“El Estado de Israel es responsable de no haber impedido el genocidio, de haber cometido genocidio y de no haber castigado el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”, concluyó una comisión independiente de investigación sobre los territorios palestinos ocupados, nombrada por la Organización de las Naciones Unidas, en 2021.
La comisión, que investigó lo sucedido en el enclave entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de este año, divulgó un informe este martes en el que sostiene que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant “incitaron a cometer genocidio”, y que “las autoridades israelíes no han tomado medidas contra ellos para castigar esta incitación”.
Los expertos concluyeron, “basándose en motivos razonables”, que las autoridades y fuerzas israelíes “han cometido y siguen cometiendo” cuatro de los cinco actos constitutivos de genocidio definidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Estos son: “matar; causar daños físicos o mentales graves; someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial; e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos”. Sin embargo, no encontró pruebas para acusar a Israel de cometer el quinto acto, que es el traslado forzoso de menores.
El informe, de 72 páginas, recoge declaraciones de autoridades israelíes. Con base en ellas, la comisión afirmó que estas “constituyen pruebas directas de la intención genocida” y que “la intención genocida era la única conclusión razonable que podía extraerse del patrón de conducta de las autoridades israelíes”.
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La comisión también expresó su grave preocupación por el hecho de que “la intención específica de destruir a los palestinos en su conjunto se haya extendido al resto del territorio palestino ocupado, es decir, Cisjordania, incluida Jerusalén Este”. Además, sostuvo que los acontecimientos ocurridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 “no han sido un hecho aislado”. Por el contrario, “han sido precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exige la expulsión de la población palestina de sus tierras y su sustitución”.
Los autores del documento exigen al Estado de Israel que ponga “fin de inmediato a la comisión de genocidio”, que aplique “un alto el fuego completo y permanente” y que deponga las operaciones militares en territorio palestino que impliquen la comisión de actos genocidas. Asimismo, llama a Israel a “poner fin de inmediato a su política de hambruna”, y permitir el acceso sin trabas de personal de las Naciones Unidas y organismos internacionales que coordinan o prestan ayuda humanitaria.
A los Estados Miembros les aconsejan “emplear todos los medios razonablemente a su alcance para impedir la comisión de genocidio en la Franja de Gaza”. Entre ellos, cesar la transferencia de armas a Israel o otros Estados “cuando haya motivos para sospechar que se utilizarán en operaciones militares que hayan implicado o puedan implicar la comisión de genocidio”; garantizar que las personas y empresas que se estén bajo su jurisdicción no participen en la comisión de genocidio; “facilitar las investigaciones y adoptar medidas (incluida la imposición de sanciones) contra el Estado de Israel”; entre otras recomendaciones.
Por último, a la Corte Penal Internacional, la Comisión le recomienda que examine el delito de genocidio, “con miras a modificar las órdenes de detención existentes y añadirlo a las futuras solicitudes de órdenes de detención”; así como a los funcionarios mencionados en su informe “para incluirlos como los principales responsables de los crímenes internacionales cometidos en el territorio palestino ocupado”.