Se llamaba Manuel Mena y fue tío de Javier Cercas. Formaba parte de los Tiradores de Ifni, un grupo de elite del autodenominado ejército “nacional” durante la Guerra Civil española. No llegó a cumplir 20 años. Murió en la batalla del Ebro. Es el personaje principal de El monarca de las sombras, última novela de Cercas. En Ibahernando, pueblo del que Mena era originario, se recuerda que era falangista; así figura en los pocos documentos (escritos y fotográficos) que se preservan. Sin embargo, Cercas demuestra que la biografía de Mena es más compleja. Que la historia de los que fueron y han sido acusados de “rojos” o “fachas” no resulta tan lineal como parece. Cercas toma los pocos testimonios que mencionan a Mena y no revive los acontecimientos, no intenta mostrar la historia tal cual ocurrió, sino que hace lo que haría cualquier historiador: problematiza una situación y para ello desconfía de los documentos, plantea que todo lo que allí figura es una construcción de quienes elaboraron ese material e intenta conocer la procedencia de esa información. En los documentos Mena seguía siendo un falangista, esa marca era indeleble sólo por figurar en documentación histórica.
Fue inevitable pensar en la historia de Mena cuando leí la noticia de la publicación por parte de Brecha de 14.000 de los tres millones de documentos que formarían parte del llamado “archivo Berrutti”, buena parte de ellos generados en contextos de espionaje, delación o seguimiento de personas. Ni bien esos documentos estuvieron en línea me resultó imposible resistir la “tentación del archivo” y pasé horas leyendo. El criterio de poner en línea ese enorme volumen de documentación (pero ínfimo en relación con lo que sería todo el cuerpo documental) acarrea algunas dificultades. La publicación de 14.000 documentos sin una explicación mínima (sin saber cómo el semanario accedió a las microfilmaciones), sin un contexto capaz de advertir quién generó esa información, por qué y para qué, poco ayuda a entender e interpretar los acontecimientos. Estoy de acuerdo con que esa documentación sea, en algún momento, pública, pero no con la divulgación masiva de información sensible sin un criterio mínimo que permita explicar la “biografía” de esos documentos. Porque allí aparecen nombres de personas cuyas vidas fueron espiadas, cuyas prácticas fueron escrutadas y se les atribuye prácticas, conductas, formas de pensar, que eventualmente no tuvieron. Como Mena, pueden portar una marca indeleble, un mero rótulo.
Sin embargo, esta divulgación masiva de documentos es una extraordinaria oportunidad para comenzar a debatir acerca de los archivos en Uruguay y en particular sobre la situación de la información del pasado reciente. Y cuando me refiero a la situación, aludo directamente a la cuestión política del archivo, a las políticas de archivo o a su ausencia. La preservación y el acceso a determinada documentación es, claramente, un problema técnico, pero es, al mismo tiempo, político: una política de archivo (o su ausencia) es también una de memoria, la legitimación de un relato histórico. Jacques Derrida sostuvo, en un trabajo en el que reflexionaba sobre los arcontes y la construcción del archivo, que la calidad democrática de una sociedad se podría medir por el acceso que esa misma sociedad tiene a los documentos históricos. En Uruguay las políticas de archivo con relación al pasado reciente han estado matrizadas por la negativa al acceso, por el silencio, por una suerte de secretismo.
Los documentos que publicó Brecha constatan el espionaje político en democracia. Pero 14.000 de tres millones de documentos no ayudan a entender, porque faltan 2.986.000 folios que también colaborarían a explicar un contexto. ¿Qué pasa si esa misma documentación entra en contradicción? ¿Qué pasa si en la información que publicó Brecha, y que se usa para una nota de prensa, se dice algo que luego se desdice en otro informe? ¿Qué ocurre si hay errores en esa documentación? ¿Qué pasa si alguien queda asociado a una corriente, figura como informante o tiene una conducta que hoy podríamos considerar condenable? Mucho peor aun si tenemos en cuenta que buena parte de esa documentación pudo haber sido utilizada para presionar a las personas involucradas.
Se ha planteado que la decisión de Brecha de publicar esta información radica en visibilizar la producción de información en forma ilegal, pero una cosa es denunciar esa situación (algo que comparto) y poner la información a a disposición de quienes quieran consultarla, y otra distinta es hacerla accesible sin establecer criterios transparentes para esas consultas o sin corroborar la verificabilidad de esas fuentes y aportar a la reparación del daño a esas víctimas. Si no fuera así, no colaboraría a entender por qué hay grupos militares (o policiales o civiles) que espían a personas o colectivos en democracia.
Si la decisión de publicar estos documentos abre un debate sobre el acceso a los archivos en Uruguay y contribuye a la generación de criterios transparentes sobre el paradero y acceso a información sensible, bienvenida sea. Por el contrario, estamos en una situación muy delicada y esa misma información puede disparar notas de color que expongan a víctimas a situaciones que las revictimicen, puede favorecer que la información sea utilizada con cualquier propósito y no contribuya en nada a explicar un contexto histórico. El problema sobre el acceso a los archivos y la necesidad de contar con protocolos sin resentir el derecho de los ciudadanos al conocimiento de documentación que es pública o los menciona no se va a saldar subiendo a la web en forma masiva los mismos documentos que han permanecido ocultos. Ante esta situación el objetivo sigue siendo fijar criterios comunes entre todos los interesados en este tipo de documentación para darle un tratamiento adecuado que permita su accesibilidad. Es un problema del patrimonio documental, de los archivólogos, de los historiadores, pero también de la ciudadanía y, por ende, un problema de nuestra vida democrática.