La humanidad enfrenta desafíos que exceden los límites territoriales: desde el cambio climático y sus consecuencias, hasta la “paradoja” de un mundo donde la economía está globalizada, pero la política sigue siendo local y queda así en una posición “subalterna”, señala Luigi Ferrajoli.
El jurista italiano, teórico del derecho, publicó en 2022 el libro Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada, al que siguieron otras obras en las que profundiza su iniciativa de avanzar hacia una Constitución que trascienda los estados y que garantice a las personas derechos básicos como el acceso a la salud y la educación. De esta propuesta ha surgido también un movimiento social.
Esta semana, Ferrajoli visitó Uruguay para dar una serie de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la Universidad Claeh y la Fundación de Cultura Universitaria. Durante su visita, la diaria conversó con el jurista sobre estas propuestas y también sobre las pruebas a las que están expuestas en este momento las instituciones multilaterales y la propia legalidad, desde la Franja de Gaza hasta Washington.
Al respecto, Ferrajoli señaló que la conducción de Estados Unidos por parte de Donald Trump “es el fenómeno más perverso en el Estado más poderoso y también en la democracia constitucional más antigua”. Por otra parte, consideró que la reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a los ataques de Hamas de 2023 no sólo no puede calificarse como una guerra, sino que “equivale a una lesión de la identidad misma de Israel”.
¿Cómo se podría sintetizar la propuesta de una Constitución de la Tierra?
Este proyecto nace de la conciencia de que hay problemas, desafíos y catástrofes globales de cuya solución depende la supervivencia de la humanidad y que ningún Estado puede resolver por sí solo. También surge de la paradoja de que en este momento de emergencia, de peligro, en el que se requerirían las máximas garantías y controles mediante el derecho, se está produciendo un colapso del derecho internacional.
Las democracias en los países más avanzados se están reduciendo a autocracias electivas, una idea simplificada de la democracia como sistema en el que todos los poderes públicos son legitimados solamente mediante el voto, con una amputación de la dimensión constitucional, de los derechos fundamentales que son consagrados en la declaración [de los Derechos del Hombre y del Ciudadano] de 1789 como elementos centrales de cada Constitución.
Es paradójico un mundo globalizado en el que la economía es soberana y la política es subalterna por la asimetría entre el carácter global de la primera y el carácter local de la segunda. Hay una impotencia de la política en un momento de máxima necesidad de una ampliación de la complejidad institucional, de un constitucionalismo a la altura de los poderes salvajes de los estados -en particular, de los estados más poderosos, con armamentos nucleares- y, sobre todo, de los mercados.
Hay un peligro de colapso, no solamente por el peligro de un conflicto nuclear, sino también de un calentamiento global que puede causar la inhabitabilidad de la Tierra, la supresión de las condiciones de vida y también de la humanidad. En estos momentos, más que nunca, sería necesaria una Constitución a la altura de estos problemas, una reforma de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] que haga de la carta de los derechos y de los bienes fundamentales una Constitución rígida, que esté por encima de todos los otros poderes y sea garantizada por una corte constitucional global.
Por otra parte, se requiere que exista una institución de garantías primarias de la salud y de la educación: un servicio de salud global, un servicio educativo global, una renta básica global. Sobrevivir en el mundo contemporáneo no es un hecho natural, es un hecho que depende de la esfera pública.
Y sobre todo es necesaria la garantía de la paz, que es la norma fundamental y que debería consistir en la prohibición, como crímenes contra la humanidad, de cualquier tipo de producción, comercio y tenencia de armas, de todas las armas, no solamente las nucleares, también las de fuego. Sin armas la guerra sería imposible.
¿Es posible este desarme?
Según la teoría de Thomas Hobbes, de hace cuatro siglos, el pasaje del estado de la naturaleza al estado civil se produce con el desarme y con el monopolio público, policial, de la fuerza. En el mundo moderno, en la comunidad de los estados nacionales, la comunidad internacional, el pasaje del estado de la naturaleza, del estado civil, se debe producir con el desarme de los estados. La desaparición de los ejércitos nacionales ha sido la aspiración de Immanuel Kant en Sobre la paz perpetua, donde decía que los ejércitos deben ser suprimidos. Yo creo que es necesario también suprimir las armas, que esa es la verdadera garantía, no solamente de la paz, sino también de la seguridad. El número de los homicidios colapsaría: el 80% de los homicidios en el mundo son cometidos con armas. Yo creo que en cualquier homicidio, guerra y acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral y política de estos productores de muerte. Esta es la verdadera garantía de la paz.
A su vez, la garantía del medioambiente es un dominio planetario. Es necesaria la sustracción del mercado, de la mercantilización, de los bienes vitales de la naturaleza, el agua potable, los grandes bosques, proteger bienes de los que depende la conservación de la biósfera, de la biodiversidad.
Lo que está pasando es que aumentan cada año las emisiones de carbono en el mundo. Cada año los fenómenos extremos son más numerosos y más extremos. Solamente un constitucionalismo, que no abarque sólo los derechos, sino también los bienes a tutelar como bienes fundamentales, extracomercio, y la prohibición de bienes mortíferos, como las armas, pueden garantizar la supervivencia de la humanidad.
¿Qué papel tiene para usted el sistema jurídico como elemento de transformación del mundo?
Debería tener un papel fundamental. El sistema jurídico es el producto de la política. La política también es producto de una opinión pública y de una cultura jurídica que genera un proyecto de transformación. Creo que, sobre este plano, no podemos ser optimistas, debemos ser muy pesimistas. Sin embargo, el papel que podemos desarrollar es mostrar la necesidad, la urgencia y, ante todo, la posibilidad de una alternativa.
Usted habla de una especie de federación mundial de estados con unas reglas supranacionales y gobiernos de los países.
La novedad de este proyecto respecto del federalismo tradicional es que las funciones del gobierno deben quedar en los estados federales. Lo que debe ser globalizado en la Federación de la Tierra son límites y vínculos a los poderes, tanto políticos como económicos.
No se trata de un nuevo poder, de un Estado universal, según la teoría de [Hans] Kelsen, de [Norberto] Bobbio, sino una institución que sea garantía de lo que son principios universales: la paz, la igualdad, los derechos humanos y el medioambiente. Principios que son en interés de todos y que pueden ser garantizados solamente mediante un pacto universal.
En ese sentido, la primera reforma debe ser el desarme. Solamente un mundo pacificado puede cooperar en la solución de problemas mundiales como el calentamiento global, la cuestión ecológica y también la protección de los derechos humanos de todos. Hoy son palabras sin institución que las garantice, sin un servicio sanitario global. El derecho a la salud es una fórmula retórica. Lo mismo se puede decir del derecho a la educación, del derecho a la alimentación básica, a la subsistencia, que son establecidos por tantas cartas que se han reducido a enunciaciones de principios. Son palabras. Solamente la construcción a través de normas de actuación de un servicio de salud global, de una institución de educación global y, ante todo, del desarme global, pueden llevar a la acción sobre estos principios.
En este momento hay gobernantes que han jugado en el límite de la legalidad, de la Constitución, como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que está en permanente conflicto con el Poder Judicial. ¿Cómo ve usted ese fenómeno?
El fenómeno Trump es el fenómeno más perverso, en el Estado más poderoso y también en la democracia constitucional más antigua. Está disolviendo el Estado de derecho con su desprecio por el derecho, ostentado a través de la firma en televisión de sus actos ejecutivos, contrarios muchas veces a la Constitución. Por ejemplo, con normas contra los que nacieron en Estados Unidos, que son ciudadanos aunque sean hijos de inmigrantes, y esto se contradice con la expulsión de estas personas.
Es un fenómeno que puede ser contagioso. Es decir, instalar la idea de que un presidente o una mayoría parlamentaria puede violar los derechos humanos, en un momento en el que -más que en otros- sería necesario limitar los poderes públicos y también los poderes privados. Naturalmente esto justifica la máxima preocupación. Sin embargo, es necesario también un optimismo metodológico. Es decir, ser conscientes de que una alternativa es posible. Según Kant, sin la esperanza de tiempos mejores no habría espacio por la política y para la moral. La alternativa es posible. Consiste en la expansión del Estado de derecho, en la expansión del constitucionalismo a nivel global, que actúe respecto de los poderes económicos, no solamente de los poderes públicos, y que sea un constitucionalismo no solamente de los derechos, sino también de los bienes: bienes fundamentales para tutelar y bienes a prohibir.
¿Cómo ve lo que está pasando en la Franja de Gaza en materia de derechos?
Lamentablemente, un genocidio. Yo creo que esta es la máxima ofensa a la memoria para todos sacra del Holocausto. Es una paradoja que el Estado de Israel, que quiere ser el Estado de los judíos, es decir, de un pueblo que por siglos ha sido perseguido y que ha padecido el genocidio del Holocausto, haga esta masacre indiscriminada de un pueblo mucho más débil, desarmado.
En Gaza no hay una guerra, hay una masacre, con la violación de todas las normas del derecho internacional humanitario, que no permite que se mate a la población civil ni permite el horror de la utilización del hambre como instrumento de guerra, la prohibición de la ayuda humanitaria. Es una mancha indeleble sobre la identidad de Israel.
Mi amiga [la historiadora] Anna Foa, que es judía, ha escrito un libro titulado El suicidio de Israel. Ha dicho que aquí estamos en presencia del suicidio de Israel, de su identidad y también de su seguridad, porque naturalmente una política de este tipo sólo puede alimentar el terrorismo, la violencia, la inseguridad de Israel, un mundo en el que se puede sobrevivir solamente por el uso de la fuerza. Es una política totalmente irracional, criminal.
Aquí hay también un problema específico. Lo que ha hecho Hamas el 7 de octubre ha sido un crimen horroroso. Sin embargo, es un crimen, no un acto de guerra, porque la guerra es solamente entre ejércitos regulares de estados soberanos, en la vieja definición de Alberico Gentili, también de Francisco Vittorio y de otros juristas que hablan de la guerra como publicorum armorum contentio. Es decir, como un conflicto entre armas públicas de un Estado, de estados soberanos. Aquí se ha producido la misma locura de la reacción de Estados Unidos al atentado contra las Torres Gemelas: interpretarlo como un acto de guerra, cuando era un acto criminal.
La seguridad jurídica es distinta entre acto criminal y acto de guerra. A un acto de guerra se responde con la guerra, a un acto criminal con la Policía, con el derecho penal, con la cooperación de la policía internacional.
El 11 de setiembre de 2001, después del horror del ataque a las Torres Gemelas, se produjeron como respuesta dos guerras: en Afganistán y en Irak, con cientos de miles de muertos, inocentes, y que han hecho estallar el terrorismo en todo el mundo. Lo mismo se está produciendo en Israel. La guerra ha sido una respuesta demagógica. Considerar el ataque del 7 de octubre como un acto de guerra es un regalo al terrorismo, que quiere que su ataque sea legitimado como guerra santa. De esta manera, o se eleva el terrorismo a nivel del Estado o se baja el Estado a nivel del terrorismo.
La agresión del 7 de octubre ha sido un homicidio inhumano contra personas inocentes. En ese sentido ha sido un acto criminal gravísimo. Pero no se puede responder a un acto criminal matando a inocentes con la guerra. La distinción entre acto criminal y guerra es un elemento de la civilidad jurídica, sin la cual se extiende la noción de guerra a cualquier tipo de agresión organizada. Esto es un peligro.
Se habla de guerra contra el terrorismo, contra el crimen organizado, cuando sería necesario potenciar a la Policía, potenciar la capacidad de investigación de la esfera pública. La reacción de la guerra es una reacción que golpea a los inocentes y que, paradojalmente, refuerza el terrorismo, lo alimenta.
Esta no es una guerra, porque la guerra es solamente entre estados. Precisamente Israel, que no reconoce la existencia de un Estado palestino, no puede considerar un acto criminal terrible como el del 7 de octubre un acto de guerra. Considerarlo un acto criminal habría sido una respuesta, obviamente, más racional.
La agresión de Hamas ha sido para Netanyahu la ocasión para otra finalidad, es decir, expandir el Estado de Israel a toda Palestina con una policía étnica, con una destrucción de la población palestina. Es una paradoja que equivale a una lesión de la identidad misma de Israel.
¿Qué opina del papel de las instituciones internacionales, en particular, la ONU, en este momento?
En este momento ha fracasado totalmente. No casualmente las únicas funciones vitales han sido la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que al menos han iniciado un proceso sobre lo que pasa en Gaza, la denuncia de genocidio, han emitido el pedido de captura de [el presidente de Rusia, Vladimir] Putin y de Netanyahu.
El proyecto de Constitución de la Tierra prevé sobre todo la construcción de garantías primarias. Las garantías secundarias son las jurídicas. Las garantías primarias son las obligaciones y las prohibiciones que corresponden a los derechos fundamentales, es decir, el acceso al servicio de salud, la Unesco transformada en una institución que garantice la educación y, sobre todo, la prohibición de las armas y la protección de los bienes de la naturaleza. Son garantías primarias. Las garantías jurídicas son necesarias, pero son para sancionar las violaciones de las garantías primarias, que no están garantizadas sustancialmente en el derecho internacional.
La Organización Mundial de la Salud es actualmente una organización de estudio, de coordinación entre los sistemas sanitarios. Lo mismo se puede decir de la Unesco, que tiene muchas competencias importantes, pero la mayor competencia debería ser constituir escuelas en todo el mundo. Esto implicaría un desarrollo económico, como el que se ha producido en Europa después de la guerra. Solamente con la construcción del estado social se ha generado ese desarrollo económico.
Los mercados son indiferentes a esto. Antes tienen el interés de explotar el trabajo de los migrantes o de los países más pobres, con salarios de un dólar la hora, y también de explotar las materias primas. No tienen interés en el desarrollo económico y civil de la humanidad.