Con una propuesta de cese del fuego todavía pendiente de respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió subir la apuesta en el conflicto.
Sin pronunciarse sobre el plan de tregua ya aceptado por la organización islamista palestina Hamas, ordenó acelerar la ocupación militar de la ciudad de Gaza, y su gobierno aprobó un plan de asentamientos, presentado la semana pasada, que busca dividir Cisjordania y socavar la posibilidad de un futuro Estado palestino.
Un comunicado de la oficina del primer ministro acerca de la ofensiva en la ciudad de Gaza dio a conocer que Netanyahu “ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamas”, el movimiento que controla la Franja de Gaza.
El portavoz militar israelí Effie Defrin dijo que ya comenzaron “las operaciones preliminares” en algunos barrios, en particular Zeitún, en el sur, y que el “ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza”. Dijo también que hay fuerzas militares desplegadas en la localidad de Yabalia, al norte de la ciudad, y que más tropas “se unirán a los combates en el futuro próximo”. El ejército convocó a 60.000 reservistas al lanzar esta operación, denominada Carros de Gedeón 2, con la que se propone “acabar con Hamas”.
Se estima que este ataque implicará el desplazamiento forzado hacia el sur de un millón de palestinos, para quienes Israel instalará campos de refugiados y hospitales de campaña.
Desde octubre de 2023, casi la totalidad de la población de la Franja de Gaza fue desplazada una o varias veces, y la ofensiva israelí mató a más de 62.000 gazatíes, entre ellos 18.000 niños, además de otros miles de personas que están desaparecidas o sepultadas bajo escombros.
El ejército de Israel comunicó este miércoles que desde marzo mató a 2.000 milicianos. Según las autoridades locales de Gaza, en ese lapso los ataques israelíes asesinaron a 10.576 personas.
“Borrar la ilusión de los dos estados”
La ofensiva contra los palestinos no es sólo militar. El gobierno israelí dio este miércoles la aprobación definitiva a un plan de expansión de los asentamientos de colonos en la zona conocida como E1, junto a Jerusalén Este.
Estas construcciones apuntan a dividir Cisjordania en dos y evitar que desde allí se acceda a Jerusalén Este, el área de la ciudad que sería la capital de un Estado palestino y que fue anexionada por Israel en 1980.
La situación de Jerusalén ha sido un punto de desacuerdo en los intentos de discutir una solución de dos estados, porque Israel reclama la totalidad de la ciudad como su capital. Por eso, como forma de legitimación, el gobierno israelí promueve la instalación de embajadas y oficinas de otros países en ese territorio en disputa.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un ultraderechista nacionalista que además es colono, dijo que esta medida de ampliar los asentamientos en la zona E1 “borra en la práctica la ilusión de los ‘dos estados’ y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la tierra de Israel”.
“El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”, manifestó, de acuerdo con la agencia Efe. De hecho, ya existe un asentamiento en la zona E1, considerado ilegal por el derecho internacional. Ahora Israel se propone expandirlo con la construcción de 3.410 viviendas en un terreno de 1.200 hectáreas. Además, prevé una carretera que cambie de locación el control del acceso a Jerusalén Este.
“No es una expansión más”, porque implicará “cortar el norte del sur de Cisjordania”, advirtió el portavoz de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric. El vocero agregó que las declaraciones de intención de Smotrich agravan estas acciones, y llamó al gobierno israelí a revertir el proceso.
En un pronunciamiento de 2024, no vinculante sino de asesoramiento a la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia señaló que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y llamó a Israel a devolver tierras y propiedades a los palestinos desplazados y a evacuar a los colonos.
La presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, con sede en la ciudad de Ramala, manifestó este miércoles que “todos los asentamientos son ilegales, ya sea en la Franja de Gaza, en Cisjordania o en Jerusalén Este”, y que los nuevos planes de las “autoridades de ocupación” violan el derecho internacional y desafían a los países que han condenado esta práctica.
La ministra de Relaciones Exteriores palestina, Varsen Aghabekian, dijo que se necesita “una verdadera intervención internacional y la imposición de sanciones a la ocupación” para detener estos planes. La funcionaria palestina agregó que “las meras declaraciones de condena y denuncia son inútiles en este caso y no protegen la solución de dos estados, especialmente a la luz de la jactancia pública oficial de Israel de atacar al Estado palestino y trabajar para frustrar la oportunidad de implementarlo”.
Sanciones a la CPI
Las manifestaciones de rechazo a este plan fueron emitidas este miércoles por países árabes y también, entre otros, por Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania, que además repudiaron la ofensiva en marcha contra la ciudad de Gaza.
Por el contrario, el gobierno estadounidense eligió este miércoles para anunciar la imposición de sanciones contra cuatro integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI). Afectan a dos jueces, Kimberly Prost (de Canadá) y Nicolás Guillou (de Francia), y dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameem Khan (de Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (de Senegal). Este año, Estados Unidos ya había sancionado a cuatro jueces y al fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan.
“Estas personas son extranjeros que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
La CPI calificó las sanciones de “ataque flagrante contra su independencia” y manifestó que seguirá cumpliendo sus mandatos y no se dejará “intimidar” por esas “presiones o amenazas”.
En nombre de la Secretaría General de la ONU, Dujarric afirmó que “la independencia judicial es un principio básico que debe respetarse”. Calificó de “preocupante” la decisión del gobierno de Donald Trump y agregó que la CPI “es un pilar fundamental de la justicia penal internacional”.