover el correspondiente proceso autosatisfactivo [...] contra el presidente Javier Milei [...] a efectos de que elimine la publicación realizada a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X el 1° de junio de 2025 a las 12.26 y que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales”, dice el texto de la denuncia, redactado en una primera persona que toma la voz de Ian, según publicó La Nación. El presidente, sin embargo, se negó a eliminar la publicación, argumentando, en un escrito presentado ayer, que la cuenta que utilizó es personal y no institucional.
Una Ley de Emergencia
La Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por el Ejecutivo declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2027. El texto de la normativa, presentado por el diputado Daniel Arroyo, fue redactado junto con familias y organizaciones de distintos puntos del país. Obtuvo el respaldo de una amplia mayoría de legisladores de distintos bloques, incluso de diputados que suelen acompañar al gobierno. La media sanción en Diputados obtuvo dos tercios de votos positivos. En el Senado fue aprobada por unanimidad de votos a favor.
La ley proponía una serie de medidas para garantizar derechos básicos: la regularización de pagos atrasados a prestadores, el cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4% en el sector público, la actualización automática de aranceles según inflación, el refuerzo a la Andis, el sostenimiento económico de talleres protegidos y centros de día y la compensación de emergencia para instituciones en crisis, entre otros puntos claves.
“Es absurdo que se haya vetado porque el impacto fiscal es del 0,003% del producto bruto interno. Y no es impacto fiscal, es deuda que el Estado tiene con las familias, con las personas con discapacidad, porque no cumplió con la ley”, dijo Arroyo a la diaria.
Milei vetó la norma el pasado lunes 4 de agosto, y en los próximos días debe obtener el respaldo de la mayoría simple en ambas cámaras para que su veto se mantenga. Si el Congreso lo rechaza, la ley será promulgada de todos modos.
Romina Lema, desde Argentina.