El 13 de mayo de 1978 se aprobó en Italia la Ley 180, en la que quedó determinado el cierre de los manicomios y un cambio en las prácticas y en los modos de entender y abordar los padecimientos de lo psiquiátrico. Este modelo se ha expandido por toda Europa y parte de América Latina. Franco Basaglia, fundador de lo que se conoce como la “psiquiatría democrática”, pudo comenzar un proceso que podría denominarse “de la institución negada a la institución inventada”, que implicó generar, primero que nada, una problematización de las prácticas y de las concepciones sobre las personas que ingresan al sistema de salud mental para poder abolir el encierro y proclamar, entre otras cosas, que la libertad es terapéutica. Eso supone estar dispuesto a inventar y reinventarse permanentemente, sin perder de vista al otro en tanto ser humano y a la inserción en la comunidad como eje central para la realización de abordajes centrados en el acompañamiento de proyectos de vida singulares que permitan combatir lo que en psiquiatría se denomina “cronificación”.
Para celebrar los 40 años de la aprobación de la ley, el Departamento de Salud Mental de Trieste organizó del 21 al 23 de junio un seminario denominado “40#180: Democracia y Salud Mental Comunitaria”, al que concurrieron una diversidad de organizaciones y autoridades de todas partes del mundo (Grecia, España, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Eslovenia, Serbia, Croacia, Palestina, Finlandia, Hungría, India, Brasil, Argentina y Uruguay), que dieron cuenta de las reformas de salud en cada país, sus avances y los desafíos por venir.
El encuentro fue en el Parque San Giovanni, en Trieste. Allí funcionaba el neuropsiquiátrico que fue transformado en un gran lugar de referencia para la comunidad y donde los antiguos pabellones de internación fueron remodelados para el uso de cooperativas sociales, talleres, emprendimientos colectivos, exposiciones, viviendas de medio camino y espacios de atención y consulta. La conformación de una gran red de centros de salud insertos en la comunidad, en articulación con el Ministerio de Salud, la Universidad, el Departamento de Salud Mental de Trieste, la Asociación Franco Basaglia y el Servicio Civil Nacional han logrado hacer de la promoción y prevención en salud un motor para hacer posible un sentir y un hacer que tiene a la libertad como bandera. Las prácticas de los diversos profesionales implicados, como enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, operadores sociales, debieron transformarse hacia lo que se conoce como modelos de atención centrados en la comunidad.
Desde Uruguay se pudo compartir lo que implicó la aprobación de la Ley de Salud Mental 19.529, así como el proceso de desinstitucionalización que lleva más de 30 años y que, a partir del Plan Nacional de Salud Mental de 1986 y sus posteriores actualizaciones, logró bajar el número de “camas” tanto en el Vilardebó como en las colonias, así como instalar diversos centros psicosociales bajo la órbita de Administración de Servicios de Salud del Estado, aunque aún no se ha podido dejar atrás el modelo manicomial. Es bueno recordar que la Ley de Salud Mental, aprobada en Uruguay en agosto de 2017, tiene previsto el cierre de colonias y hospitales monovalentes para 2025. Para que eso suceda habrá que fortalecer el proceso de descentralización ya realizado, profundizar en coordinaciones intersectoriales y garantizar una atención desde una perspectiva de derechos humanos para todas las personas que, en diversos momentos de la vida, puedan transitar por algún tipo de padecimiento mental.
El trabajo en Uruguay desde una psicología sociocomunitaria y el giro que ha podido desarrollar la medicina desde el fortalecimiento de la medicina familiar comunitaria, así como la existencia de los diversos equipos territoriales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), son augurio de que existen recursos como para poder seguir haciendo buenas prácticas en salud mental desde lo que se conoce como primer nivel de atención. Sin lugar a dudas, el cierre progresivo del Vilardebó y las colonias, la reconversión y formación de los trabajadores y la apuesta a la profundización de la matriz de derechos humanos puede lograrse en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Un debe en todos estos procesos es la participación tanto de usuarios como de los trabajadores, quienes tienen mucho que aportar a estos procesos de reforma para que los cambios sean realmente realizados.
Por otra parte, en Trieste, experiencias como la de Vilardevoz o las presentadas por los sobrevivientes de la psiquiatría dejaron en evidencia que el uso de técnicas invasivas, como la contención mecánica (inmovilizar a alguien por medio de ataduras o medicación) o el uso de electroshocks, tiene que ver más con una falla en las terapéuticas que con concepciones técnicas y científicas sobre estas.
Países como España o Brasil, por ejemplo, alertaron de los retrocesos en salud mental a partir de las crisis económicas y políticas que están atravesando en la actualidad y que demuestran una vez más que es más fácil reprimir y controlar que habilitar. Por eso, los basaglianos no bajan la guardia porque saben, como dice Paolo Borghi, “que el manicomio se reproduce fácilmente”.
En un momento en el que la reglamentación de la Ley de Salud Mental tiene que poder realizarse, es necesario comenzar un proceso en el que las voces de todos los involucrados, pero sobre todo las de aquellos que han padecido un encierro prolongado, sean tenidas en cuenta para generar un verdadero cambio de paradigma y, sobre todo, que sea posible comenzar a pensar sin manicomios. Participar es un derecho, y esa debe ser la base para la construcción de procesos que profundicen la democracia y una salud mental comunitaria en la que otros mundos sean posibles.
Cecilia Baroni es coordinadora de Radio Vilardevoz y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
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