Por estos días se ha hablado –a modo de eslogan– de “un solo Uruguay”, reivindicado por “autoconvocados” del agro que se agruparon bajo una plataforma de demandas de diversa índole. De por sí la consigna “un solo Uruguay” me resulta bastante simplista y poco ajustada a la realidad, ya que una de las características que más enriquecen a nuestro país justamente es su diversidad. Pensar en que existe “un solo Uruguay” o que “un solo Uruguay” deba ser una aspiración a algo implica desconocer la base misma de la pluralidad y las diferencias que existen en nuestro país.
Si esto es simplista, más simplista aun sería agrupar bajo una misma bandera intereses tan diversos y contradictorios como los que fueron planteados por los denominados “autoconvocados”. Simplista e incorrecto es buscar soluciones para todos por igual, ignorando la diversidad de los productores que integran el colectivo, y lo que es peor aun, desconociendo que la igualdad no es tratar a todos de la misma forma sino entender las diferencias y asistir según las necesidades de cada uno.
Por tanto, considero que fue a todas luces un acierto del gobierno discutir y analizar punto por punto su proclama y proponer soluciones particulares. Sin ir más lejos, esta semana la Cámara de Senadores les dio media sanción a dos proyectos de ley que buscarán soluciones a la problemática que atraviesan pequeños y medianos productores del sector agropecuario.
Un gobierno debe tener oídos y vocación de diálogo, y además debe promover la participación y la democratización de las decisiones, buscando ser lo más justo posible con todos los intereses diversos y contrapuestos que conviven en un mismo territorio. Un elemento fundamental para ello es promover políticas de descentralización que faciliten a todos, más allá de su realidad concreta, el acceso a derechos, bienes y servicios.
Hablar de descentralización implica hablar de justicia social, ya que universalizar el acceso a derechos no solo es prioritario, sino fundamental. En la izquierda, siempre fuimos sensibles a la realidad injusta que trae consigo fuertes diferencias entre la capital y el resto del país. No concebimos un país verdaderamente democrático si el goce de los derechos y el acceso a bienes y servicios no se da de manera equitativa para todos los uruguayos, no sólo independientemente de la clase social, sino –también– independientemente del lugar donde se vive. Por lo tanto, hablar de descentralización es hablar de democracia, y esta es esencial en una concepción de izquierda.
Sin embargo, no debemos ignorar que la propia historia de nuestro país se desarrolló a la luz del centralismo –urbano en general y desde la capital en particular–, dejando a las localidades más pequeñas y al área rural muchas veces relegadas en el acceso a derechos, bienes y servicios. No podemos desconocer que muchos de los intentos de descentralización que se practicaron en el pasado no tuvieron una verdadera fortaleza institucional. Esta realidad ha determinado, de manera injusta, que el bienestar de la población termine dependiendo del lugar donde se nace o se vive.
Los gobiernos del Frente Amplio (FA) han promovido la descentralización mediante el desarrollo de diferentes políticas. De hecho, ya desde el primer gobierno en la Intendencia de Montevideo se conformaron 18 Centros Comunales Zonales, transformando la relación de la Intendencia con los vecinos, fomentando la organización en los barrios y generando un intercambio de ida y vuelta desde lo local. Esta experiencia fue un precedente de las actuales alcaldías y municipios, el tercer nivel de organización de la población a nivel departamental y de las ciudades.
Pero una política de descentralización no sólo implica generar espacios y estructuras que permitan la organización local, también se deben dotar dichos ámbitos de recursos económicos para el desarrollo de las políticas. Con respecto a este punto, me referiré en particular a las transferencias monetarias que el Poder Ejecutivo realiza a los gobiernos departamentales. Según datos difundidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en 2017 se transfirieron 15.500 millones de pesos a los gobiernos departamentales. Este número por sí mismo no dice mucho, si no se tiene conciencia de cómo han evolucionado dichas transferencias en los últimos años, a partir del triunfo del FA en 2004.
Las transferencias económicas representaron 125% más en 2017 de lo que se transfería en 2004. Dichas transferencias son vitales para el funcionamiento de los gobiernos departamentales, ya que en muchos casos representan el mayor nivel de recaudación que estos tienen, superando en algunos casos 60% o 70% de sus ingresos.
Debemos llamar a las cosas por su nombre y referirnos sin tapujos a cómo ha sido el relacionamiento del Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales en los últimos años. Durante el primer período de gobierno nacional del Frente Amplio, se aprobó la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que es un instrumento fundamental para la elaboración de planes, proyectos y actuaciones de las instituciones públicas locales, departamentales y nacionales, con una visión estratégica de las capacidades y carencias de nuestro territorio.
Por otro lado, a partir del gobierno de José Mujica se desarrolló una fuerte coordinación entre lo departamental y lo nacional y se pudieron resolver temas que parecían insuperables, por ejemplo la conocida “guerra de patentes”, logrando la patente única nacional. Estos ejemplos muestran que el compromiso con lo local y lo territorial surge de la esencia misma de las políticas desarrolladas en estos tres períodos de gobierno del FA.
Atrás quedó la época en la que el Poder Ejecutivo discriminaba a ciertos gobiernos departamentales por su color político. Atrás quedaron los reclamos que tenía que hacer la Intendencia de Montevideo porque el Poder Ejecutivo la discriminaba por su orientación política. Hoy la realidad es otra y el compromiso del FA es con el país en su conjunto, independientemente del color político de la Intendencia.
A su vez, se gestiona con transparencia; por medio del Observatorio Territorio Uruguay de la OPP (www.otu.opp.gub.uy/finanzas/transferencia) pueden verificarse los números globales discriminados por monto y por departamento.
El FA ha cumplido. Ha gobernado desde lo nacional, coordinando a nivel local y generando herramientas que permitieron a sectores históricamente discriminados el acceso a derechos, bienes y servicios, haciéndolos al mismo tiempo partícipes de las decisiones. Es la realidad misma la que determina el relato y hace que tomemos conciencia de todo lo hecho durante estos últimos años.