A mediados de junio murió en Uruguay otra niña por abuso sexual y violencia de género. Las pruebas evaluadas en la sede judicial llevaron a dictar el procesamiento con prisión del compañero de la madre, a quien se acusó de abuso sexual y homicidio.
El homicidio y el abuso sexual representan las formas más extremas de violación a los derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes. Este tipo de violencia es casi invisible para la opinión pública y la sociedad en su conjunto; podríamos decir que, así como se invisibilizan los delitos de “guante blanco”, como la defraudación tributaria, estos delitos permanecen aun hoy en la esfera privada de las familias. El ámbito que debería proteger y contener se convierte en el más inseguro para los niños y las niñas.
El horror que viven muchos niños, niñas y adolescentes en lo cotidiano es algo que debería consternarnos. Nos horrorizamos por el nivel creciente de otros delitos, al punto de pedir la pena de muerte, la militarización de las calles, la reforma de la Constitución o el aumento de las penas. Pero esta dimensión de la inseguridad, que debería ser la más importante, porque ataca a nuestros seres humanos más vulnerables, es justamente la que no vemos o no queremos ver. Tal vez esto sucede porque este sector de la población es el que no accede a la prensa, ni promueve plebiscitos, ni pide reformas normativas.
Esto se agrava si reflexionamos sobre cuántas veces no les creemos a las víctimas. El año pasado dos niñas se tuvieron que filmar para demostrar los abusos sexuales cometidos por el padre de una de ellas. O inventamos un “síndrome de alienación parental”, que no existe científicamente, por el que supuestamente las madres “inventan” que sus hijos e hijas han sido abusados, en contra del derecho a ser oídos que nos marca la Convención de los Derechos del Niño.
Todo ello responde a estereotipos y concepciones adultocéntricas y patriarcales presentes en la sociedad, que se reproducen naturalmente en forma cíclica y se traducen en el dominio y la utilización de los cuerpos de los más vulnerables para satisfacer los deseos de un placer macabro. En una conferencia reciente en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la abogada argentina Ana Oberlín, a propósito de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, nos decía que con estas situaciones “tenemos el desafío de lograr indignar a más personas”.1
Por eso decimos que estas formas de violencia son estructurales, no hechos aislados o individuales, y responden a un modelo de dominación/opresión y subordinación sexista y patriarcal, que está presente cotidianamente en nuestras relaciones personales y en la sociedad en su conjunto.
En 2017, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia atendió 3.155 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, casi nueve por día. Esto es un aumento de registros de 19% respecto de 2016. 56% de las niñas, los niños y los adolescentes atendidos eran de sexo femenino y 50% tenían entre cuatro y 12 años. El mayor porcentaje de las violencias registradas corresponde a maltrato emocional (39%), seguido de abuso sexual (22%), maltrato físico (20%) y negligencia (19%). Tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente eran de sexo femenino. La mayoría de las situaciones fueron crónicas y recurrentes; 60% de ellas presentaron dificultades para visualizar las situaciones de violencia vividas. 94% de los agresores eran personas cercanas y de confianza para el niño o la niña. Por último, en 2017 hubo cinco homicidios de niñas y niños en todo el país. En cuatro de ellos se registró abuso sexual previo. En la única situación en que no hubo abuso, el homicida era el padre del niño. Todos los perpetradores fueron de sexo masculino y sólo uno de ellos convivía con la niña. Los homicidas fueron todos hombres.
¿Qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos profundizar las intervenciones y mejorar las políticas públicas para brindar seguridad, crecimiento y desarrollo para una vida sana y sin violencia? El número de situaciones atendidas aumenta cada año, pero ello no tiene relación directa con un aumento de la violencia. Probablemente este nivel de violencia haya estado presente en la sociedad mucho tiempo antes e incluso haya sido mayor en otros tiempos, pero lo cierto es que cada vez se denuncia más y se llega a más situaciones con el trabajo interinstitucional porque se ha logrado cierto avance en la sensibilización sobre estos temas.
Aún quedan muchos niños, niñas y adolescentes a los que llegar con la atención y la reparación, pero el desafío más importante está en las acciones que nos demos como sociedad y Estado para la prevención. Las campañas de sensibilización en conjunto con artistas y medios de comunicación son claves, así como las acciones de la Bancada Femenina con la banda No te Va Gustar para los noviazgos libres de violencia, los trabajos de sensibilización dirigidos a docentes, operadores judiciales, personal de la salud y las familias. Enseñar a los propios niños, niñas y adolescentes a cuidar su cuerpo, a que nadie los puede tocar, y brindar educación sexual en centros de enseñanza conforman algunas de las medidas concretas que nos ayudan a transformar la realidad y romper con los preconceptos y los estereotipos que ven el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes como una propiedad de los adultos. Al mismo tiempo, es preciso transitar por algunas modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que tiene que ver con el capítulo de maltrato y abuso.
Estas acciones sólo pueden ser llevadas a cabo de forma interinstitucional, articulada, coordinada y con un funcionamiento sistémico entre todos los organismos estatales con competencias de protección a la niñez y la adolescencia, en conjunto con la sociedad civil y con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Aún resta mucho por hacer en el cambio cultural hacia una sociedad más justa, más libre de estereotipos y miradas adultocéntricas. Sólo así podremos darles un destino sano y digno en clave de libertad y autonomía a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Andrea Venosa es abogada.