Brasil, junto con los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, está empeñado en debilitar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Los gobiernos de estos seis países pretenden suspender su participación en este bloque regional creado en julio de 2010.
La Unasur es un factor esencial tanto para la integración regional como para la viabilidad de estrategias de soberanía y defensa de este continente, que es un proveedor estratégico para el mundo de energía, agua, alimentos, minerales y materias primas. Además de esto, la Unasur fue determinante para encontrar soluciones pacíficas y negociadas a los conflictos surgidos entre las naciones sudamericanas, por ejemplo, el que se produjo entre Colombia y Venezuela, e incluso para solucionar conflictos internos en los países.
En este sentido, el debilitamiento de la Unasur es una decisión que se toma en perjuicio de la democracia y de la paz regionales, de los intereses de cada país individualmente y del conjunto de la región; en cambio, está en línea con los intereses geopolíticos extranjeros, en particular, con los de Estados Unidos.
Los pretextos en los que se basa esta decisión son frágiles. Todavía no hay un pronunciamiento formal; de todos modos, lo que fue divulgado señala asuntos que serían fácilmente solucionables en un ambiente de cooperación y, sobre todo, de diálogo diplomático de buena fe.
Aspectos como la acefalía de la secretaría general y los costos de mantenimiento de la entidad no pueden ser razones suficientes para destruir un emprendimiento de un enorme valor geopolítico y geoestratégico para cada país y la región.
Para Brasil, en particular, el fortalecimiento de la Unasur tiene una relevancia aun mayor, ya que comparte frontera terrestre con diez de las 12 naciones sudamericanas (las excepciones son Chile y Ecuador).
Por más importantes que sean las diferencias políticas e ideológicas entre los actuales gobernantes -diferencias que, en menor medida, también estaban presentes en la época de fundación del bloque- los intereses estratégicos de la región no pueden verse perjudicados por el dogmatismo y el preconcepto antiintegracionista de la derecha continental.
El gobierno brasileño, ilegítimo por originarse en un golpe de Estado, no tiene legitimidad para copatrocinar este retroceso en el ámbito regional. Además, estaría otra vez violando la Constitución brasileña, cuyo espíritu integracionista está consagrado en el artículo 4º: “La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, buscando la conformación de una comunidad latinoamericana de naciones”.
Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial.