Seguridad pública: un problema de la política social o de la política criminal

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Es posible identificar en la agenda pública un debate que intenta establecer cuántos de los problemas de seguridad son expresión de un déficit de la política social y cuántos de un déficit de la política criminal. Una de las afirmaciones que intenta delimitar este problema, aparentemente tomando el camino del medio, parece resumir los contenidos de este debate del siguiente modo: “En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente, del impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente”.¹ El corolario de esta afirmación sería: la izquierda pensaba que la seguridad se resolvía con políticas sociales y ahora sabe que además es necesaria una adecuada política criminal.

Esta formulación presenta evidentes problemas. En primer lugar, hablar de la izquierda y definir lo que pensaba y lo que piensa ahora es sencillamente insostenible. Incluso en los orígenes de la separación entre izquierda y derecha, que remite al Parlamento francés del siglo XVIII, era impensable encontrar un discurso monocorde, aun dentro de cualquiera de las fracciones que componían la izquierda francesa, que iban desde los Sans Culottes hasta los Jacobinos.

Pero circunscribiéndonos apenas al período aludido por el documento referido, en los 90 es sencillamente impensable encontrar un discurso monocorde en la izquierda, a menos que haya un rasero para establecer qué es izquierda y qué no. Conviene recordar que las principales reformas neoliberales en Francia fueron llevadas adelante bajo el gobierno del socialista François Mitterrand, por no hablar de la España de Felipe González. Al menos esto es lo que pensaba una buena parte de la izquierda.

Está claro que es incluso imposible establecer qué es neoliberalismo para la izquierda, que por no entrar en los debates de la vernácula, podemos remitirnos a la brasileña. Es público y notorio que el Partido Socialismo y Libertad (Psol) fue formado por disidentes del Partido de los Trabajadores molestos por considerar neoliberales las reformas llevadas adelante por su gobierno.

También es necesario establecer que los problemas de seguridad, omnipresentes a nivel planetario, no pueden ser atribuidos, de ningún modo, a la ingenuidad de la política criminal de la izquierda, y en esto quizá somos monocordes: ningún gobierno de izquierda, desde la socialdemocracia hasta el socialismo real, pasando por sus expresiones tercermundistas, tuvo los problemas de seguridad que se han esparcido por el mundo desde la imposición del modelo neoliberal. En verdad, la ingenuidad valdría más para las expresiones de política criminal llevadas adelante desde la imposición del modelo neoliberal, que han fracasado con todo éxito.

Pero también nos parece indudable que, si fuera posible, un lector absolutamente extranjero probablemente leería en el documento citado una especie de mea culpa de un gobierno de izquierda que reconoce haber sido ingenuo en su política de seguridad y la ha subordinado a una rotunda política social. En verdad, parece difícil sostener que la política criminal ha quedado subordinada a una rotunda política social, al menos en lo que refiere al gasto entre una y la otra.

La inversión realizada en seguridad es notoria e incluye la compra de equipamientos, vehículos, armas y tecnología digital, formación de cuadros policiales, mejoras salariales y un largo etcétera. Pero además la inflación penal es notoria y nos contamos entre los países con más presos per cápita del mundo –aparentemente este dudoso privilegio está en entredicho desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, pero también parece que en cuanto se resuelvan los procesos penales volveremos a recuperar este galardón–. También se ha recurrido a la criminalización de conductas que tradicionalmente eran problemas de la política social: vagancia, mendicidad (ver Ley de Faltas y Conservación del Espacio Público), hasta la ocupación de terrenos, que migró de la Justicia civil a la Justicia penal. En lo único que es posible establecer un déficit es en recursos adecuados para humanizar las condiciones de vida de la población carcelaria, que, bien visto, es la dimensión social de la política criminal. Los niveles de reincidencia denuncian serias dificultades en los procesos de reinserción de esta población directamente relacionadas con sus condiciones de reclusión.

En lo que refiere al gasto social, si bien es posible afirmar, como establece el documento citado, que ha aumentado notoriamente, es difícil encontrar un consenso en afirmar que es suficiente o al menos aceptable. Basta mencionar el nunca alcanzado 6% para la educación, pero también se puede establecer que los acuciantes problemas de vivienda entre los sectores populares, de los que el asentamiento irregular es sólo una de sus manifestaciones, es resultado de una absoluta insuficiencia presupuestal.

También podría pensarse que la cita refiere a expresiones como la de Bertolt Brecht cuando establecía la dificultad de determinar si es más delincuente el que roba un banco o su fundador, o aquella otra que comparaba el mecanismo de la ley con el de la tela de araña. Estas expresiones no tienen nada de ingenuas y responden a la convicción que tiene, y espero continúe teniendo, la izquierda –y en esto creo que debería ser monocorde–: en el capitalismo la justicia es, digamos, injusta.

En resumen, si es posible catalogar de ingenuas algunas posturas abolicionistas que pueden encontrarse testimonialmente en alguna izquierda, sobre todo anarquista, y que no han tenido ninguna expresión práctica, es mucho más ingenuo esperar que una política de seguridad –que se agota en amplificar la represión aumentando las penas y la vigilancia– tenga algún resultado distinto del que estamos teniendo: un aumento creciente de la violencia en todas sus manifestaciones en el conjunto del tejido social, incluyendo las expresiones de violencia institucional. Y no es legítimo catalogar de ingenuo el reclamo de enfrentar los problemas de seguridad mejorando las condiciones de vida de la población, al menos hasta que no se haya dotado de recursos adecuados a las políticas de vivienda, educación y empleo.

José Pablo Bentura es doctor en Ciencias Sociales, docente investigador y actualmente director del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República).