El resultado de la primera vuelta en las elecciones brasileñas es un duro golpe a la democracia en ese país. No sólo porque haya quedado en la primera posición un candidato derechista, sino porque Jair Bolsonaro se ha destacado por sus apologías a la dictadura, el asesinato, la tortura, la violencia, la desigualdad contra las mujeres. Falta en Brasil la construcción de una cultura de derechos humanos (DDHH) que rescate la memoria, la verdad y la justicia sobre los crímenes de la dictadura.
Todavía falta el balotaje y algunas semanas de movimientos políticos y campaña. Es cierto que hubo siete millones de votos anulados, tres millones de votos en blanco y casi 30 millones de abstenciones, que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, obtuvo 31 millones de votos y Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, más de 12 millones. Pero un tercio del electorado, 46% de los votantes, 49 millones de personas, votaron a Bolsonaro. Estos resultados nos obligan a reflexionar, crítica y autocríticamente. No sólo a los brasileños, sino a todos.
La democracia en Brasil tiene otras heridas graves y recientes, como la destitución de Dilma Rousseff sin razones válidas y con discursos extraordinariamente reaccionarios. O los procesos para impedir que Lula da Silva fuera candidato. Sin pruebas, incumpliendo con las garantías procesales en reiteradas ocasiones, con una evidente intencionalidad política, la Justicia brasileña encarceló al dirigente político más popular del país, a quien las encuestas daban como seguro ganador frente a Bolsonaro. Sérgio Moro y un puñado de jueces le dieron el triunfo a Bolsonaro. Extremaron su ensañamiento, no dejaron que Lula fuera candidato, pero tampoco lo dejaron hablar públicamente y censuraron incluso la posibilidad de que fuera entrevistado. El asesinato de Marielle Franco es un símbolo de la violencia contra los favelados, las feministas, los activistas populares, una violencia creciente –institucional y parainstitucional– que afecta la democracia como un todo.
Pero también hay restricciones a la democracia que han sido estructurales en Brasil, como la enorme concentración del poder mediático, del poder financiero, industrial y agrario, los privilegios de un Poder Judicial elitizado e impune (ningún juez va preso y tienen salarios exorbitantes). Una de las críticas que se les hacen a los gobiernos del PT es la de no haber transformado estas estructuras antidemocráticas, asumiendo que no se trata de transformaciones fáciles. Como señala Emir Sader, cuando el PT asumió el gobierno no tenía condiciones para cambiar todo eso, pero sí cabe cuestionar en qué medida trabajó para generar nuevas correlaciones de fuerzas que lo hicieran posible.
Hasta hace pocos años, todo el poder político usufructuaba de un estatus de privilegio que incluía la impunidad de las prácticas corruptas. Fue el gobierno de Dilma el que cambió esa situación y generó la posibilidad de la investigación y el juicio mediante la operación conocida como Lava Jato. Alcanza recordar el chantaje de Eduardo Cunha para ver lo que esto significó para el sistema político brasileño. Es trágico ver que para impulsar ese cambio no se recurrió a una amplia movilización ética, política y social, comenzando por las filas propias, sino al empoderamiento de algunos estamentos de la Policía Federal y el Poder Judicial, que convirtieron el Lava Jato en una operación política contra el PT, exonerando al propio presidente Michel Temer, a Aécio Neves y a otros connotados políticos de derecha. Una operación que utilizó la delación premiada sin pruebas y la difusión mediática como instrumentos de persecución política, afectando las garantías democráticas.
El apoyo a Bolsonaro es una expresión del poder de los estamentos militares y represivos, de un poder agrario extremadamente reaccionario, de la influencia creciente de iglesias conservadoras, y del peso de los prejuicios racistas y misóginos en la sociedad brasileña. Jesse Souza fundamenta con lucidez que el problema central del Brasil moderno no es la corrupción, sino la esclavitud y sus efectos, el abandono sistemático de las clases humilladas, estigmatizadas y perseguidas, las relaciones de dominación entre clases sociales, la lucha de clases. Brasil ha sido la mayor sociedad esclavista de la historia de la humanidad, dice Souza, y eso tiene efectos sociales y culturales profundos. El sentido de clase de esta ofensiva de la derecha es muy claro cuando se analiza la reforma laboral del gobierno de Temer, la prohibición constitucional de aumentar el presupuesto que se destina a la salud y a la educación públicas o la propuesta de Bolsonaro de vender las empresas estatales.
Es extraordinario que en una sociedad de este tipo hayan podido triunfar Lula y el PT y que hayan gobernado durante más de una década, desarrollando programas sociales que sacaron de la pobreza a 30 millones de brasileños, generando un gran crecimiento económico con redistribución y una política internacional que ubicó a Brasil como una potencia mundial.
Para las izquierdas, asumir el gobierno es una gran palanca de cambios pero también el peligro de estatizarse, de ser cooptadas por un Estado que las distancia de sus bases sociales y les hace perder capacidad de movilización popular. En un sistema político fragmentado, la búsqueda de gobernabilidad llevó al PT a alianzas con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que luego significaron un altísimo precio político y múltiples traiciones. Uno de los huevos de la serpiente. Cuando la coyuntura internacional empeora, y aumenta el predicamento de las políticas de ajuste, esa ecuación se hace más compleja; la falta de mayores avances culturales, ideológicos y políticos, los problemas sin resolver, los errores, generan coyunturas nuevas, más favorables para la reacción.
En cambio, la derecha tiene enclaves de poder más antiguos y al mismo tiempo que utiliza ampliamente las modernas tecnologías de control, pudiendo incluso llegar a movilizar a grandes sectores, como sucedió en Brasil en 2013. Esa disputa por la capacidad de representar las aspiraciones de cambio de la población es un tema central. Como señalaba Frei Betto en 2016, subestimar los aspectos ideológicos de los cambios ha sido una de las causas principales de los retrocesos de los gobiernos progresistas en América Latina.
La experiencia de la última década latinoamericana no ha sido estudiada en profundidad en sus avances, sus límites y sus errores. La relación entre movimientos sociales, partidos, gobiernos progresistas y Estado es una de las claves para analizar estos procesos. En ese sentido tienen importancia las formas de democratización de la sociedad y el Estado que se produjeron en este período. La “democratización de la democracia”, como señalaba Francisco Panizza, es un nudo crítico. Una democratización mayor, con la conquista de nuevos derechos, el aumento de la transparencia, el fortalecimiento de los actores sociales y culturales del cambio, es una forma de reivindicar la política y expandirla en tiempos de crisis del pensamiento crítico y de amenazas de la ultraderecha.
Las movilizaciones populares ante la detención de Lula y el movimiento “ele não”, protagonizado por las mujeres contra Bolsonaro, son un elemento de esperanza en la difícil coyuntura brasileña. Recomponen un vínculo y construyen una actitud de lucha, de indignación ante la ultraderecha y sus planes violentistas y antipopulares.
Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación.