Dique Mauá: aprendizaje y propuesta

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El viernes, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió no apoyar el proyecto de enajenación de los terrenos anexos al dique Maúa, conocido como “proyecto de López Mena”, que estaba en su fase final de tratamiento parlamentario. La iniciativa, promovida desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ya tenía media sanción, luego del análisis de la comisión del Senado y de la votación en esa cámara. Contando con el informe favorable de la comisión respectiva de Diputados, restaba sólo el visto bueno final, que estaba previsto que se concretara en una sesión del mes de setiembre. Sin embargo, a pesar de que la media sanción tuvo el apoyo de la bancada frentista y de todos los legisladores blancos, ha quedado claro que la trayectoria parlamentaria final del proyecto no será la originalmente prevista tras la mencionada resolución.

Según algunos, la decisión de la dirección del FA, que implica rectificar algo ya actuado, cuestiona a la propia organización política. Para otros, entre los que me encuentro, indica sencillamente que se tiene –como comúnmente se dice– “marcha atrás”, lo que en todo caso podría llegar a ser una virtud organizacional y no un defecto, particularmente si las rectificaciones se realizan de manera fundada y abierta, de modo de permitir un aprendizaje compartido.

Para ese lugar, de propiedad pública y con definiciones particulares en lo que respecta a su valor patrimonial y medioambiental, existía una avanzada propuesta interinstitucional denominada Museo del Tiempo, que respetaba definiciones legales y valorizaba cultural y socialmente el sitio. La propuesta fue desechada por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz apenas asumió el cargo, argumentando que no era una prioridad. El trabajo de zapa¹ de la ministra fue perfecto. Poco después, Juan Carlos López Mena presentaba su proyecto ante el MTOP y el relato público, desde ese momento hasta ahora, fue que por fin existía una iniciativa para los terrenos abandonados.

Mientras que en la propuesta desechada participaron actores académicos nacionales e internacionales que le dieron contenido, forma y estructura concitando importantes apoyos, la propuesta de López Mena era un cúmulo de intenciones cuya única virtud parecieron ser los ceros de la cifra manejada, sin que existiera un mínimo análisis de impacto antes de la definición parlamentaria sobre la enajenación de los terrenos.

De a poco se fue descorriendo el velo y la opinión calificada de diversos técnicos y académicos comenzó a trascender, dejando en evidencia los desencuentros que tenía la iniciativa con el marco legal vigente y con ciertas definiciones de política de desarrollo urbano. La temática penetró la agenda política y distintos actores, incluido el propio López Mena, tuvieron que salir al ruedo a tratar de recuperar terreno. Los argumentos no aportaron mucha luz sino más bien lo contrario, además de confirmar la idiosincrasia del personaje implicado.

A partir de sólidos pronunciamientos de instituciones y referentes vinculados, entre otros, a la arquitectura y el urbanismo y a la promoción de los derechos sociales, la participación de la gente y, por supuesto, al accionar de colectivos sociales constituidos ad hoc, se fue modificando la actitud de aquiescencia frente a ciertas iniciativas que predomina en la organización frentista y al interior de sus grupos. Y así se llegó a la definición del viernes.

El presidente del FA, Javier Miranda, sostuvo que la rectificación ocurrió porque “se atendió el reclamo de vecinos, la academia y algunos sectores del oficialismo que discrepaban con la iniciativa”, lo que ciertamente expresa con claridad lo ocurrido e induce a pensar en la primera lección que deberíamos extraer de este proceso, que es que la izquierda no puede desarrollar su accionar político –y esto incluye al nivel de gestión, cualquiera sea este– sin tener permanentemente en consideración la opinión de la academia (es decir, de los técnicos especializados en las respectivas temáticas) y de la gente socialmente organizada. Esa interrelación es parte de su recorrido histórico y de su propia existencia. Eso que parecería de Perogrullo para algunos de nosotros no parece ser tan claro para otros. ¿Esto quiere decir que la voz de lo que denominamos “academia” siempre tendrá razón? Por supuesto que no. ¿Esto quiere decir que la izquierda política deberá subordinar sus decisiones y acciones al parecer de las organizaciones sociales históricas, de nuevo tipo o coyunturales? Tampoco. Sí quiere decir que esas opiniones deben ser insumos centrales para su accionar. Y en este caso en concreto, eso no fue tenido en cuenta. Y ante las críticas in crescendo, en vez de generar los espacios para intercambiar, se optó en primera instancia por el ninguneo y actuar a la cola del empresario mediático.

Hay un segundo aspecto, más complejo, pero del cual hay que tomar nota también, pues ha estado en la base de los cuestionamientos. Refiere a que, reconociendo la importancia que tiene obtener inversiones por su impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de empleo, estas no pueden dejar de ser estudiadas teniendo en consideración sus implicancias en términos medioambientales, urbanísticos, de generación de precedentes, etcétera, pues esto hace a una concepción de desarrollo económico, humano y social que la izquierda ha levantado históricamente como bandera. Las políticas públicas abren los cauces para la inversión y la enmarcan, y no lo inverso.

Luego de difundida la resolución del FA, quienes se sienten en cierto modo frustrados por la decisión afirman que por mucho tiempo todo quedará como está, abandonado. Conscientes de ese riesgo, los vecinos integrantes de la Asamblea por la Rambla Sur, luego de celebrar el resultado de su movilización y aceptando el desafío, aprobaron trabajar en lo inmediato por una propuesta para el lugar, que puede ser la referida al Museo del Tiempo u otra que surja de los estudios e intercambios. Eso está muy bien pero, más allá de su participación y su imprescindible aporte a cualquier proyecto que puedan hacer, la responsabilidad institucional y política central es obvio que recae sobre otros actores, que corresponde que asuman hoy la iniciativa y convoquen a los ámbitos apropiados, demostrando que hubo un aprendizaje, para que la rectificación conduzca a una bienvenida y apoyada propuesta para el lugar.

Edgardo Rubianes fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.