Dirigentes políticos y organizaciones sociales repudiaron la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de vetar leyes que mejoraban la situación de jubilados y personas con discapacidad.
La aplicación del veto fue oficializada este lunes en el equivalente argentino al Diario Oficial, en el que la Oficina del Presidente valoró que las leyes vetadas habían sido aprobadas por el Congreso “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal”.
Agregó que esas leyes implicaban “gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo”. Milei había llegado a decir a Radio Mitre que los legisladores “que no acompañen el veto” a estas normas “son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras”.
Con el gobierno de Milei hubo un cambio en el cálculo de las jubilaciones, y en el pasaje de un sistema a otro se eliminó un aumento de 7,2% que habían recibido las pasividades. Además, los ajustes por inflación no se aplican a un bono de 70.000 pesos argentinos –poco más de 50 dólares– que formaba parte de las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, los jubilados perdieron poder adquisitivo en forma abrupta y lo siguen perdiendo cada mes por la congelación de ese bono, que es un componente de sus ingresos. Para revertir la situación, la oposición votó reponer el ajuste del 7,2% que se había perdido y aumentar de 70.000 a 110.000 pesos –aproximadamente 80 dólares– el bono de las jubilaciones mínimas.
En Argentina, 63,5% de los jubilados cobran la jubilación mínima de 284.300 pesos argentinos (279 dólares). Además, con la llegada de Milei se perdió una “moratoria” que permitía a personas que tenían la edad de jubilarse, pero no contaban con los aportes suficientes, compensar esto y acceder a una jubilación. También esto fue vetado.
Al desaparecer la moratoria, que había sido repuesta por el Congreso, esas personas sólo pueden aspirar a una pensión que es menor que la jubilación mínima y que se puede recibir a partir de los 65 años. En el caso de las mujeres, cuya edad jubilatoria es de 60 años, se agrega el perjuicio de tener que esperar cinco años más para acceder a una pasividad.
A todo esto, se agrega el fin de políticas de entrega de medicamentos gratuitos o de subsidios al transporte y la energía, que impactaron en los ingresos de los jubilados. En el caso de las personas con discapacidad, el veto presidencial a la declaración de la emergencia por discapacidad elimina prestaciones básicas que garantizan, por ejemplo, el acceso al transporte, además de diversos tipos de atención y apoyo.
Para levantar el veto, sería necesario que una de las dos cámaras del Congreso reúna el voto en contra de al menos dos tercios de sus integrantes. No está claro que esos votos estén disponibles en momentos de alianzas políticas, ante la cercanía de las legislativas parciales del 26 de octubre.
Como primera reacción al veto fueron convocadas movilizaciones de rechazo. Agrupaciones de personas con discapacidad llamaron a protestar el martes frente a la sede del Congreso, y la manifestación se replicará en las plazas centrales de cada provincia.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que se dirige al presidente: “¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Esta semana la manifestación de jubilados de todos los miércoles sumará la participación de la organización Discas en Lucha y otros colectivos de personas con discapacidad. El jueves la Confederación General del Trabajo marchará con movimientos sociales de la economía popular en una peregrinación por el día de san Cayetano, desde el santuario ubicado en Liniers hasta Plaza de Mayo, con la consigna “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”.
Desde ámbitos políticos varios dirigentes criticaron el veto. El diputado Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, dijo que las actuales autoridades “gobiernan para los ricos”. En su cuenta de X agregó: “Después de ir a la Sociedad Rural y anunciar una baja de impuestos de 1.300 millones de dólares a los empresarios agrarios, Milei vetó el aumento a las jubilaciones y contra la emergencia en discapacidad diciendo que ‘no hay plata’. La casta festeja, el FMI también, el pueblo trabajador paga los platos rotos”.
También la agrupación H.I.J.O.S. Capital se refirió a las iniciativas vetadas por Milei y concluyó: “La miseria planificada avanza. Con crueldad”.