En su discurso de asunción, la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que solicitaría al Congreso facultades especiales.
El borrador del pedido establece un plazo de 120 días en los que el Poder Legislativo delegaría en la presidencia potestades para legislar por decreto en ciertas áreas, según informó Radio Programas del Perú.
El texto contempla una gran cantidad de ámbitos en los que la presidenta podría modificar las leyes actuales sin necesidad de debate en el Congreso. Según informó el diario peruano La República, las áreas en las que Fujimori pide las facultades especiales comprenden el régimen laboral y la protección social, seguridad ciudadana y sistema penitenciario, “modernización del Estado”, emprendimiento y micro y pequeña empresa, simplificación administrativa, desarrollo productivo e innovación y materia tributaria y aduanera.
Ese amplio abanico permitiría cambiar las condiciones de trabajo y jubilación, la tributación de las empresas o una reforma del Código Penal.
La socióloga peruana Noelia Chávez dijo a la diaria que esta iniciativa incluye facultades en temas de seguridad que la presidenta ya puso sobre la mesa, como “reorganización de las cárceles y militarización”, y también plantea “un conjunto de otros temas que son muy sensibles para la población”, por ejemplo, “un nuevo régimen laboral para jóvenes”. Recordó que en 2014 y 2015 el gobierno de Ollanta Humala intentó crear un régimen de ese tipo que implicaba el recorte de derechos y generó fuertes protestas sociales.
La docente de la Universidad Católica del Perú, especializada en Gobierno y Administración Pública y doctoranda en Ciencia Política, señaló que Fujimori ha presentado como una prioridad de su gobierno el trabajo para los jóvenes y por lo tanto “es como que hubiera una inconsistencia entre el pedido de facultades legislativas y el discurso político, y esto genera una desconfianza gigantesca”.
Del mismo modo, Chávez señaló que otra contradicción aparece cuando Fujimori plantea la derogación de una ley que impuso topes a tasas de interés de los préstamos y créditos. “Esto fue aprobado en el anterior Congreso en el que ella tenía una facultad importante y ahora están revirtiendo la norma”, dijo la socióloga. Consideró que las contradicciones entre el discurso de la nueva presidencia y los cambios que ahora propone pueden llevar a la oposición a organizarse contra el oficialismo.
Según informaron los medios peruanos, la ley que limita el crédito ha sido muy cuestionada con el argumento de que al regular y restringir las ganancias de los préstamos formales favoreció los informales, que muchas veces son extorsivos.
Chávez también advirtió que “habría que hilar bien cuál es la propuesta en reorganización del Estado” porque Fujimori “no tuvo un discurso de reducción del Estado, como sí lo tuvo Rafael López Aliaga en su momento; ella más bien es alguien que quiere tomar el Estado y controlarlo, no necesariamente reducirlo”.
Ese capítulo del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso pide para la presidenta la facultad de crear, disolver o fusionar organismos públicos, elevar los requisitos para el acceso y el ascenso en la función pública y ofrecer incentivos para el retiro voluntario de trabajadores. Asimismo, propone que el Ejecutivo pueda transferir personal, recursos o competencias entre distintas dependencias estatales.
El proyecto también propone que exista una protección especial para aquellos funcionarios que intervienen en grandes proyectos de inversión “para evitar que se utilicen mecanismos de control que inhiban su función”. No está claro en este caso cómo esto limitaría la tarea de otros funcionarios, los que ejercen la tarea de contralor.
En cuanto a la seguridad ciudadana, un asunto en el que puso énfasis Fujimori en su discurso, el nuevo gobierno se propone habilitar que tanto privados como las Fuerzas Armadas cumplan un papel en los servicios penitenciarios. En el caso de las Fuerzas Armadas, sería en forma temporal y excepcional, agrega.
Medios peruanos señalaron que si bien Fujimori había dicho que no se proponía reducir el número de feriados laborables, esa posibilidad se abre en el nuevo proyecto bajo el argumento de mejorar la productividad. Del mismo modo, se facilitaría la posibilidad de rescindir contratos laborales siempre que haya causas “objetivas”. También se contemplaría la posibilidad de modificar vacaciones, horas extra y pagos extraordinarios. El texto habla de una flexibilización necesaria que requieren las empresas, pero no especifica qué alcance tendrá.
